Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 28 de mayo de 2024
  • Actualizado 23:26

Carvajal y Salazar se atribuyen legitimidad de DDHH y de sede

Estas dos personas buscan ocupar las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que funciona en La Paz. Se acusan de utilizar esta institución con fines políticos.
Amparo Carvajal (i) y Édgar Salazar./ ERBOL
Amparo Carvajal (i) y Édgar Salazar./ ERBOL
Carvajal y Salazar se atribuyen legitimidad de DDHH y de sede

Días después de la “toma” de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en la ciudad de La Paz, Édgar Salazar y Amparo Carvajal aseguraron tener la legalidad y legitimidad al frente de la institución.

El inmueble, ubicado en la avenida 6 de Agosto de la sede de Gobierno, se encuentra ocupado por la dirigencia de Salazar, quien en conferencia de prensa negó que se hayan cometido agresiones o actuado con violencia el 2 de junio.

Carvajal, llegó hasta la sede e intentó, sin éxito, abrir la puerta principal con las llaves que tenía, debido a que habría sido inhabilitada. Por varias horas, estuvo esperando en el ingreso junto con un grupo de otros activistas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

La mañana de este lunes, Carvajal adelantó que conseguiría un cerrajero para abrir el candado colocado en las puertas de la APDHB.

Por su parte, Salazar negó que haya cometido alguna irregularidad durante la “toma” de la APDHB y aseguró que demostrará ante las instancias que sean necesarias que tiene, de manera documentada, la legalidad al frente de la institución.

“Tenemos la representación legal ante el SIN, el acta de elección, posesión y la convocatoria a congreso debidamente reflejada conforme establecen nuestros estatutos y reglamentos aprobados en 2014 por la señora Amparo Carvajal y Yolanda Herrera, estatutos que hoy pretenden desconocer de manera irregular”, aseguró.

Por su lado, Carvajal aseguró tener toda la documentación de que fue reelecta como presidenta de la APDHB e insistió que la “toma” de sede fue violenta e incluso habló que fue un “asalto”. Junto con ella, un grupo de activistas arengaba ayer consignas en contra de Salazar a quien lo tildaban de “avasallador”.

Salazar denunció que la institución se convirtió en un centro de operaciones de los partidos políticos de oposición y que Carvajal manejaba “grandes sumas de dinero” para pagar a su abogado personal Jorge Valda.

Además, negó pertenecer o militar en el MAS, ya que esa figura se encuentra prohibida en los estatutos de la institución.      

Anunció que se realizará una auditoría para establecer en qué condiciones se encontraba la institución y los movimientos económicos que se hicieron.

GOBIERNO

Mediante un comunicado, desde la opositora Comunidad Ciudadana apuntan al Ejecutivo: “Advertimos que esta acción está planificada por el Gobierno y cobardemente ejecutada por sus grupos de choque, forma parte de un plan siniestro (…) no vamos a dejar en impunidad esta acción de violencia estatal y, junto a las demandas judiciales que ya hemos presentado denunciaremos este grave caso ante las instancias internacionales que correspondan”.

Este lunes, desde tempranas horas se registraron protestas en puertas de la Asamblea donde Carvajal realizaba una vigilia con el objetivo de recuperar estas oficinas.