La Cancillería boliviana emitió una nota en la que sentó postura con relación a la denuncia que presentó en contra de la excanciller del gobierno transitorio, Karen Longaric, ante el Ministerio Público. Dijo que "no responde a una intencionalidad de persecución política". Esto, con relación a la acusación de esa cartera ministerial, al considerar que Longaric "tiene responsabilidad penal" por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

"Se la realiza por responsabilidad funcionaria debido a que el Código Penal, en su artículo 286, determina que los funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública", señala la nota de la Cancillería.

El despacho, comandado por Rogelio Mayta, explica que ha identificado problemas en la no ejecución del presupuesto asignado para la repatriación de connacionales que se encontraban fuera del país.

"Habiéndose identificado antecedentes de la no ejecución del presupuesto destinado a la atención de compatriotas bolivianos en el exterior durante el período de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, circunstancias que denotan la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se presentó la denuncia ante el Ministerio Públlico para que, en el marco de sus competencias, realice la investigación y acumule los elementos probatorios a fin de establecer la responsabilidad penal".