El País

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) está en alerta. Ello debido a que tras la reglamentación del Decreto Supremo 4794, las industrias ya no podrán utilizar gas para autogenerar energía eléctrica. A ello se suma que la norma promueve la exportación de este hidrocarburo, supuestamente, en desmedro de su abastecimiento y consumo interno.

CAINCO

Visiblemente preocupado, Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco, informó que “las dos (resoluciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN) ratifican de que ya no se podrá utilizar gas en las industrias para autogenerarse energía eléctrica”.

De acuerdo con la Cainco, las consecuencias de “negar gas” a las industrias son varias. Entre ellas, frena la reactivación y fomenta el contrabando; permite al Gobierno vender el combustible a otros países, sin asegurar el consumo interno; pone en riesgo a cientos de empleos; y ocasionará el incremento de precios de los alimentos.

A ello se suma que la interconexión de las industrias al SIM representa un incremento de energía eléctrica de más del 40%, lo que restará competitividad a las industrias locales.

ANTECEDENTES

Strauss informó que, en 2014, Bolivia atravesó una crisis energética. Entonces, el Gobierno emitió la Ley 1996, la cual promueve que las industrias se autogeneren energía eléctrica a partir del gas.

En cumplimiento de esta norma, las empresas bolivianas instalaron plantas de autogeneración de electricidad, las cuales utilizan gas, la someten a un proceso y, de esa manera, generan energía para su funcionamiento.

DECRETO

Ocho años después, en septiembre de 2022, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4794, el cual promueve el uso eficiente del gas y establece que las industrias migren al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para abastecerse de energía eléctrica.

Entonces, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que el sector industrial gozaría de una tarifa eléctrica subvencionada para recudir costos en los procesos de producción.  

Con este argumento, se conoció que, en Santa Cruz, por ejemplo, el costo de kilovatio hora (kWh) es de 0.58 bolivianos en la categoría industrial; y de 0.82 por kWh, en la domiciliaria.  

Recientemente, la norma fue reglamentada, a través de dos resoluciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN.

GAS PARA EXTRANJEROS

Strauss añadió que, con este decreto, el Gobierno comenzó “a quitarle el gas a los bolivianos para dárselo a los extranjeros”.

El gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco respaldó su afirmación citando la disposición final tercera del decreto, la cual señala que los volúmenes que se dejen de consumir en el sector industrial serán utilizados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para destinarlos al mercado externo, donde se pague más por estos recursos.

Strauss cuestionó: “¿Se está acabando el gas?, no hay para los bolivianos”.

Finalmente, el sector no descarta recurrir a instancias legales para proteger a los industriales. Consideran a este decreto, con vicios de inconstitucionalidad.