Dos leyes referidas a la devolución del 5% del monto de las facturas a personas que ganan menos o igual a Bs 9.000 y para el cobro del impuesto a fortunas a 150 personas que poseen más de Bs 30 millones fueron aprobadas este miércoles en Diputados y pasaron al Senado para su tratamiento. 

Tras su análisis en esta última instancia será derivado al Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto de ley 16.2020, de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA), fue enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa. Se calcula una recaudación de Bs 807 millones con esta medida.

Según el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, citado por ABI, el proyecto de ley plantea que hasta un 5% del IVA, incluido en las facturas por la compra de un producto, el uso de un servicio o la contratación de una obra, debe compensar a las personas que perciban salarios menores o iguales a Bs 9.000, tanto del sector público como privado.

"Esto va permitir que las personas puedan exigir facturas. Va a dinamizar la economía y la demanda interna y se generará ingresos que serán redistribuidos", acotó.

Con esta nueva normativa, las personas deberán registrar sus facturas en Impuestos Nacionales, en el caso del RC-IVA con el Formulario 110, para que el fisco haga la devolución del 5% directamente a la cuenta del beneficiario.

FORTUNAS

En la décimonovena sesión ordinaria  de Diputados también se aprobó el proyecto de ley “Impuesto a las grandes fortunas-IGF”.

Establece que este tributo será anual y se cobrará a partir de 2021. Su aplicación está prevista para al menos unas 150 personas que poseen fortunas mayores a los Bs 30 millones y se prevé una recaudación de cerca de Bs 100 millones.

De acuerdo con el proyecto de ley, el impuesto se aplicará a bolivianos residentes o no, y extranjeros que viven en Bolivia por más de 183 días en un año.

La norma también establece que en caso de los matrimonios con bienes superiores a este monto, bajo el régimen de mancomunidad, se tomará en cuenta lo que tienen ambos y lo que adquirieron como pareja.

Legisladores de la oposición y expertos consultados por Página Siete coinciden en que esta medida traerá inseguridad jurídica a los inversores extranjeros y podría ser un instrumento de persecución y de blanqueado de dinero.