En sus 10 meses de gestión, el presidente Luis Arce hizo al menos 10 ajustes a las medidas, consideradas polémicas, de su antecesora Jeanine Áñez. 

La mayoría de ellas está orientada a retomar las relaciones internacionales entre el Gobierno de Bolivia y otros países. También están las que tienen que ver con la estructura del Estado por la aprobación de normas y cambios que requirieron, principalmente en lo económico.

Las correcciones, según el Primer Mandatario, permitieron encaminar el proceso de cambio iniciado por el expresidente Evo Morales junto al Movimiento Al Socialismo (MAS) en busca de la reactivación económica y para retomar su plan enmarcado en “la soberanía de los pueblos”.

La investidura presidencial de Arce fue el 8 de noviembre de 2020 y los “arreglos” se dieron a través de nuevas normas y otras acciones. De acuerdo con el orden cronológico, desde el primer día de su gestión se registraron los cambios.

1. Una de sus primeras medidas fue el traslado del Ejecutivo. Un día después de su juramento, Arce llegó a la Casa Grande del Pueblo y fue recibido con honores para iniciar formalmente sus actividades como el nuevo Jefe de Estado.

Entre tanto, el antiguo palacio Quemado quedó como museo.

2. El 26 de noviembre de 2020, fue la abrogación completa del Decreto Supremo (DS) 4373, aprobado en los últimos días de la presidencia de Áñez y que modificaba una norma de Evo. 

Estaba referido a la importación de autos nuevos y usados al país. La norma fue eliminada porque “incide negativamente en la política de renovación del parque automotor del país además de afectar a la subvención de los hidrocarburos”. Mediante ella, según ERBOL, se transfería poder administrativo al Ministerio de Obras Públicas para que, a partir del 1 de diciembre, otorgue certificado medioambiental en la importación de autos, excluyendo al Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), una asociación privada que es el único representante en Bolivia de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

3. La política exterior también sufrió un cambio en la gestión de Arce. El 11 de noviembre del año pasado, fue el primer acto diplomático del nuevo Ejecutivo. Se restituyeron las relaciones con los gobiernos de Irán y Venezuela después de haber sido suspendidas bajo en la gestión de Áñez.

En ese entonces, los nuevos embajadores de esos países presentaron sus cartas credenciales al Primer Mandatario, en un acto con alfombra roja y en medio de honores militares.

La relación con Irán se interrumpió en junio de 2020, cuando Áñez anunció el cierre de la misión diplomática boliviana en ese país bajo el argumento de una redistribución presupuestaria para destinarlos a la lucha contra la COVID, lo que también afectó la relación con Cuba. 

El caso de Venezuela fue particular porque el nuevo Gobierno reconoció a un embajador enviado por el presidente Nicolás Maduro, mientras que Áñez otorgó distinciones diplomáticas al representante del líder opositor Juan Guaidó.

La expresidenta, en medio de los conflictos postelectorales, expulsó a los diplomáticos venezolanos por una supuesta intromisión en los asuntos internos del país, atentados contra la seguridad interna y violaciones a las normas diplomáticas.

4. El 19 de noviembre, el canciller, Rogelio Mayta, se reunió con el encargado de Negocios de México, Edmund Font para afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países y analizar la futura cooperación.

Anteriormente, las relaciones se tornaron tensas desde la salida de Morales rumbo a México, más aún después de que la embajada de México en La Paz se abriera a varias exautoridades, lo que generó protestas. El gobierno mexicano acusó a las autoridades bolivianas de acosar e intimidar a su personal diplomático y poco después se expulsó a la embajadora mexicana María Teresa Mercado junto a dos diplomáticos españoles por “lesionar gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia y de tener motivos hostiles”.

Después de la victoria de Arce, las relaciones volvieron a ser amistosas y el mandatario visitó México en marzo para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. 

5. El 20 de noviembre de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Bolivia retomó su participación en los grupos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), luego de que con Áñez cesaran la participación.

6. Una polémica surgió por el retiro de la bandera de la flor de patujú de las instalaciones de la Cámara de Senadores, en los mástiles de la Plaza Murillo y actos de posesión. La denuncia fue hecha por dirigentes indígenas y la misma expresidenta. Tras las críticas, y en menos de una semana, las autoridades del gobierno de Arce restituyeron este símbolo nacional.

El patujú está reconocido en el artículo 5, parágrafo II de la Constitución Política del Estado y es, además, símbolo genuino de representación de los pueblos indígenas originarios campesinos de las tierras bajas.

7. En diciembre, en lo que se refiere a la política cultural, el Primer Mandatario reabrió nuevamente el Ministerio de Culturas y Turismo, que fue disuelto en junio, y volvió a nacer con el nombre de Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

La ministra Sabina Orellana Cruz, integrante de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, asumió el reto de reactivar este ministerio no solo por la cultura, sino también por la descolonización “para hacer una verdadera revolución democrátiva y cultural”. En su posesión recordó las palabras de Áñez cuando eliminó esta cartera de Estado, señalando que se trata de “un gasto absurdo”.

8. En febrero de 2021, fue la devolución del crédito de 327millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se otorgó al Gobierno de Áñez, en abril de 2020, para combatir la crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19. Esos recursos fueron retenidos en las cuentas del Banco Central de Bolivia porque se requería la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

9. En este mismo mes, el gobierno de Arce restituyó la exigencia del visado a ciudadanos de EEUU e Israel. En el primer caso, el argumento fue que se beneficiaba, de forma unilateral, a ciudadanos estadounidenses y los bolivianos no tienen el mismo trato, en el marco del principio de reciprocidad. Se abrogó el DS 4107 por no contar con la suficiente ni sólida justificación para la modificación de las listas de exoneración y extensión de visas para el ingreso a territorio boliviano.

10. El Decreto Supremo 4078 que eximía a militares de cualquier responsabilidad penal, en la gestión de Áñez, durante los conflictos postelectorales y la violencia en Sacaba (Cochabamba), fue abrogado por la misma presidenta tras acuerdos con organizaciones sociales tras lograr la pacificación del país. 

En ese entonces, justificó que la determinación de emitir la norma fue porque la seguridad del Estado y la ciudadanía se sentían amenazadas por acciones de violencia.

Arce, en sus discursos, recuerda que esa norma tenía como único fin reprimir a los sectores sociales, y en contraposición emitió el Decreto Supremo 4461, que brinda amnistía a supuestas víctimas de persecución judicial. Ambas normas fueron cuestionadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia ocurridos en el país durante la crisis política y social de 2019.

OTROS DECRETOS A lo largo de los 10 meses de gestión de Arce, se abrogaron casi una veintena de decretos supremos de la expresidenta Áñez, referidos a diferentes medidas en lo económico, social y más.

El DS 4139 iba en contra de los lineamientos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que garantiza la seguridad alimentaria, dejando sin efecto el Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo.

El DS 4181 sobre devolución del Gravamen Arancelario por la importación de mercancías generó un mayor costo fiscal, dice el documento publicado en la Gaceta Oficial.

Por otro lado, el DS 4198, que establecía prórrogas y facilidades de pago de impuestos en favor del sector privado, redujo la capacidad de recaudación y de respuesta por parte del Estado ante la crisis sanitaria, afectando además a las finanzas de Alcaldías y universidades por concepto de coparticipación tributaria.

El DS 4211 difirió a 0% el Gravamen Arancelario (GA) para la importación de trigo, generando un impacto negativo en la recaudación aduanera.

A su vez, el DS 4243, según el Gobierno, obstaculizaba la implementación y posterior funcionamiento del Centro Cultural La Sombrerería de Sucre, lo que perjudicó la gestión pública de las entidades públicas involucradas.

El DS 4272 fue para apoyar a la empresa privada, a través de préstamos y refinanciamiento por la vía de la creación de fondos que se debían financiarse con recursos del TGN y endeudamiento externo, mismos que serían canalizados a través de Entidades de Intermediación Financiera.

El DS 4298 fue emitido con la finalidad de establecer incentivos tributarios que en algunos casos no fueron aplicables y en otros redujeron aún más la capacidad de recaudación tributaria del nivel central del Estado, limitando la política redistributiva, además de la planificación y ejecución de políticas acordes al Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

El DS 4348 contravenía el principio de seguridad y soberanía alimentaria y la reserva legal, en cuanto a la producción, importación y comercialización de transgénicos, establecido en la Constitución.

Finalmente, la norma 4356 ampliaba la Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio otorgada al Consorcio para el Registro Mercantil y la 4167 se refería a la incorporación en el listado de productos para el Subsidio de Lactancia, los que son para la protección e higiene de la madre y el lactante.