A 20 meses del conflicto postelectoral de 2019, suman 10 exjefes militares procesados por las muertes en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), de los cuales 8 están con detención (preventiva y domiciliaria) y 2 tienen orden de captura.

Por estos hechos se abrieron cuatro procesos en los que están denunciadas las exautoridades del gobierno, incluida la exmandataria Jeanine Áñez, encarcelada desde hace más de cuatro meses, así como exjefes policiales.

El Gobierno de Luis Arce espera el informe final de la investigación emprendida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar si se suman a las denuncias.

El primer proceso fue abierto por el abogado Omar Durán en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman por no haber actuado para que los militares apoyen a la Policía durante los conflictos. La exdiputada Lidia Patty también interpuso una denuncia conocida como el caso denominado golpe y la tercera es de las víctimas de Senkata y Sacaba. La última fue una proposición acusatoria de otro grupo de los afectados de Senkata por el conflicto con miras a un juicio de responsabilidades contra Áñez y otras exautoridades.

En Sacaba fallecieron 12 personas y otras 125 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

Los hechos cobraron relevancia esta semana tras la aprehensión y encarcelamiento de dos exjefes militares y la búsqueda de Kaliman, quien se encontraba con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, sin embargo, no fue habido en su domicilio. 

La Fiscalía aún tiene en la mira al ex Inspector General de las FFAA y evalúa citar a otros miembros de la institución castrense que fueron mencionados en las declaraciones de los procesados y exautoridades como el exministro de Defensa, Javier Zavaleta. Son al menos una decena.

LA SITUACIÓN

Los primeros en ser acusados por un presunto golpe en 2019 fueron los miembros del Alto Mando Militar, seis militares, de los cuales cuatro están en la cárcel y dos son buscados. Todos ellos estuvieron el 10 de diciembre, día en que se sugirió al expresidente Morales su renuncia. 

Kaliman estaba bajo detención domiciliaria desde el 29 de septiembre de 2020 por delitos como incumplimiento de deberes. También tenía arraigo y seguimiento mediante un sistema biométrico y fianza de $us 7.000, además de prohibición de relacionarse con miembros de las FFAA. Recientemente se conoció que tiene orden de aprehensión por este caso y por el denominado golpe de Estado.

Aún se desconoce la situación jurídica del ex Inspector General de las FFAA que el año pasado fue incluido en la lista de 13 exautoridades próximas a ser citadas. 

También está el excomandante de las FFAA Sergio Orellana que dejó el país el 16 de noviembre de 2020. El 7 de marzo de este año se alertó de su salida rumbo a Colombia vía aérea desde la ciudad de El Alto. Sobre la exautoridad pesan dos órdenes de aprehensión por los casos golpe y las muertes de Sacaba. 

LOS PROCESADOS

Alfredo Cuellar, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de Cochabamba, fue el primero en ser arrestado. A fines de noviembre del año pasado la Justicia determinó darle detención domiciliaria sin derecho al trabajo, una fianza de Bs 250 mil, arraigo, y prohibición de comunicarse con testigos y concurrir a lugares involucrados en la investigación.

Defendió su inocencia argumentando que en el plan de operaciones que elaboró durante la crisis política y social se prohibía el uso de armas letales y que solo cumplió una labor administrativa.

En principio fue acusado de lesiones graves y homicidio, pero luego se cambió el tipo penal a asesinato.

El siguiente de la lista fue el excomandante de la Armada Boliviana, Flavio Arce. El 10 de marzo fue aprehendido y luego enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Se convirtió en el primer sindicado en el marco del proceso iniciado por la exdiputada Patty por terrorismo, sedición y conspiración.

Cinco días después, el 15 de marzo, fue aprehendido por el mismo caso el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, que se presentó de forma voluntaria ante las autoridades. Fue acusado por los mismos delitos y enviado a la cárcel.

Y cuatro días más tarde, el 19 de marzo, se conoció de la reclusión del excomandante de la División Mecanizada del Ejército Franko Suárez, acusado de homicidio, lesiones graves y leves.

Estos mismos delitos se le atribuyeron al general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde, detenido el 1 de abril de este año en el penal de El Abra de Cochabamba. Fue acusado de liderar el operativo en Senkata y ordenar abrir fuego contra la población civil.

Se suma a la lista el coronel del Ejército, Julio César Tamayo también está con detención preventiva desde el 2 de julio. La Fiscalía presume que elaboró el orden general de operaciones en Senkata y también participó en el empleo de armas.

El pasado fin de semana fueron aprehendidos dos exjefes militares.

El excomandante de la FAB Gonzalo Terceros está en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz mientras que el excomandante de la Armanda, Palmiro Jarjuri en el penal de Patacamaya de La Paz. Son acusados por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El primero aportó con bastante información para esclarecer lo sucedido antes, durante y después de la renuncia de Morales, en 2019.