Hoy es un día importante para conocer lo que le depara a la expresidenta Jeanine Áñez, pues la Sala Penal Cuarta de La Paz determinará si será procesada mediante un juicio de responsabilidades o la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

En esta causa, Áñez es acusada por la presunta contratación irregular, en 2020, de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Karina Fabiola Leiva Añez.

La audiencia de apelación incidental comenzará a las 10:40 y será virtual.

En noviembre de 2021, la Sala Cuarta Penal de La Paz presentó de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la acción de inconstitucionalidad ante un incidente que cuestionó la competencia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción en Materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que determinó procesar a Áñez por el nombramiento ilegal de la gerente de EBA en su gestión.

En ese sentido, en marzo, el TCP decidió dejar en manos de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia la decisión respecto a si Jeanine es juzgada o no por la vía ordinaria por el nombramiento ilegal del gerente de EBA, cuando era presidenta.

Su defensa solicitó que Áñez se someta a un juicio de responsabilidades, tomando en cuenta que habría cometido el presunto delito cuando era mandataria del Estado.

En primera instancia, en 2021, la entonces jueza Claudia Castro determinó que Áñez siga siendo procesada en la justicia ordinaria, pero la defensa apeló y la decisión pasó a la Sala Penal Cuarta, instancia que presentó la Acción de Inconstitucionalidad Concreta ante el TCP.

En ese sentido, la decisión del TCP señala que “las autoridades que promueven la acción normativa (de inconstitucionalidad concreta) tienen la labor exclusiva de interpretar la legalidad ordinaria y establecer a quién ampara la norma cuestionada”.

Es decir, que deberán ser los miembros de la Sala Penal Cuarta quiénes decidan si Áñez es juzgada por la vía ordinaria o no.

Áñez fue imputada por la Fiscalía por el caso de la designación presuntamente irregular de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El Ministerio Público pide su detención preventiva por un lapso de seis meses.