El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, solicitó ayer a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigue la represión policial en Santa Cruz en los 36 días de paro por el Censo.

Camacho se reunió por alrededor de una hora con los delegados de la CIDH, según reveló el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. También estuvieron unos 40 minutos con el dirigente cocalero César Apaza.

El Gobernador, a través de una carta, reveló que ante los delegados del organismo reivindicó la movilización cruceña que demandaba realizar el Censo en 2023 y señaló que el Gobierno se hizo la “burla” al postergar el estudio nacional sin justificación técnica coherente.

Asimismo, la expresidenta Jeanine Áñez se reunió con la delegación de la CIDH y entregó una carta en la que denuncia las vulneraciones que, según su testimonio, ha sufrido durante su detención, incluso tortura, y le reprocha al organismo que haya tardado dos años en atenderla personalmente.

La entrevista de los comisionados con Áñez se realizó en la cárcel de Miraflores, donde la exmandataria está detenida preventivamente desde marzo de 2021 por el caso denominado “Golpe de Estado”.

“Cumplo una condena anticipada, una condena prescrita con mi linchamiento desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría del Estado, el jefe del Movimiento Al Socialismo Juan Evo Morales Ayma y el Presidente Luis Arce Catacora”, dice la carta de Áñez.

Señaló que se le ha vulnerado sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a la integridad, al juez natural, a la presunción de inocencia y al Juicio de Responsabilidades.

Sostuvo que, como mujer, está siendo ultrajada en todos sus derechos.

Añez también denunció una “discriminación inaudita” de parte de la CIDH, porque el organismo acudió a Perú para atender a Pedro Castillo cuando este fue acusado de “golpe de Estado”, pero en su caso tardaron más de dos años

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SANCIÓN

Las repercusiones siguen después de que el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, asistió a un acto de desagravio a exvocales electorales de 2019. Los opositores ya han pedido explicaciones al ente internacional y, además, emprendieron gestiones para que el delegado mexicano sea sancionado o expulsado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En criterio de los opositores, el comisionado Hernández participó en un “acto político”, porque en el evento realizado en el Ministerio de Justicia se negó que haya existido un fraude electoral en 2019 y se manifestó que hubo un “golpe de Estado”. 

Además, el representante de la CIDH dijo que los exvocales “simplemente estaban haciendo su trabajo” y sufrieron violaciones a sus derechos humanos.

La bancada de Creemos emitió un comunicado rechazando enérgicamente la conducta que tildó de “antiética” del comisionado Hernández y consideró que ha restado toda credibilidad, independencia y transparencia a la visita de la CIDH al país.