La aprobación de dos leyes en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vuelve a generar roces entre las autoridades y se suma la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La presidenta Jeanine Áñez pidió a los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) “ponerse la mano al pecho” y liberar los fondos para pagar el Bono Salud de 500 bolivianos en favor de al menos 3 millones de personas en el país.

"Asambleístas del MAS: pónganse la mano al pecho y liberen esos fondos para pagar el Bono Salud. Ese dinero será un alivio para más de 3 millones de personas que están esperando una ayuda para enfrentar la crisis", escribió la Presidenta en su cuenta en Twitter.

La Mandataria anunció el pasado 19 de julio la creación del bono y aseguró que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional libera esos recursos, ya aprobados por organismos internacionales, de inmediato se empezará a pagar el beneficio social.
Sin embargo, la ALP, controlada por el MAS, continúa sin tratar los proyectos de ley enviados para acceder a créditos internacionales.

Al pedido de la Presidenta se sumaron varias autoridades nacionales, ya que esos recursos económicos, no simplemente son para pagar el Bono Salud, sino también para fortalecer la lucha contra la pandemia del coronavirus y reactivar la economía del país.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró, citado por ABI, que los fondos destinados para el Bono Salud, no forman parte de créditos internacionales condicionados, “como quiere hacer creer la bancada del MAS en la Asamblea”.

El Legislativo mantiene bloqueados varios créditos por más de mil millones de dólares, incluso los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones.

NEGLIGENCIA Entre tanto, Cruz, demandó públicamente a la Presidenta que promulgue la ley que obligará a las clínicas privadas a atender obligatoriamente a pacientes COVID-19 que sean derivados del sistema público de salud.

“Observamos la falta de acción oportuna, diligente y un evidente incumplimiento de deberes por parte de la Presidenta transitoria Jeanine Áñez respecto a la omisión en la promulgación de la referida Ley; denunciamos públicamente esta conducta, que además de infringir la Constitución Política del Estado, pone en situación de riesgo y vulnerabilidad la salud de la población”, manifestó.

La Defensora manifestó que en este momento en que el sistema público y de seguridad social de salud se encuentra colapsados, por lo cual es importante que las clínicas privadas se incorporen en la lucha contra el coronavirus de forma universal y con acceso irrestricto.

La institución defensorial dijo que realizó verificaciones en las que evidenció que el sub sistema público de salud se encuentra completamente colapsado y desbordado en cuanto a su capacidad para atender y recibir pacientes aquejados por COVID-19.

Señaló que establecimientos privados de salud demandan montos exorbitantes como garantía que oscilan entre los 20 mil y los 30 mil dólares, previo a la internación.

“Este estado de vulnerabilidad absoluta es en el que ha puesto a la población la actitud negligente y dilatoria de la presidente Añez al no promulgar la Ley para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus COVID-19”, remarcó y advirtió que no se quiere pensar que haya una suerte de protección a las clínicas privadas en desmedro de la población.

La ley establece que las clínicas y centros privados de salud deben atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el Sub Sector Público de Salud. La normativa fue sancionada el 8 de julio pasado y remitida al Ejecutivo para su promulgación.