Luego de un año y tres meses de haber estado detenida preventivamente, de audiencias postergadas, de recursos legales interpuestos por su defensa y de que su salud se viera deteriorada, Jeanine Áñez recibió condena por el caso denominado "Golpe de Estado II": recibe condena de 10 años de prisión.

El veredicto del tribunal que llevó su caso se conoció este viernes, en la noche, luego de que Jeanine, que asumió el poder de la Presidencia el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, presentara sus alegatos finales. Eran sus últimas cartas antes de oír la sentencia.

Después de un juicio que duró más de dos meses, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó la noche de este viernes 10 años de privación de libertad contra la expresidenta Jeanine Añez por el caso denominado “Golpe de Estado II”.

La exmandataria fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que habría cometido –según la acusación– al asumir la presidencia en noviembre de 2019.

Junto a Áñez, fueron sentenciados en rebeldía el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de cárcel en el penal de San Pedro.

En el mismo recinto penitenciario fueron condenados el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce a dos años de prisión, el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, fue condenado a tres años de cárcel y el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, fue condenados a cuatro años de cárcel.

Según la tesis del Ministerio Público, Áñez asumió la presidencia de manera ilegal, sin haber cumplido la norma de sucesión constitucional, con la cooperación de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Para sostener la acusación, la Fiscalía señaló que los excomandantes dispusieron seguridad y traslado para Añez desde su llegada a La Paz el 11 de noviembre de 2019, para su asunción que fue el día siguiente.

Según el Ministerio Público, incluso Áñez tenía personal de seguridad como si fuese mandataria antes de la asunción, y contaba con escoltas policiales y pernoctó en el domicilio de una oficial.

También la acusación sostiene que el 12 de noviembre, Áñez era vicepresidenta segunda del Senado, pero llevó adelante una sesión sin quórum de manera irregular para proclamarse primero como presidenta del Senado y luego como presidenta del Estado.

Los acusadores afirman que el Legislativo debió tratar las renuncias de Adriana Salvatierra, que era presidenta del Senado, y de Evo Morales para determinar la sucesión presidencial, sin embargo, Áñez omitió esos pasos.

En su defensa, Áñez sostuvo que cumplió su deber ante las renuncias en cadena de autoridades y el "vacío de poder" en 2019.

“Hice lo que tenía que hacer”, afirmó la exmandataria en su último alegato, a tiempo de justificar sus actos bajo el argumento de que era para pacificar al país y aseguró que lo "volvería a hacer".

Alegó que cuando asumió la presidencia del país sus detractores podían abrirle un proceso, pero en lugar de aquello, coordinaron con ella desde el legislativo. Consideró que si hubo un “golpe”, el actual presidente Luis Arce es “el hijo del golpe”, porque fue electo en elecciones que se convocó desde su adminstración.