Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 26 de septiembre de 2022
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Acusan a Mendoza de 10 delitos y daño de Bs 1.8 millones en la CUB

La Fiscalía recibió cuatro denuncias penales de dos diputados, un docente y un ciudadano   por el nombramiento del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana.
Los diputados de CC Edwin Rosas y del MAS Héctor Arce con las denuncias. APG
Los diputados de CC Edwin Rosas y del MAS Héctor Arce con las denuncias. APG
Acusan a Mendoza de 10 delitos y daño de Bs 1.8 millones en la CUB

El presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, tiene cuatro denuncias penales en su contra por 10 delitos y un daño económico de 1.8 millones de bolivianos a raíz de su nombramiento sin cumplir con los requisitos.

La información corresponde al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien aseguró que estos documentos están en análisis para dar curso a la investigación y procesamiento.

Entre tanto, otro dirigente estudiantil “dinosaurio” tiene protección en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Mediante una resolución, emitida por el rector de esta casa superior de estudios, se advierte con procesos por difamación y calumnia a quienes publiquen “memes” contra Álvaro Quelali. Desde la Defensoría del Pueblo expresaron su preocupación por la disposición y advierten con una vulneración a la libertad de expresión. 

DENUNCIAS

El representante del Ministerio Público informó que la primera denuncia contra Mendoza fue del docente de la UMSA Víctor Hugo Chávez y se tienen otras tres, dos de los diputados Edwin Rosas y Héctor Arce y una de un ciudadano, en la Fiscalía de La Paz, por haber recibido de manera ilegal salarios de parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), cuando no cumplía con los requisitos para asumir ese cargo, mediante una resolución de diciembre de 2018. 

Los delitos por los que es denunciado son: Enriquecimiento Ilícito, Conducta Antieconómica, Peculado, Uso Indebido de Influencias, Beneficios en Razón del Cargo, Uso Indebido de Influencias, Usurpación de Funciones, Contratos Lesivos al Estado, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas del Servidor Público, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.

Mendoza es cuestionado porque tiene 52 años, es estudiante universitario hace 33 años y reprobó más de 200 veces sus materias, pero pese a esto es el máximo dirigente de este estamento con un salario de 21 .870 bolivianos.

Según el docente, es requisito tener al menos el grado académico de Licenciatura, cosa que Mendoza carece puesto que está registrado como estudiante. También cuestionó que se le pagó salario como “Miembro del Presidium XIII del Congreso Nacional Universitario”, cuando ese cargo con remuneración no existe. En otro hecho, dijo que firmó un contrato para la provisión de pasajes aéreos para el CEUB por 800 mil bolivianos, cuando no tenía la representación legal para hacerlo.

El diputado Rosas, de Comunidad Ciudadana (CC), se querelló también contra el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y el expresidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD).

Por su parte, el diputado Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que en siete meses de 2018, Mendoza recibió viáticos de más de 61 mil bolivianos y viajó a Argentina, Cuba, EEUU y México.

“Es un negocio ser dirigente universitario”, dijo.

De acuerdo con la documentación a la que accedió Urgente.bo, el presidente de la CUB recibió más de un millón de bolivianos (1.8 millones) en sueldos y 87.480 en aguinaldos en cuatro años. 

ATAQUES

El rector de la UMSA, Óscar Heredia, firmó una resolución para la contratación de un perito informático y sancionar a quienes difundan memes y “calumnias” en las redes sociales y otras plataformas digitales en contra del dirigente de la FUL Álvaro Quelali, quien además es estudiante desde hace 20 años. Se instruye “resguardar y preservar la inviolabilidad de las plataformas, sistemas, páginas y redes sociales institucionales, además de identificar a aquellos posibles agresores, a fin de iniciar las acciones disciplinarias o jurisdiccionales correspondientes”.

Heredia justificó la decisión porque “hubo un ataque cibernético” que genera daño a la imagen y dignidad de Quelali. Más tarde retrocedió y anuló el documento argumentando que “se cometió un error”.

El perito designado para cumplir esta labor, según Urgente.bo, rechazó la oferta porque considera que había otra intención.

“En realidad, manipularon y tergiversaron la fuente de la información y es por eso que rechace el nombramiento”, insistió.

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo, difundido ayer, explicó que “esta determinación se constituye en una forma de censura al libre pensamiento de las y los universitarios y vulnera la libertad de expresión de la comunidad universitaria de la UMSA”.