Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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EL JUICIO ESTÁ PROGRAMADO PARA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE

Abogados que representan a Bolivia irán a EEUU para audiencia de Murillo

El exministro de Gobierno,  investigado por lavado de dinero y soborno, continúa en la cárcel de Estados Unidos porque no logró pagar la fianza impuesta de 250 mil dólares. 
El exministro de Gobierno Arturo Murillo.  ARCHIVO
El exministro de Gobierno Arturo Murillo. ARCHIVO
Abogados que representan a Bolivia irán a EEUU para audiencia de Murillo

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó ayer que el exministro de Gobierno Arturo Murillo continúa en la cárcel de Estados Unidos (EEUU) porque no logró pagar la fianza impuesta de 250.000 dólares. También dio a conocer que una comisión de abogados, que representa a Bolivia, viajará al país norteamericano para la audiencia presencial que se desarrollará el 8 y 9 de septiembre.

“Tendremos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre (…). La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha obrado aún el pago de los 250.000 dólares y sigue recluido en la cárcel federal de Estados Unidos”, manifestó la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con el procurador, esa instancia recibe información diaria sobre el caso y asegura que Bolivia tiene un gran avance en la demanda civil y que solo se espera que se cumplan con los plazos establecidos para recibir una respuesta. “Hemos superado las etapas de medidas cautelares “.

El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de 250.000 dólares para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad. El exministro debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.

Se prevé que el próximo 9 de septiembre se realice una audiencia presencial en Estados Unidos.

Murillo está detenido en EEUU desde mayo de 2021 investigado por los delitos de lavado de dinero y soborno, además de acciones contrarias a la ley en la compra de material antidisturbios a una empresa internacional.

Según la investigación de EEUU, Murillo participó de un esquema que direccionó la contratación de parte del Estado boliviano a la empresa Bravo Tactical Solutions para la compra con sobreprecio de agentes químicos, a cambio de soborno. También están implicados Luis Berkman y su hijo Bryan, dueños de dicha compañía, el empresario Philip Lichtenfeld y el exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez.