El País

La violencia que se vivió el año pasado en Santa Cruz por las manifestaciones a raíz del Censo y de la detención del gobernador de este departamento, Luis Fernando Camacho, trajeron consigo una serie de casos de agresión contra periodistas de diferentes medios de comunicación que hacían la cobertura de estos hechos. Varios fueron heridos no solo por manifestantes, sino también por efectivos de la Policía.Sobre este último, se instauraron cinco procesos que no reportan avances, más al contrario algunos se cerraron y quedaron en la impunidad, con el argumento, principalmente, de que no se tenían identificados a los policías agresores, denunció la abogada Raquel Guerrero, una defensora de los derechos de los periodistas.

Guerrero patrocina cada uno de estos casos por su relación con la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. En entrevista con el Observatorio de Defensores de UNITAS, la jurista apuntó que el problema en estos casos es que los investigadores de la Policía y del Ministerio Público piden pruebas e identificación de los efectivos policiales agresores, cuando estos actúan encapuchados. A eso se suma la “falta de interés” y el “encubrimiento” a miembros de la Policía.  

“Es lamentable, los fiscales esperan que nosotros les llevemos las pruebas a sus escritorios y no investigan nada. Piensan que investigar no es su trabajo y a la hora de la verdad dicen ‘usted no me trajo las pruebas’ para que ellos hagan sus resoluciones”, repudió.

La abogada fue participante de la segunda versión del Curso Nacional sobre Defensa de Derechos Humanos, realizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social en La Paz.