Los abogados laboralistas consultados por este medio coinciden en que hay un retroceso en las conquistas logradas por los trabajadores en los últimos años, después de la decisión de eliminar Aasana y crear una nueva entidad que será autosostenible y se regirá en el Estatuto del Funcionario Público y ven cinco amenazas. 

Alaín Rivera, cree, primero, que la desaparición del sindicado en esta nueva entidad golpea duramente al derecho a la sindicalización que ya está venido a menos. Aseguró que este derecho está en peligro de extinción.

Una segunda amenaza es el cambio de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público ya que perderá todos los beneficios sociales a los que aspira cualquier trabajador.

“Como funcionarios públicos son trabajadores de tercera clase, es decir que no tienen los mismos derechos como la sindicalización u organización para defender sus derechos laborales”, manifestó.

También le preocupa los nuevos contratos que firmaron y las condiciones que aceptaron algunos trabajadores, principalmente técnicos, que fueron acogidos por Naabol, en el marco de la política de “puertas abiertas” que anunció el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y también informó de un incremento en 30% de los salarios.

Recordó que una cuarta amenaza apunta al derecho a la protesta, que se verá restringido ante la ausencia de un ente sindical que los represente y defienda pese a que la representación a través de un órgano matriz como la COB y COD se encuentra deteriorada y copada por el poder político. 

Por otro lado, como quinto punto, advirtió que se golpea la estabilidad laboral que es una conquista ya que logró constitucionalizarse como un derecho de los trabajadores en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras la guerra del agua y del gas. 

Señaló que, al ser un derecho constitucionalizado, por lo menos en las leyes, si se considera que alguna normativa violenta este derecho, se puede interponer un recurso directo de nulidad.

“De 2003 a 2008 se ha conquistado esto, pero en la práctica estamos perdiendo la estabilidad laboral que está muy golpeada y esto se refleja en el incremento del trabajo informal. Desde 2008, las medidas de protección son una poesía”, acotó. 

Otro abogado fue más duro al explicar que este cambio impuesto por el Gobierno no es otra cosa que una relocalización en la que si bien pagan mejor, les quitan la estabilidad y otros derechos sindicales.

Observó, a su vez, que se viola la Constitución y que el Poder Ejecutivo asume prerrogativas que le corresponden al Legislativo como la aprobación de un decreto para dejar sin efecto una ley.

“Un decreto no puede estar por encima de la Ley General del Trabajo, ni la Constitución ni las normas de estabilidad laboral”, sostuvo.

Hasta ayer, alrededor de 200 personas pasaron de la extinta Aasana a Naabol siendo que la primera tenía un déficit de alrededor de 1.314 millones de bolivianos, lo que hizo que se vuelva insostenible en su operabilidad en el país.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, indicó que se debe operar con el 80% de personal técnico operativo y 20% de funcionarios administrativos, sin embargo, el 45% era operativo y 55% administrativo.

Dijo también que los ingresos mensuales no superaban los siete millones de bolivianos y los gastos eran mayores a 10 millones.