La Justicia boliviana ha puesto el foco en 14 de 40 personas que se desempeñaron dentro de la gestión del Gobierno interino, que fungió de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Esta lista es encabezada por la entonces mandataria transitoria, Jeanine Áñez, quien se encuentra en prisión preventiva dentro de la cárcel de Miraflores, en La Paz.

Se trata de exautoridades que, en distintos momentos, hicieron parte del gabinete del gobierno pasado, de la Dirección General de Migración (Digemig) y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Algunas están encarceladas, como representan los casos de los exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías). Otras personas se han declarado en la clandestinidad, como sucede con los exministros Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa), Yerko Núñez (Presidencia) y el exviceministro Javier Issa (Régimen Interior y Policía).

“Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia”, decía el presidente Luis Arce, el 8 de noviembre de 2020, luego de que le colocaran la Banda Presidencial. Esa frase, a la postre, sería replicada por el Dignatario en distintos discursos y aparecería al calor de los procesos iniciados a las autoridades que precedieron su gestión.

De los 38 nombres que constituyeron el Ejecutivo hasta noviembre de 2020, 12 se hallan bajo la lupa del Poder Judicial. Esa cifra llega a 14 (de 40, considerando entidades fuera del gabinete, aunque no tomando en cuenta a exjefes uniformados) con Marcel Rivas, quien estuvo al frente de Migración y ha sido acusado por haber colaborado, presuntamente, en la salida de Murillo del país; y con el exdirector de la AISEM, Hernán Pereira.

EN PRISIÓN

Bajo detención preventiva se encuentran Áñez, Coímbra, Guzmán y Rivas. Los tres primeros cursan el inicio de seis meses de encarcelamiento, señalados por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Áñez, además debe enfrentar cuatro juicios, pues es señalada por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), la supuesta violación a los derechos humanos de los bolivianos que trataron de retornar de Chile, en 2020; el caso Fundempresa y la presunta “violación de la libertad de expresión en la cuarentena”.

Su defensa apeló el mandamiento de aprehensión, pero ello fue rechazado. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desechó su petición de medidas cautelares.

Coímbra y Guzmán están en el penal de San Pedro. Hace contados días cumplieron con la etapa de aislamiento y se sumaron a la convivencia junto con 200 reclusos, en la zona de La Posta. 

Rivas, por su parte, se encuentra en San Pedro, apuntado por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Está tras las rejas desde el 20 de noviembre de 2020. También fue favorecido con arresto domiciliario debido a una dolencia renal.

VENCE PLAZO

Rivas pasó cuatro meses preso y, con ello, el 20 de marzo cumplió el tiempo establecido de reclusión preventiva. Esto fue criticado por el jurista Carlo Brito, quien asumió su defensa. De acuerdo con Página Siete, el abogado denunció que el exdirector de Migración sigue preso y que su cliente se encuentra “expuesto a la voluntad del Ministerio de Gobierno” en cuanto a la concreción de una audiencia. Rivas fue asociado con la acción de haber dejado escapar a Murillo y a López cuando aún fungía en su condición de director.

CLANDESTINIDAD

Murillo, López, Issa y Núñez se encuentran en la clandestinidad. Los cuatro tienen órdenes de aprehensión. Los dos primeros han sido vinculados con la investigación por el caso de la venta de gases lacrimógenos. Además, han sido declarados “rebeldes” tras no presentarse a la audiencia desarrollada el 25 de marzo, en Sacaba, al calor de las investigaciones por las muertes de Huayllani. Son apuntados por “asesinato y tentativa de asesinato”. Issa, por su lado, es requerido dentro de las averiguaciones por la quema de la libreta del servicio militar de Evo Morales. Núñez es acusado por sedición, terrorismo y conspiración. En las pasadas horas, el exministro de la Presidencia usó las redes sociales para enfatizar:

"Desde esta clandestinidad, les recuerdo que tarde o temprano rendirán cuentas por sus actos, incluido el Ministro de Injusticia”.

INVESTIGADOS

Los exministros Eidy Roca y Marcelo Navajas (Salud), María Elva Pinckert (Medio Ambiente), el exviceministro Wilson Santamaría (Seguridad Ciudadana) y Hernán Pereira (exdirector de la AISEM) son investigados por diferentes casos. Roca ha sido imputada por el presunto sobreprecio en la adquisición de respiradores. Navajas, Santamaría y Pereira se encuentran, también, en el mismo proceso.

Pinckert, quien ejerció como ministra de Medio Ambiente y Agua del 13 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, fue notificada por haber supuestamente incurrido en los delitos de nombramientos e incumplimiento de deberes. Tiene orden de aprehensión.

Iván Arias, exministro de Obras Públicas y alcalde electo de La Paz, ha sido citado dos veces por la Fiscalía, señalado por “incumplimiento de deberes” durante su gestión. 

MILITARES Y POLICÍAS

Fuera de las 14 exautoridades que responden a procesos, hay también uniformados que son investigados. Son los casos del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, quien tiene orden de aprehensión y es acusado por los hechos luctuosos de Huayllani; y del excomandante general de la Policía Rodolfo Montero, imputado por el mismo hecho. Yuri Calderón, excomandante de la Policía, y Williams Kalimán, excomandante de las Fuerzas Armadas, son involucrados por el caso denominado “golpe de Estado”.