Integridad física, sexual y psicológica

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en el capítulo segundo de Derechos Fundamentales dice: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. Este inciso II está en franca contradicción con el término latino directum, (Derecho) que significa “lo que está conforme a la regla”, que permite resolver conflictos en medio de una sociedad; pero de ninguna manera puede considerarse un derecho a no sufrir violencia, tal cual establece el mencionado inciso. Este último tiempo, los casos, desde violencia doméstica, agresiones sexuales, hasta feminicidios, se vienen incrementando peligrosamente y por sobre la dureza de la máxima condena de treinta años, sin derecho a indulto para estos últimos y sin más voces que las permitidas por la libertad de expresión.

Es decir que la solución del problema no está en el entusiasmo, sino en las políticas educativas. Desde el Estado que rescaten –a modo de ejemplo- el Día de la Madre, donde, desde los más humildes hasta los más ricos, rinden tributo y reconocimiento a la madre-mujer, con pequeñas y grandes expresiones de afecto, respeto y muchos regalos. Ese día, el regocijo es general; pero no crea ni incrementa el respeto a las mujeres desde niñas, pasando por adolescentes, hasta personas mayores.

Esta realidad permite varias sugerencias, entre ellas, conformar el teatro popular con temas referidos exclusivamente a los valores e importancia de las mujeres en el acontecer del barrio, la comunidad y el país. En los centros educativos se tiene que enseñar que las mujeres merecen respeto constante.

Se requiere mitigar esa fuerza desenfrenada entre estudiantes, entre los pandilleros y la ira de las comunidades que vienen “ajusticiando” a personas inocentes, sin ninguna facultad legal y expresa para semejante barbarismo. El linchamiento generalmente se consolida al influjo de una o dos personas, que sugieren, desde las sombras, al resto de la comunidad, a quemar o colgar a los supuestos infractores, previo sometimiento a martirio; lo que genera demanda, en los estrados judiciales, de los familiares, en busca de dar con los autores y juzgarlos, en periplos interminables con el consiguiente desbarajuste de la familia damnificada.

Nadie sabe cuántos delitos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, especialmente contra las mujeres, quedan en la impunidad, por falta de recursos o de credibilidad en la justicia ordinaria.