Esbozo de una política de agua para uso doméstico
14 de octubre de 2007 (19:54 h.)
Osvaldo Pareja M.
Los sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico constituyen un conjunto de obras que prestan un servicio básico importante que contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud, al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. En efecto, es incuestionable que los servicios de agua para uso doméstico cumplen, en primer lugar, una función sanitaria a través de la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades de origen hídrico, lo que influye en el desarrollo socio económico, pues es sabido que un hombre enfermo no puede trabajar y se vuelve pobre; el pobre no tiene recursos para curarse y se vuelve a enfermar. Se forma así un círculo vicioso enfermedad – pobreza – enfermedad, sin posibilidad de desenlace favorable a menos que mejore su salud. En segundo lugar, dinamizan la economía de una región, porque contribuyen al establecimiento de empresas de producción de insumos y, además, son determinantes en el proceso de industrialización. En tercer lugar, cumplen una función social, pues es criterio aceptado por los economistas que el impulso del desarrollo económico es requisito indispensable para el desarrollo social.
Si el acceso de los servicios de agua para uso doméstico es una necesidad social, es obvio que el Estado debe asegurar este acceso a toda la población, particularmente, a los sectores empobrecidos, para evitar que se dañen las condiciones de vida de la población. Es por eso importante que el Gobierno se dote de una política de agua respaldada por una ley o un decreto – forma tan cara al estilo de gobierno autoritario que tenemos hoy en día -. La experiencia que en este campo tenemos en razón de haber ejercido en dos oportunidades la Gerencia General de Semapa y la activa participación que nos cupo en la conformación - junto con gremios profesionales, asociaciones ambientalistas y sectores vecinales – del Comité de Defensa del Agua y de la Economía Familiar que le dio sustento doctrinario a la movilización popular que logró expulsar a Aguas del Tunari en la lucha contra la privatización de este importante servicio, nos permite presentar un esbozo (algo que puede alcanzar mejor desarrollo y perfección) de una política a ser asumida por el Gobierno para garantizar el acceso al servicio de agua para consumo doméstico tanto en el área rural como en el área urbana.
En el área rural, el abastecimiento de agua por red requerirá, previamente, la adopción de una política de desarrollo agropecuario que busque el incremento de la productividad a través de la conformación de comunidades agrarias de vida y de trabajo, o, alternativamente, a través de un sistema cooperativo bien estructurado, en sustitución del minifundio improductivo. Para el logro de este objetivo, sobre la base de estudios de calidad de suelos, se deberán agrupar las áreas con iguales potencialidades para introducir nuevos cultivos que con riego oportuno, demanden un uso intensivo de la mano de obra, tengan alta productividad y dispongan de mercados asegurados.. Estas políticas de desarrollo agropecuario basadas en la conformación de comunidades o cooperativas de producción, permitirán la concentración de las poblaciones rurales (hoy caracterizadas por la dispersión de las viviendas) en “aldeas urbanas” (urbano – rurales), única forma de conseguir técnica y económicamente, la dotación de servicios de agua por red de distribución a las poblaciones rurales.
En el área urbana, la política de agua para uso doméstico debe asegurar la prestación de este servicio a la población al precio más bajo posible, razón por la que debe ser encarado como un proceso que comprenda dos fases : A). La fase de construcción de la infraestructura que haga posible la disponibilidad del agua (embalses de regulación del aporte de las cuencas y obras de aducción). Esta fase debe ser asumida por el Gobierno central (o por los gobiernos locales en régimen autonómico), no como un subsidio, sino como un servicio a la población. B). La fase de transporte, almacenamiento, potabilización, distribución y mantenimiento de redes, es decir, la gestión del servicio, deberá estar a cargo de empresas públicas, pues la empresa privada es incompatible con la necesidad social de proporcionar el servicio a precios bajos, porque no se puede esperar el milagro de que la inversión privada deje de lado la búsqueda de la rápida rentabilización de sus inversiones para sustituirla por un afán altruista de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pero, como la dependencia directa de las empresas de agua al sector público no puede superar los vicios de la intromisión política que les hacen perder eficiencia y eficacia, la solución (ya intuida por la población en la llamada guerra del agua), es la conformación de una empresa pública autogestionaria con participación social, de modo que los ciudadanos asuman un rol no de simples usuarios, sino el rol de actores concretos en la organización, administración y control de la empresa. Para constituir esta empresa pública autogestionaria será necesario un respaldo legal que determine la estructura organizativa en base a un directorio con participación de autoridades y miembros de la sociedad civil; un Consejo Asesor conformado por representantes de los colegios profesionales (que constituyeron la base del funcionamiento del Comité de Defensa del Agua), que orientará la planificación estratégica de la empresa en una fiscalización ex ante; y un Comité de Control Comunitario (para garantizar que la participación ciudadana es efectiva en la gestión de la empresa), que fiscalizará ex post a los actos del directorio y la Gerencia General, sin tener ninguna atribución ejecutiva.
Hemos abordado este esbozo de una política de agua para uso doméstico con la intención de contribuir a la formulación de políticas necesarias para regular este importante servicio.
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Osvaldo Pareja M., es ingeniero.
Los sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico constituyen un conjunto de obras que prestan un servicio básico importante que contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud, al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. En efecto, es incuestionable que los servicios de agua para uso doméstico cumplen, en primer lugar, una función sanitaria a través de la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades de origen hídrico, lo que influye en el desarrollo socio económico, pues es sabido que un hombre enfermo no puede trabajar y se vuelve pobre; el pobre no tiene recursos para curarse y se vuelve a enfermar. Se forma así un círculo vicioso enfermedad – pobreza – enfermedad, sin posibilidad de desenlace favorable a menos que mejore su salud. En segundo lugar, dinamizan la economía de una región, porque contribuyen al establecimiento de empresas de producción de insumos y, además, son determinantes en el proceso de industrialización. En tercer lugar, cumplen una función social, pues es criterio aceptado por los economistas que el impulso del desarrollo económico es requisito indispensable para el desarrollo social.
Si el acceso de los servicios de agua para uso doméstico es una necesidad social, es obvio que el Estado debe asegurar este acceso a toda la población, particularmente, a los sectores empobrecidos, para evitar que se dañen las condiciones de vida de la población. Es por eso importante que el Gobierno se dote de una política de agua respaldada por una ley o un decreto – forma tan cara al estilo de gobierno autoritario que tenemos hoy en día -. La experiencia que en este campo tenemos en razón de haber ejercido en dos oportunidades la Gerencia General de Semapa y la activa participación que nos cupo en la conformación - junto con gremios profesionales, asociaciones ambientalistas y sectores vecinales – del Comité de Defensa del Agua y de la Economía Familiar que le dio sustento doctrinario a la movilización popular que logró expulsar a Aguas del Tunari en la lucha contra la privatización de este importante servicio, nos permite presentar un esbozo (algo que puede alcanzar mejor desarrollo y perfección) de una política a ser asumida por el Gobierno para garantizar el acceso al servicio de agua para consumo doméstico tanto en el área rural como en el área urbana.
En el área rural, el abastecimiento de agua por red requerirá, previamente, la adopción de una política de desarrollo agropecuario que busque el incremento de la productividad a través de la conformación de comunidades agrarias de vida y de trabajo, o, alternativamente, a través de un sistema cooperativo bien estructurado, en sustitución del minifundio improductivo. Para el logro de este objetivo, sobre la base de estudios de calidad de suelos, se deberán agrupar las áreas con iguales potencialidades para introducir nuevos cultivos que con riego oportuno, demanden un uso intensivo de la mano de obra, tengan alta productividad y dispongan de mercados asegurados.. Estas políticas de desarrollo agropecuario basadas en la conformación de comunidades o cooperativas de producción, permitirán la concentración de las poblaciones rurales (hoy caracterizadas por la dispersión de las viviendas) en “aldeas urbanas” (urbano – rurales), única forma de conseguir técnica y económicamente, la dotación de servicios de agua por red de distribución a las poblaciones rurales.
En el área urbana, la política de agua para uso doméstico debe asegurar la prestación de este servicio a la población al precio más bajo posible, razón por la que debe ser encarado como un proceso que comprenda dos fases : A). La fase de construcción de la infraestructura que haga posible la disponibilidad del agua (embalses de regulación del aporte de las cuencas y obras de aducción). Esta fase debe ser asumida por el Gobierno central (o por los gobiernos locales en régimen autonómico), no como un subsidio, sino como un servicio a la población. B). La fase de transporte, almacenamiento, potabilización, distribución y mantenimiento de redes, es decir, la gestión del servicio, deberá estar a cargo de empresas públicas, pues la empresa privada es incompatible con la necesidad social de proporcionar el servicio a precios bajos, porque no se puede esperar el milagro de que la inversión privada deje de lado la búsqueda de la rápida rentabilización de sus inversiones para sustituirla por un afán altruista de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pero, como la dependencia directa de las empresas de agua al sector público no puede superar los vicios de la intromisión política que les hacen perder eficiencia y eficacia, la solución (ya intuida por la población en la llamada guerra del agua), es la conformación de una empresa pública autogestionaria con participación social, de modo que los ciudadanos asuman un rol no de simples usuarios, sino el rol de actores concretos en la organización, administración y control de la empresa. Para constituir esta empresa pública autogestionaria será necesario un respaldo legal que determine la estructura organizativa en base a un directorio con participación de autoridades y miembros de la sociedad civil; un Consejo Asesor conformado por representantes de los colegios profesionales (que constituyeron la base del funcionamiento del Comité de Defensa del Agua), que orientará la planificación estratégica de la empresa en una fiscalización ex ante; y un Comité de Control Comunitario (para garantizar que la participación ciudadana es efectiva en la gestión de la empresa), que fiscalizará ex post a los actos del directorio y la Gerencia General, sin tener ninguna atribución ejecutiva.
Hemos abordado este esbozo de una política de agua para uso doméstico con la intención de contribuir a la formulación de políticas necesarias para regular este importante servicio.
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Osvaldo Pareja M., es ingeniero.