La compleja tarea de (re)distribuir la riqueza nacional
09 de mayo de 2012 (20:17 h.)
La situación de convulsión que vive el país, desde hace más de un mes, puede ser considerada como la reedición de viejas experiencias históricas, que año tras año se manifiestan en el transcurso del primer semestre, cuyas causas, al margen de la especificidad del problema de salud, están vinculadas a las presiones (formas de lucha), de los distintos sectores y actores sociales, por la apropiación (distribución-redistribución) de la “riqueza” nacional.
Siendo el Estado, en el régimen actual, el principal poseedor de los recursos económicos, originados en la explotación de los recursos naturales, el conjunto de demandas se expresan ante esa instancia gubernamental, todas -razonables o no- respaldadas en la “conciencia” sobre el “derecho” que les asiste a ser beneficiarios de la riqueza nacional, así como en la fuerza y capacidad de movilización que puedan tener.
Con la idea de la insuficiencia permanente de recursos, los distintos sectores y actores (sin diferenciar condiciones concretas y objetivas) consideran justas sus reivindicaciones, las que deben ser satisfechas, sin importar si la riqueza nacional ha crecido o no.
Dichas conductas se tornan más intransigentes como efecto de las expectativas generadas por la ideología neoliberal (hegemónica por cerca de veinte años), y que continúan posicionadas en el imaginario colectivo, más los efectos demostración de ciertas actividades, que se expresan en conductas maximizadoras, como fin último.
Por un lado, la limitada capacidad de generar riqueza (legal) que tiene la base productiva de nuestro país, explicada por su carácter primario-exportador, y por otro, las demandas sociales crecientes en las que se filtran intereses sectoriales-corporativos, generan recurrentes escenarios de conflictividad, en el que se desarrollan las relaciones entre el gobierno (Estado) y los movimientos y actores sociales (sociedad civil).
Los insuficientes recursos que dispone el Estado, o que está dispuesto a utilizar para atender las demandas inmediatas de los distintos sectores en conflicto, al margen de los argumentos técnico-económicos, lo sitúan ante una encrucijada: distribuir una mayor cantidad de recursos (inclusive aquellos que están destinados a inversión) sin introducir ningún criterio redistributivo; o tratar de persuadir y negociar en los términos más convenientes para evitar procesos inflacionarios y mantener la estabilidad económica.
La situación es bastante compleja, y como se vislumbran los hechos, al parecer el statu quo acabará imponiéndose a las políticas redistributivas que pretendía aplicar el Gobierno, el mismo que no ha mostrado, ni ha tenido, la capacidad suficiente para atacar la causa subyacente de estos problemas, el de la transformación productiva que tanto ha pregonado.
Lo que implica que el primer semestre de la próxima gestión el escenario político nacional volverá a experimentar convulsiones sociales como las actuales. Entonces, tendrá sentido la expresión popular: “en Bolivia todo pasa y nada pasa”.
Siendo el Estado, en el régimen actual, el principal poseedor de los recursos económicos, originados en la explotación de los recursos naturales, el conjunto de demandas se expresan ante esa instancia gubernamental, todas -razonables o no- respaldadas en la “conciencia” sobre el “derecho” que les asiste a ser beneficiarios de la riqueza nacional, así como en la fuerza y capacidad de movilización que puedan tener.
Con la idea de la insuficiencia permanente de recursos, los distintos sectores y actores (sin diferenciar condiciones concretas y objetivas) consideran justas sus reivindicaciones, las que deben ser satisfechas, sin importar si la riqueza nacional ha crecido o no.
Dichas conductas se tornan más intransigentes como efecto de las expectativas generadas por la ideología neoliberal (hegemónica por cerca de veinte años), y que continúan posicionadas en el imaginario colectivo, más los efectos demostración de ciertas actividades, que se expresan en conductas maximizadoras, como fin último.
Por un lado, la limitada capacidad de generar riqueza (legal) que tiene la base productiva de nuestro país, explicada por su carácter primario-exportador, y por otro, las demandas sociales crecientes en las que se filtran intereses sectoriales-corporativos, generan recurrentes escenarios de conflictividad, en el que se desarrollan las relaciones entre el gobierno (Estado) y los movimientos y actores sociales (sociedad civil).
Los insuficientes recursos que dispone el Estado, o que está dispuesto a utilizar para atender las demandas inmediatas de los distintos sectores en conflicto, al margen de los argumentos técnico-económicos, lo sitúan ante una encrucijada: distribuir una mayor cantidad de recursos (inclusive aquellos que están destinados a inversión) sin introducir ningún criterio redistributivo; o tratar de persuadir y negociar en los términos más convenientes para evitar procesos inflacionarios y mantener la estabilidad económica.
La situación es bastante compleja, y como se vislumbran los hechos, al parecer el statu quo acabará imponiéndose a las políticas redistributivas que pretendía aplicar el Gobierno, el mismo que no ha mostrado, ni ha tenido, la capacidad suficiente para atacar la causa subyacente de estos problemas, el de la transformación productiva que tanto ha pregonado.
Lo que implica que el primer semestre de la próxima gestión el escenario político nacional volverá a experimentar convulsiones sociales como las actuales. Entonces, tendrá sentido la expresión popular: “en Bolivia todo pasa y nada pasa”.