Ética periodística
Autorregulación: urgente y necesaria
02 de julio de 2016 (20:01 h.)
Vivimos un tiempo en el que la tensión y la confrontación social y política han colocado a los medios de comunicación en una situación que alimenta miedos reales e imaginarios en la comunidad de profesionales de la prensa. Por esta misma razón, resulta urgente y necesario redoblar el esfuerzo para impulsar los principios de autorregulación y de ejercicio ético del periodismo.
Lamentablemente, pese a esta urgencia, el marco normativo y los mecanismos de autorregulación no han sido socializados suficientemente, razón por la que no constituyen herramientas a las que diversos actores recurran para reparar y corregir cualquier agravio emergente de supuestas o probadas contravenciones a los principios y normas contenidas en el Código Nacional de Ética Periodística. Pocos reparan en que son precisamente estos mecanismos los que conjuran toda posibilidad de caer en la judicialización restrictiva de los derechos a la libertad de expresión; de acceso a la información, a su interpretación, análisis y libre difusión. Se trata de buscar el equilibrio entre el ejercicio responsable de un oficio imprescindible para una sociedad moderna y el respeto a los derechos civiles constitucionalmente reconocidos.
La búsqueda de ecuanimidad ha sido el mayor reto enfrentado al emitirse las dos primeras resoluciones ventiladas por el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP). La segunda fue particularmente compleja, porque nos obligó a extremar esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales, a fin de delimitar y diferenciar el alcance de una opinión de elementos asociados a la información. Fue el caso de la denuncia interpuesta por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, contra un editorial del periódico Cambio. La denuncia y el proceso ameritaron varios comentarios en distintos medios de comunicación.
La experiencia vivida en estos seis últimos meses como vocal del TNEP me inspira estas reflexiones que abonan el camino para fortalecer y reposicionar este valioso instrumento prohijado por las instituciones afiliadas al Consejo Nacional de Ética Periodística. Hacerlo es urgente, no solo en la sede de Gobierno, sino también en los nueve departamentos del país, y de manera conjunta con las instituciones académicas, organizaciones gremiales y los propios medios de comunicación.
Lamentablemente, pese a esta urgencia, el marco normativo y los mecanismos de autorregulación no han sido socializados suficientemente, razón por la que no constituyen herramientas a las que diversos actores recurran para reparar y corregir cualquier agravio emergente de supuestas o probadas contravenciones a los principios y normas contenidas en el Código Nacional de Ética Periodística. Pocos reparan en que son precisamente estos mecanismos los que conjuran toda posibilidad de caer en la judicialización restrictiva de los derechos a la libertad de expresión; de acceso a la información, a su interpretación, análisis y libre difusión. Se trata de buscar el equilibrio entre el ejercicio responsable de un oficio imprescindible para una sociedad moderna y el respeto a los derechos civiles constitucionalmente reconocidos.
La búsqueda de ecuanimidad ha sido el mayor reto enfrentado al emitirse las dos primeras resoluciones ventiladas por el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP). La segunda fue particularmente compleja, porque nos obligó a extremar esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales, a fin de delimitar y diferenciar el alcance de una opinión de elementos asociados a la información. Fue el caso de la denuncia interpuesta por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, contra un editorial del periódico Cambio. La denuncia y el proceso ameritaron varios comentarios en distintos medios de comunicación.
La experiencia vivida en estos seis últimos meses como vocal del TNEP me inspira estas reflexiones que abonan el camino para fortalecer y reposicionar este valioso instrumento prohijado por las instituciones afiliadas al Consejo Nacional de Ética Periodística. Hacerlo es urgente, no solo en la sede de Gobierno, sino también en los nueve departamentos del país, y de manera conjunta con las instituciones académicas, organizaciones gremiales y los propios medios de comunicación.