Uribe asume su culpa en la estafa de las 'pirámides'
15 de noviembre de 2008 (19:08 h.)
"Empiezo por reconocer mis culpas", dijo el mandatario a la emisora W Radio y lamentó no haberse inmiscuido más, no haber presionado a las diferentes autoridades para que intervinieran estas empresas ilegales. "Mientras logramos atajar la crisis de Wall Street, nos dejamos meter el gol aquí. El de las pirámides criollas", reconoció.
¿Por qué si estos negocios florecieron a plena luz del día nadie hizo nada para que no se convirtieran en una bola de nieve? Nadie ha respondido. El presidente de la asociación de comerciantes, Guillermo Botero, habló ya de la dura caída en las ventas en esta temporada de fin de año y pidió al Gobierno decretar la emergencia económica. Uribe ya respondió: "es una posibilidad que hay que estudiar con cuidado".
"Dar una mano"
Antonio Navarro, gobernador de Nariño -al Sur del país- pidió no dejar abandonados a los pequeños ahorradores que resultaron tumbados: "hay que darles la mano; hay que diseñar para ellos un plan de salvamento".
El Gobierno anunció el censo de los estafados más pobres. Se rescatará el dinero que está escondido y vía administrativa o judicial, se empezará a devolver a sus dueños. Hasta ayer se habían incautado 58.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).
La devolución del dinero no es una tarea fácil; muchas de estas inversiones se hicieron sin un registro contable que las respalde. Además, en medio de los saqueos generados cuando se conoció la noticia, los enfurecidos y dolidos ahorradores, se llevaron varios computadores.
Este viernes la situación amenazaba con complicarse: el rumor de intervención a DMG, la más grande de estas empresas piramidales, puso en alerta a sus miles de clientes en todo el país. Los dueños aseguran que no son pirámides sino vendedoras de servicios.
El comandante de la policía aseguraba que hay pruebas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció que se acelerarán las investigaciones.
Investigaciones
Las autoridades de Colombia tienen en la mira a 240 "pirámides", empresas de captación ilegal de dinero, tras conocerse una gran estafa desatada que ha causado tres muertos, desórdenes y destrozos en una docena de ciudades.
Según datos de la Policía y de la Superintendencia Financiera, en Colombia funcionan más de 300 sucursales de unas 72 empresas recaudadoras ilegales que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Las firmas más conocidas son Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que dirige Carlos Suárez, quien hasta hace unos pocos meses era vendedor ambulante, y el Grupo DMG, que toma su nombre de David Murcia Guzmán, un supuesto empresario.
Ambos, Suárez y Guzmán, son menores de 30 años y están en la clandestinidad, presumiblemente prófugos en un país vecino, según fuentes oficiales.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, Gral. Orlando Páez Barón, precisó que de las 240 "pirámides" existentes la mayoría están establecidas en los departamentos de Cundinamarca (centro), Putumayo (Sur) y Bogotá, aunque tienen sucursales en unos quince departamentos.
Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300 por ciento en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares.
Se hicieron pasar como
agencias de viaje
Algunas de esas "pirámides" se presentan como agencias de viaje, empresas de productos de limpieza y de cambio de moneda, y muchas como de ventas de vehículos y electrodomésticos.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció hoy que a las autoridades les ha faltado "diligencia" en las investigaciones y detenciones de "ejecutivos" de esas firmas, lo que generó roces con funcionarios judiciales y con el fiscal general, Mario Iguarán.
"La Fiscalía debió proceder con toda rapidez y hace rato debió haber intervenido", manifestó Uribe.
Ante la situación creada, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se reunió con Iguarán y otros funcionarios para coordinar la forma de agilizar los procesos administrativos, de análisis de las finanzas y judiciales de esas empresas comprometidas con recaudaciones de dinero.
Mientras tanto, el procurador general, Edgardo Maya, urgió al Gobierno a adoptar medidas de urgencia que permitan superar las graves dificultades sociales y los desmanes registrados en varias ciudades.
Maya consideró como "vergüenza nacional", la situación, y demandó para contrarrestarla, adoptar "medidas de emergencia".
El alto cargo envió una circular a los alcaldes de todo el país para que de "forma inmediata" visiten los establecimientos de comercio que se dedican a la captación pública de dineros.
¿Por qué si estos negocios florecieron a plena luz del día nadie hizo nada para que no se convirtieran en una bola de nieve? Nadie ha respondido. El presidente de la asociación de comerciantes, Guillermo Botero, habló ya de la dura caída en las ventas en esta temporada de fin de año y pidió al Gobierno decretar la emergencia económica. Uribe ya respondió: "es una posibilidad que hay que estudiar con cuidado".
"Dar una mano"
Antonio Navarro, gobernador de Nariño -al Sur del país- pidió no dejar abandonados a los pequeños ahorradores que resultaron tumbados: "hay que darles la mano; hay que diseñar para ellos un plan de salvamento".
El Gobierno anunció el censo de los estafados más pobres. Se rescatará el dinero que está escondido y vía administrativa o judicial, se empezará a devolver a sus dueños. Hasta ayer se habían incautado 58.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).
La devolución del dinero no es una tarea fácil; muchas de estas inversiones se hicieron sin un registro contable que las respalde. Además, en medio de los saqueos generados cuando se conoció la noticia, los enfurecidos y dolidos ahorradores, se llevaron varios computadores.
Este viernes la situación amenazaba con complicarse: el rumor de intervención a DMG, la más grande de estas empresas piramidales, puso en alerta a sus miles de clientes en todo el país. Los dueños aseguran que no son pirámides sino vendedoras de servicios.
El comandante de la policía aseguraba que hay pruebas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció que se acelerarán las investigaciones.
Investigaciones
Las autoridades de Colombia tienen en la mira a 240 "pirámides", empresas de captación ilegal de dinero, tras conocerse una gran estafa desatada que ha causado tres muertos, desórdenes y destrozos en una docena de ciudades.
Según datos de la Policía y de la Superintendencia Financiera, en Colombia funcionan más de 300 sucursales de unas 72 empresas recaudadoras ilegales que están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
Las firmas más conocidas son Proyecciones DRFE (Dinero Rápido Fácil y Efectivo), que dirige Carlos Suárez, quien hasta hace unos pocos meses era vendedor ambulante, y el Grupo DMG, que toma su nombre de David Murcia Guzmán, un supuesto empresario.
Ambos, Suárez y Guzmán, son menores de 30 años y están en la clandestinidad, presumiblemente prófugos en un país vecino, según fuentes oficiales.
El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, Gral. Orlando Páez Barón, precisó que de las 240 "pirámides" existentes la mayoría están establecidas en los departamentos de Cundinamarca (centro), Putumayo (Sur) y Bogotá, aunque tienen sucursales en unos quince departamentos.
Las autoridades calculan que esas empresas, que prometen una rentabilidad de hasta el 300 por ciento en pocos meses, tienen en su poder unos 870 millones de dólares.
Se hicieron pasar como
agencias de viaje
Algunas de esas "pirámides" se presentan como agencias de viaje, empresas de productos de limpieza y de cambio de moneda, y muchas como de ventas de vehículos y electrodomésticos.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reconoció hoy que a las autoridades les ha faltado "diligencia" en las investigaciones y detenciones de "ejecutivos" de esas firmas, lo que generó roces con funcionarios judiciales y con el fiscal general, Mario Iguarán.
"La Fiscalía debió proceder con toda rapidez y hace rato debió haber intervenido", manifestó Uribe.
Ante la situación creada, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se reunió con Iguarán y otros funcionarios para coordinar la forma de agilizar los procesos administrativos, de análisis de las finanzas y judiciales de esas empresas comprometidas con recaudaciones de dinero.
Mientras tanto, el procurador general, Edgardo Maya, urgió al Gobierno a adoptar medidas de urgencia que permitan superar las graves dificultades sociales y los desmanes registrados en varias ciudades.
Maya consideró como "vergüenza nacional", la situación, y demandó para contrarrestarla, adoptar "medidas de emergencia".
El alto cargo envió una circular a los alcaldes de todo el país para que de "forma inmediata" visiten los establecimientos de comercio que se dedican a la captación pública de dineros.