Los republicanos del Senado de Estados Unidos, donde son mayoría, presentaron ayer su propuesta de reforma policial que busca desincentivar las inmovilizaciones a los detenidos por el cuello y la creación de bases de datos de los agentes que se extralimiten en el uso de la fuerza.

“Nos hallamos aquí con un paquete que creo que habla a las familias con las que hablé ayer que han perdido a sus seres queridos, los escuchamos. Creo que este paquete habla muy claro a los jóvenes preocupados cuando se encuentran con agentes del orden”, dijo el senador republicano Tim Scott, que encabeza esta iniciativa y que es uno de los tres legisladores afroamericanos, y el único de su partido, presentes en esta cámara.

Scott detalló que el proyecto se centra en tres áreas: la recopilación de datos, el entrenamiento de los agentes y la transparencia.

La iniciativa contempla el bloqueo de determinados fondos federales a los departamentos policiales que no prohíban las inmovilizaciones por el cuello a los detenidos, pero no las veta expresamente.

Así fue como falleció el pasado 25 de mayo George Floyd, el hombre de raza negra que murió asfixiado en Mineápolis después de que un policía blanco presionara la rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos, en una escena que fue grabada por los móviles de los transeúntes.

Este caso desencadenó una ola de protestas en todo el país contra la violencia policial y que han exigido una reforma de las fuerzas de seguridad, e incluso en algunos casos su desmantelamiento.

La propuesta de los republicanos aumenta el requerimiento de informes sobre el uso de la fuerza y castiga los reportes falsos, e incluye penalizaciones por no emplear cámaras corporales.

También contempla el seguimiento de las órdenes de allanamiento de morada que se hacen sin notificar previamente a los residentes.

La iniciativa convierte, además, el linchamiento en un crimen de odio federal (el término está asociado en EEUU con los asesinatos y ahorcamientos de negros por motivos racistas) y ordena la creación de una comisión que estudie las condiciones que afrontan los varones negros cuando son interceptados por la policía.

El lenguaje del proyecto va en línea con el decreto firmado este martes por el presidente, Donald Trump, con el objetivo de persuadir a los departamentos de Policía de que mejoren sus estándares de uso de la fuerza, aunque el mandatario dejó claro que no ve los casos de brutalidad como un problema estructural, sino como excepciones aisladas.

De hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, manifestó el apoyo del Gobierno a la propuesta republicana: “Respaldamos plenamente la ley de Scott y todos sus elementos, esperemos que tenga un apoyo bipartidista”, indicó en una rueda de prensa.

Por otro lado, el Comité Judicial de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, votó ayer su propia propuesta de reforma policial, con el objetivo de que llegue al pleno la próxima semana.

A diferencia de los republicanos, el proyecto de los progresistas buscar revisar lo que se conoce como “inmunidad cualificada”, una doctrina legal que blinda a los agentes de pleitos, y acabar con los allanamientos sin notificación previa a los residentes en casos de drogas.

La iniciativa de los republicanos se enfrentará a su primer examen la próxima semana, cuando buscarán un voto inicial de procedimiento en el Senado, donde el proyecto necesitaría de 60 apoyos (siete de ellos demócratas) para comenzar el debate.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no precisó ayer si planean bloquear el debate de la propuesta, aunque dijo que esta es “inefectiva”.