Todos los partidos de la oposición chilena presentaron ayer en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente de este país, Sebastián Piñera, tras las presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero develadas en los Papeles de Pandora.

“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de las bancadas opositoras.

Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.

El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.