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  • Diario Digital | miércoles, 03 de junio de 2026
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Pandillas retomaron las extorsiones en algunos barrios de El Salvador

Las extorsiones y la vigilancia permanente en barrios que han sido atormentados por pandillas en los últimos años han empezado a resurgir luego de que las fuerzas de seguridad del gobierno lograran disminuir a las células pandilleriles durante un régimen de excepción que inició en marzo de 2022.

Fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador donde se observan miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador durante el cerco que ejercen en el departamento de Cabañas para "evitar la salida de pandilleros"./ EFE
Fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador donde se observan miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador durante el cerco que ejercen en el departamento de Cabañas para "evitar la salida de pandilleros"./ EFE
Pandillas retomaron las extorsiones en algunos barrios de El Salvador
No son pocas las veces que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que su país es el más tranquilo del continente. La última vez que lo hizo fue el 29 de septiembre pasado en su cuenta X: “El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica…” Esto es así, alegan el mandatario y sus propagandistas, porque su gobierno ha logrado desarticular a las pandillas MS13 y Barrio 18. Recientes informes policiales tienden a desmentir esto y hablan, más bien, de que los pandilleros han retomado la extorsión y la presencia en varios barrios y comunidades del país.

Las extorsiones y la vigilancia permanente en barrios que han sido atormentados por pandillas en los últimos años han empezado a resurgir luego de que las fuerzas de seguridad del gobierno lograran disminuir a las células pandilleriles durante un régimen de excepción que inició en marzo de 2022.

“Ya hay pandilleros en labores de posteo, de vigilancia a las autoridades… El mecanismo de extorsión mandando a jóvenes a cobrar (una cuota) a los negocios de la zona ha resurgido”, dice Marvin Reyes, directivo del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), una organización que reúne a decenas de policías y que se ha mostrado crítica de algunas políticas del gobierno Bukele.

A ellos, dice Reyes, han llegado denuncias de agentes desplegados en todo el país y de ciudadanos según las cuales algunas células -clicas como se les conoce en el argot policial y pandilleril en El Salvador- han vuelto a encontrar espacio suficiente para reactivar sus actividades criminales, sobre todo la extorsión a vecinos y pequeños negocios. La extorsión es el alimento financiero principal de estos grupos según se ha demostrado en decenas de estudios y casos judiciales desde que las pandillas de jóvenes centroamericanos surgieron en las calles de Los Ángeles y luego migraron a otras ciudades de Estados Unidos y de los países del norte centroamericano debido a las políticas de deportación masiva ejecutadas por las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush.

Según los informes recibidos por el MTP, hay resurgimiento de células pandilleras en el Distrito Italia y en la colonia Altavista, en el extrarradio de San Salvador; también en los departamentos de San Miguel en el oriente, Santa Ana y Sonsonate en el occidente y La Libertad en la zona central. Un veterano oficial de la policía que ha servido como asesor al gobierno de Bukele, y quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, confirmó la información del MTP y añadió que en algunas zonas costeras en el centro y este del país también hay una reorganización de clicas y un aumento de las extorsiones.

Reyes dice que incluso han resurgido los enfrentamientos armados entre pandilleros y policías en algunas zonas del país, los cuales han dejado a varios miembros de la MS13 y el Barrio 18 muertos y al menos a un agente herido. El oficial consultado agregó que también ha habido choques armados en la zona del Golfo de Fonseca, en el departamento de La Unión, fronterizo con Honduras. Sin mayores explicaciones, la administración Bukele decidió casi desde el inicio de su gestión reservar información sobre índices de criminalidad y no contar entre los homicidios diarios los de supuestos pandilleros abatidos en enfrentamientos con las autoridades.