El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se encuentra en una nueva "guerra" contra la corrupción en su país y también se refirió a la construcción de una nueva prisión que estará destinada a encerrar a los políticos que cometan este tipo de crímenes.

Estas declaraciones se dieron en el marco del cumplimiento de su cuarto aniversario de gobierno, la noche del pasado jueves.

Como muestra de su nueva ofensiva, Bukele anunció que, en el momento en que pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General de la República ejecutaba el allanamiento e incautación de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país centroamericano durante 1989 a 1994.

“Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan”, dijo Bukele.

Desde su salida del poder, Cristiani ha sido fuertemente señalado por presuntos actos de corrupción. Por ejemplo, una investigación periodística de El Faro reveló que cinco meses antes de dejar el Gobierno, Casa Presidencial emitió 106 cheques a su nombre por un monto total de 5,5 millones de dólares (unos 5.140.000 euros), cuyo destino se desconoce.

El mismo periódico también desveló que Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 empresas offshore en las Islas Vírgenes, Británicas y Panamá desde 1992 hasta 2018, por lo menos.

A mediados de 2021, diputados del oficialismo pusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República acusando al exmandatario de haber cometido lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho. Sin embargo, no había sido procesado por ninguno de esos delitos hasta ahora.

Cristiani, además, es perseguido por la justicia desde marzo del año pasado por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, durante la guerra civil salvadoreña. Se presume que el exmandatario abandonó el país en febrero de 2022.

La nueva “guerra” anunciada por Bukele ha sido cuestionada por analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y contra la corrupción. Temen que la medida sirva únicamente para apresar a los enemigos políticos del presidente a menos de un año de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para febrero y marzo del próximo año.

“No existe una política pública de combate a la corrupción en este Gobierno. Lo que sí puede existir ahora es una persecución de contrincantes políticos que incomodan al poder bajo la supuesta bandera de combatir la corrupción. Pero mientras no se toque al círculo cercano al poder, no podemos hablar de un real combate a la corrupción”, dijo Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador.

Solo en el último año, las autoridades salvadoreñas han capturado a más de 68.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Sin embargo, miles de inocentes han sido capturados y decenas han muerto torturados en prisión sin haber sido juzgados, según han denunciado organismos de derechos humanos.

Otros señalan que la nueva “guerra” podría ser un caso de revanchismo familiar. En 2014, antes de fallecer, Armando Bukele, padre del actual mandatario, escribió en su cuenta de Twitter que Cristiani había intentado romper su familia. “Pero gracias a él, nos hizo más fuertes. ¡Hoy, que lo intente!”, escribió. Para entonces, su hijo iniciaba su carrera política como alcalde de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán.

Ahora, tras cuatro años como presidente, Bukele controla todo el sistema de justicia en El Salvador. Llegó al poder en 2019 ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción.