El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018 por haber sido condenado por corrupción, afirmó este martes que el exgobernante de Ecuador Rafael Correa también fue víctima del "uso político de la Justicia".

"Mi solidaridad al compañero Rafael Correa, víctima de una condena injusta y abusiva, cuyo único objetivo es impedirlo de ser candidato en las elecciones de Ecuador", afirmó Lula en un mensaje que publicó en sus redes sociales en reacción a la decisión judicial que inhabilitó al expresidente ecuatoriano.

"De nuevo se produce el uso político de la Justicia, al servicio de las elites y de los intereses extranjeros. Ya vimos esa película", agregó el que fuera el presidente más popular en la historia de Brasil.

Una decisión judicial divulgada el lunes frustró definitivamente la intención del expresidente de Ecuador de disputar las elecciones presidenciales del 7 de febrero próximo como candidato a vicepresidente.

Un tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador rechazó el recurso en el que Correa pidió la anulación de la sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por cohecho en un proceso vinculado a los sobornos que, según la Justicia dio por probado, el entonces mandatario recibió entre 2012 y 2016.

Según la decisión del tribunal en última instancia, no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros quince sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictámen.

Lula, de 74 años, se dice un perseguido político como Correa y asegura que las condenan que le han sido impuestas por corrupción tan sólo tuvieron la intención de impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2018, en las que las encuestas lo señalaban como favorito.

El expresidente brasileño ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con los desvíos ocurridos en la estatal Petrobras, aunque actualmente responde en libertad tras haber pasado un año y siete meses en la cárcel.

Aunque está en libertad y su condena definitiva depende de la respuesta a los recursos que interpuso ante tribunales superiores, la legislación brasileña prohíbe que personas condenadas en segunda instancia, como es su caso, puedan aspirar a mandatos públicos.