El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, recurrió a dos generales en servicio pasivo (retirados) de las Fuerzas Armadas para guiar la política de seguridad nacional en un momento de crisis ante el embate de la delincuencia y de la sanguinaria violencia del crimen organizado.

Por un lado, Paco Moncayo se posesionó como consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, un cargo de nueva creación, y por otro, Wagner Bravo hizo lo propio como secretario de Seguridad Pública y del Estado, en lugar de Diego Ordóñez, que dimitió tras la matanza de 9 personas en un puerto pesquero de Esmeraldas.

Lasso firmó las designaciones de ambos militares en una ceremonia celebrada este miércoles en el Palacio de Carondelet, sede del poder ejecutivo, donde aseguró que con ellos "se abre una nueva etapa para seguir luchando en contra de la inseguridad ciudadana".

Moncayo señaló que aceptó el cargo "sin reservas ni condiciones, sin pedir nada a cambio" porque "cuando se trata de la defensa de los intereses vitales de una nación, el aporte honesto y entusiasta de cada ciudadano es un deber irrenunciable".

El exalcalde quiteño aseguró que "la patria está en peligro" y "enfrentar al crimen organizado requiere de una respuesta contundente, que debe surgir desde el conjunto de la sociedad y desde todas las instancias de la política" para lograr que Ecuador vuelva a ser "una isla de paz".

"La tarea será ardua y el camino será escabroso", advirtió Moncayo, para quien los ecuatorianos sufren "la angustia de verse acosados por fuerzas oscuras y peligrosas", en medio de "la percepción generalizada de vivir una horrible pesadilla y que la zozobra se ha vuelto insoportable".

"GRAN CRUZADA" CONTRA LA VIOLENCIA

De su lado, Bravo, que participó en la Guerra del Cenepa contra Perú (1995), señaló que Ecuador se encuentra en una "gran cruzada nacional contra la violencia" y advirtió la incertidumbre que genera en los ecuatorianos el "ataque indiscriminado de grupos violentos".

El nuevo secretario de Seguridad Pública prometió una "batalla contra el crimen organizado" y "mano dura, porque el 99,9 % de los ecuatorianos desean una cultura de paz, un territorio de paz y democracia libre de corrupción".

Entre las primeras medidas que se espera que tome el Gobierno tras la designación de estos dos cargos está la de declarar como organizaciones terroristas a las bandas criminales que actúan en el país, algo que se debatirá y evaluará este jueves en la reunión Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

ACCIONES TILDADAS DE "TERRORISTAS"

Esta propuesta se da en un momento donde ha causado conmoción en el país algunas acciones de estos grupos, como la matanza recientemente sucedida en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde alrededor de 30 hombres armados mataron a 9 personas tras irrumpir en el lugar y acribillar a quienes se encontraban a su paso.

De acuerdo a las autoridades, la masacre estuvo relacionada supuestamente con la disputa de dos bandas criminales por el control del lugar y en escarmiento a los lugareños que presuntamente habían preferido la protección a cambio de dinero que les ofrecía la banda rival.

La acción fue calificada de terrorista por parte del Ejecutivo, y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha afirmado incluso que Ecuador se encuentra "en guerra" contra "el terrorismo del crimen organizado".

Los asesinatos a manos de sicarios y la aparición de cuerpos abandonados o desmembrados se ha vuelto una tónica habitual en varias zonas de Ecuador, especialmente aquellas de la costa donde el narcotráfico ha ganado relevancia al utilizar puertos como el de Guayaquil para mandar grandes cantidades de cocaína a Norteamérica y Europa.