La junta birmana militariza las calles tras la jornada más sangrienta
15 de marzo de 2021 (08:31 h.)
Tras la jornada más sangrienta de la presión policial en Birmania (Myanmar), el Ejército extendió este lunes la ley marcial e incrementó la militarización de las calles para reprimir las protestas, en las que han muerto ya al menos 126 manifestantes por los disparos de la policía y los soldados.
En medio de una mayor presencia militar y la ley marcial en gran parte de Rangún, muchos birmanos volvieron en varias ciudades del país a salir a pedir democracia en desafío a los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y los disparos con munición de goma y real.
Según el periódico Irrawaddy, al menos tres personas fallecieron hoy por disparos en Myingyan, cerca de la ciudad de Mandalay, mientras que un número indeterminado resultó herido por los disparos de soldados y policías, que abrieron fuego contra los participantes en una protesta.
EXTENSIÓN DE LA LEY MARCIAL
Este lunes, la junta militar extendió la ley marcial a cuatro distritos industriales y densamente poblados de Rangún, la antigua capital, tras el fin de semana en el que murieron al menos 47 manifestantes, 39 solo el domingo, debido a los disparos de policías y soldados.
La víspera, la medida de excepción también se declaró en otros distritos de Rangún como Hlaing Than Yar, donde ayer hubo 22 muertos en las protestas y ardieron varias fábricas de textil, incluidas algunas propiedad de empresarios chinos.
La Embajada de China en Birmania reclamó a las autoridades "detener" a los autores de los incendios y "garantizar la seguridad de las empresas y el personal chino", en un comunicado colgado en la red social Facebook
Por su parte, el Movimiento de Desobediencia Civil, que organiza las manifestaciones contra la junta a escala nacional, responsabilizó a los militares de los incendios.
"La junta terrorista es totalmente responsable del incendio de las fábricas chinas", señaló el grupo en su cuenta de Twitter.
Pekín ha ejercido su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una condena explícita del golpe de Estado en Birmania, lo que es visto por muchos de los manifestantes como un apoyo explícito del gigante asiático a los militares birmanos.
JAPÓN SE UNE A LA CRÍTICA INTERNACIONAL
Desde Tokio, el Gobierno japonés se unió a las críticas que le llueven a Birmania de la comunidad internacional y se mostró hoy "muy preocupado" y criticó a la junta militar por el continuo uso de la fuerza letal contra los manifestantes pacíficos.
"Japón critica fuertemente que, a pesar de las sucesivas peticiones de la comunidad internacional para detener la violencia contra los civiles, ésta continúe", dijo el ministro portavoz japonés, Katsunobu Kato.
Por su parte, el relator de la ONU para Birmania, Tom Andrews, señaló hoy que estaba "devastado e indignado" por las muertes del domingo.
"Los líderes de la junta no deben estar en el poder, sino entre rejas. Se debe cortar el suministro de armas y de efectivo. Llamo a los estados miembros de Naciones Unidas para que actúen al respecto", dijo en su cuenta de Twitter.
Los manifestantes en Birmania condenan el golpe militar del pasado 1 de febrero y exigen el respeto de los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi.
JUICIO CONTRA SUU KYI
Suy Kyi tenía previsto comparecer hoy vía videoconferencia ante un tribunal birmano, pero se suspendió por problemas técnicos, después de que la junta bloqueara el acceso a internet.
La tercera vista del juicio de la líder electa fue aplazada hasta el 24 de marzo, indicó el abogado Khin Maung Zaw en las puertas del tribunal de Naipyidó.
Desde que fue detenida el 1 de febrero, Suu Kyi, de 75 años, está prácticamente incomunicada y se le ha acusado de cuatro delitos, entre ellos, aceptar un soborno o importar dispositivos telefónicos.
La condena por esos delitos supondría penas de cárcel para Suu Kyi, antigua consejera de Estado y exministra de Exteriores y quien pasó en total 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar.
El cambio de fecha coincide con el corte desde la noche del domingo del acceso a la conexión de datos de los teléfonos móviles a escala nacional, aunque sí está disponible la conexión por cable o vía línea fija desde primera hora de la mañana.
Desde los primeros día después del golpe, las autoridades limitan a voluntad el acceso a internet y han tratado de bloquear Twitter y Facebook, aunque muchos se saltan la prohibición mediante programas VPN.
La junta militar, que mantiene detenidos a más de 1.800 personas por su oposición al golpe, justificó la toma del poder por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
En medio de una mayor presencia militar y la ley marcial en gran parte de Rangún, muchos birmanos volvieron en varias ciudades del país a salir a pedir democracia en desafío a los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y los disparos con munición de goma y real.
Según el periódico Irrawaddy, al menos tres personas fallecieron hoy por disparos en Myingyan, cerca de la ciudad de Mandalay, mientras que un número indeterminado resultó herido por los disparos de soldados y policías, que abrieron fuego contra los participantes en una protesta.
EXTENSIÓN DE LA LEY MARCIAL
Este lunes, la junta militar extendió la ley marcial a cuatro distritos industriales y densamente poblados de Rangún, la antigua capital, tras el fin de semana en el que murieron al menos 47 manifestantes, 39 solo el domingo, debido a los disparos de policías y soldados.
La víspera, la medida de excepción también se declaró en otros distritos de Rangún como Hlaing Than Yar, donde ayer hubo 22 muertos en las protestas y ardieron varias fábricas de textil, incluidas algunas propiedad de empresarios chinos.
La Embajada de China en Birmania reclamó a las autoridades "detener" a los autores de los incendios y "garantizar la seguridad de las empresas y el personal chino", en un comunicado colgado en la red social Facebook
Por su parte, el Movimiento de Desobediencia Civil, que organiza las manifestaciones contra la junta a escala nacional, responsabilizó a los militares de los incendios.
"La junta terrorista es totalmente responsable del incendio de las fábricas chinas", señaló el grupo en su cuenta de Twitter.
Pekín ha ejercido su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una condena explícita del golpe de Estado en Birmania, lo que es visto por muchos de los manifestantes como un apoyo explícito del gigante asiático a los militares birmanos.
JAPÓN SE UNE A LA CRÍTICA INTERNACIONAL
Desde Tokio, el Gobierno japonés se unió a las críticas que le llueven a Birmania de la comunidad internacional y se mostró hoy "muy preocupado" y criticó a la junta militar por el continuo uso de la fuerza letal contra los manifestantes pacíficos.
"Japón critica fuertemente que, a pesar de las sucesivas peticiones de la comunidad internacional para detener la violencia contra los civiles, ésta continúe", dijo el ministro portavoz japonés, Katsunobu Kato.
Por su parte, el relator de la ONU para Birmania, Tom Andrews, señaló hoy que estaba "devastado e indignado" por las muertes del domingo.
"Los líderes de la junta no deben estar en el poder, sino entre rejas. Se debe cortar el suministro de armas y de efectivo. Llamo a los estados miembros de Naciones Unidas para que actúen al respecto", dijo en su cuenta de Twitter.
Los manifestantes en Birmania condenan el golpe militar del pasado 1 de febrero y exigen el respeto de los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi.
JUICIO CONTRA SUU KYI
Suy Kyi tenía previsto comparecer hoy vía videoconferencia ante un tribunal birmano, pero se suspendió por problemas técnicos, después de que la junta bloqueara el acceso a internet.
La tercera vista del juicio de la líder electa fue aplazada hasta el 24 de marzo, indicó el abogado Khin Maung Zaw en las puertas del tribunal de Naipyidó.
Desde que fue detenida el 1 de febrero, Suu Kyi, de 75 años, está prácticamente incomunicada y se le ha acusado de cuatro delitos, entre ellos, aceptar un soborno o importar dispositivos telefónicos.
La condena por esos delitos supondría penas de cárcel para Suu Kyi, antigua consejera de Estado y exministra de Exteriores y quien pasó en total 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar.
El cambio de fecha coincide con el corte desde la noche del domingo del acceso a la conexión de datos de los teléfonos móviles a escala nacional, aunque sí está disponible la conexión por cable o vía línea fija desde primera hora de la mañana.
Desde los primeros día después del golpe, las autoridades limitan a voluntad el acceso a internet y han tratado de bloquear Twitter y Facebook, aunque muchos se saltan la prohibición mediante programas VPN.
La junta militar, que mantiene detenidos a más de 1.800 personas por su oposición al golpe, justificó la toma del poder por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
