El juez Rafael Martínez volvió a postergar este miércoles, por tercera vez, su decisión sobre si abrirá juicio oral contra el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por la denuncia de esterilizaciones forzadas durante su Gobierno.

El magistrado del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado suspendió la lectura de la resolución, que está siendo traducida al quechua en cada audiencia, hasta el próximo 11 de octubre.

En este caso se plantea procesar por autoría "mediata" (con dominio del hecho) a los máximos responsables de las esterilizaciones, entre ellos Fujimori y los entonces ministros de Salud, que causaron la muerte de ciudadanas como Mamérita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

La lectura de la resolución empezó el 14 de septiembre último, pero en esta jornada Martínez ahondó sobre los deberes del Estado y los derechos de los ciudadanos protegidos en el sistema interamericano de derechos humanos.

Recordó que los Estados están obligados de manera consciente a respetar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que su incumplimiento genera una responsabilidad dentro del campo del derecho internacional.

En la víspera, la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas denunció que un grupo vinculado al partido fujimorista Fuerza Popular las atacó verbal y físicamente cuando realizaban una manifestación frente al Palacio de Justicia para pedir al juez que abra el proceso sin más dilación.

LESIONES SEGUIDAS DE MUERTE

Durante la etapa de acusación, el fiscal Pablo Espinoza afirmó que Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, es "el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas" realizadas durante su Gobierno.

Por ese motivo, planteó que se le enjuicie junto con sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actual congresista del partido Fuerza Popular.

En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.

ESTERILIZAR EN LOS ANDES

Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo "cuotas" para los médicos a cargo de las operaciones.

Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, durante esos años se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado.

No obstante, poco más de 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

En una audiencia previa, el juez Martínez señaló que este programa "puso atención en las familias que representaban un sector de bajos ingresos, con nivel educativo ineficiente" y que "para el éxito debía de existir una captación en aquellas zonas rurales con ese tipo de características, que era donde existía la mayor tasa de natalidad" en el país.