El Gobierno de Chile extiende la militarización por quince días más en el conflictivo sur
30 de mayo de 2022 (17:54 h.)
El Gobierno de Chile anunció este lunes que prorrogará el estado de excepción en la zona sur del país donde existe el llamado conflicto mapuche y la semana pasada fue asesinado un indígena que trabajaba en una forestal.
"El presidente de la República ha dispuesto prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos que fue emanado en la primera oportunidad", informó la ministra del interior, Izkia Siches.
Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener la medida durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el pasado 17 de mayo el estado de excepción por 15 días en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la vecina región del Biobío.
El estado de excepción permite, entre otras medidas, desplegar a los militares en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público.
La medida, que se extenderá durante dos semanas más, es "adecuada" y se ha traducido en "una disminución en algunos eventos", indicó la ministra.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En ese contexto se producen casi a diario ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta, así como tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
El último incidente tuvo lugar el pasado 24 de mayo, cuando un trabajador mapuche que se dirigía a una faena forestal y falleció tras recibir un tiro en la cabeza por parte de un grupo de encapuchados.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado transversal a las distintas fuerzas políticas a respaldar la estrategia que se está dando para este territorio, entendiendo que es un momento en que nuestro país espera unidad y claridad", añadió Siches.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas transversales y de largo plazo.
"El presidente de la República ha dispuesto prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos que fue emanado en la primera oportunidad", informó la ministra del interior, Izkia Siches.
Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener la medida durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el pasado 17 de mayo el estado de excepción por 15 días en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la vecina región del Biobío.
El estado de excepción permite, entre otras medidas, desplegar a los militares en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público.
La medida, que se extenderá durante dos semanas más, es "adecuada" y se ha traducido en "una disminución en algunos eventos", indicó la ministra.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En ese contexto se producen casi a diario ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta, así como tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
El último incidente tuvo lugar el pasado 24 de mayo, cuando un trabajador mapuche que se dirigía a una faena forestal y falleció tras recibir un tiro en la cabeza por parte de un grupo de encapuchados.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado transversal a las distintas fuerzas políticas a respaldar la estrategia que se está dando para este territorio, entendiendo que es un momento en que nuestro país espera unidad y claridad", añadió Siches.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas transversales y de largo plazo.
