La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada ayer a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para Fernández, ese veredicto tiene su origen en una “mafia judicial paraestatal” y reiteró su inocencia en la causa.

JUICIO

Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández en la denominada “causa Vialidad” es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

La expresidenta, de 69 años, y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También impuso diversas penas de entre tres años y medio y cinco años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseimiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidenta en el proceso judicial.

FERNÁNDEZ SE DEFIENDE

En una intervención telemática desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse el veredicto, Fernández aseveró nuevamente que la condena en su contra, la cual confirmó que apelará, ya “estaba escrita”.

“La idea era condenarme como finalmente lo hicieron”, sostuvo la mujer que gobernó Argentina entre 2007 y 2015.

Rechazó ser responsable por defraudación a la Administración pública pues, como presidenta, no tuvo manejo en las leyes de Presupuesto donde se incluyeron las obras públicas que fueron objeto de este juicio ni administró ni ejecutó esos Presupuestos, una responsabilidad en cabeza del jefe de Gabinete de ministros. La Vicepresidenta aseguró que ninguna de las acusaciones formuladas por los fiscales que intervinieron en este juicio eran ciertas y dijo que, más que un 'lawfare' (hostigamiento judicial), ella ha sido blanco de una “mafia”.