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  • Diario Digital | miércoles, 08 de febrero de 2023
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Familiares de víctimas de femicidios piden a Lasso una ley de reparación integral

Sobre Lasso
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Familiares de víctimas de femicidios piden a Lasso una ley de reparación integral
 La Red de Familias de Víctimas de Femicidio de Ecuador pide al Gobierno del presidente Guillermo Lasso que impulse la aprobación de una ley específica y que eleve a política pública la reparación integral y multidimensional de familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas de niñas y mujeres, porque tras los asesinatos las familias quedan "desamparadas".

En lo que va de 2022, 345 mujeres han sido asesinadas de forma violenta, la cifra más alta desde 2014 cuando empezaron a registrarse oficialmente los femicidios. En estos ocho años, se han contabilizado 1.639 muertes violentas de mujeres y 861 de ellas han dejado 795 hijos e hijas en la orfandad, según datos de la Fiscalía.

Sin embargo, aunque la reparación integral a las víctimas de delitos consta en la Constitución y en el Código Penal, las familias aseguran que esto no se cumple y que exigirla las lleva por un engorroso camino judicial que, generalmente, terminan abandonando por falta de recursos.

"Tenemos una reparación psicológica, médica y económica, ¿cuál de las tres se cumple? Ninguna. En la parte psicológica y médica a veces hacen una o dos visitas y de ahí no más", denuncia a EFE Sonia Salamea, representante de la Red de Familias y madre de Cristina Palacio Salamea, asesinada en 2017 por un compañero de trabajo en una ciudad de la Sierra de Ecuador.

La única compensación, dice, que algunas familias reciben es un bono que desde 2019 el Gobierno entrega a 121 hijos e hijas de víctimas de femicidio tras una sentencia ejecutoriada.

El valor de ese bono oscila entre el 20 y el 54 % del salario básico (425 dólares) en función del número de hijos que quedan en la orfandad. La actual administración esperaba entregar ese bono a 563 huérfanos más tras incluir este año a los hijos de mujeres que fallecieron por los delitos de asesinato, homicidio y violación con muerte.

MÁS QUE UN BONO PARA LAS FAMILIAS

Pero por el trabajo de acompañamiento que Salamea ha hecho a otras familias de mujeres asesinadas y por su propia experiencia, asegura que lo que falta es que se garantice la educación y salud de los hijos y que se vele por el correcto cumplimiento de las sentencias, especialmente en lo relacionado con las indemnizaciones.

"Para conseguir una reparación económica se necesita un nuevo proceso. Una vez que se termina el juicio del femicidio hay que comenzar otro que parte de la misma víctima, el Estado no se hace cargo. Que se haga responsable evitaría la revictimización", explica.

"Imagine que una familia que ya pasó toda una etapa de juicio desgastante económicamente, psicológicamente y de salud, tiene que iniciar otro para pedir una reparación que muchas veces no tiene parámetros. A un hombre que ha sido un estibador le exigen 100 salarios mínimos, ¿podrá reparar? No. El Estado tiene que ver cómo se repara, cómo pone parámetros para ese tipo de reparaciones", relata.

Por otro lado, Walleska Pareja, representante de la Coalición Nacional de Mujeres y quien apoya a la Red de familias en esta lucha, asegura que acceder al bono que otorga el Gobierno también ha representado muchas dificultades para las familias y considera que la cantidad otorgada es "ínfima".

"Además, entre los familiares de las víctimas de femicidio no solo hay niños, niñas y adolescentes. Sin duda ellos deben tener una prioridad, pero también hay madres y padres adultos mayores que dependían de la víctima. Hay personas con discapacidad que también estaban a cargo de la víctima y que quedan completamente en la indefensión", explica.

La Coalición mandó en marzo de este año un informe al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objetivo de que cuestione al Estado ecuatoriano por este tema.

El Gobierno, por su parte, ha asegurado por medio de comparecencias de varios ministros en la Asamblea Nacional (Parlamento) que sí hace acompañamiento a las familias. Aunque ha admitido que es necesario tener una mejor coordinación entre ministerios y registros de víctimas claros para dar mayor atención.

UN PROYECTO EN ANÁLISIS

Debido al pedido de las familias, la asambleísta Dallyana Passailaigue ha presentado un proyecto de ley que busca que el Estado brinde acompañamiento institucional, económico y emocional a hijas e hijos de mujeres que han sido asesinadas, pero también a sus madres, padres y demás familiares.

"La realidad es que no existe una verdadera reparación aun cuando se cuenta con una sentencia", confirma la legisladora. En el caso del bono, agrega, no es que no haya dinero para expandirlo a más familiares, sino que el Gobierno no ejecuta el presupuesto.

Además, dice, "ni siquiera tienen un registro de los hijos e hijas que han quedado en situación de orfandad", por lo que "solo llega al 8,3 % de los que deberían recibirlo". "No les interesa. Hay un desinterés grande y grave porque hay un decreto. Debería darse el bono y no se da".

De aprobarse esta propuesta, el Estado estaría obligado, entre otras cosas, a prestar servicios de salud de manera preferente y prioritaria, sobre todo en atención psicológica y psiquiátrica, desde el momento de la noticia del delito; a generar becas estudiantiles y acciones afirmativas para el acceso al empleo de hijas, hijos o demás familiares que deben hacerse cargo de los menores.

La asambleísta espera que este proyecto ley, que recién se analiza en una comisión, se apruebe lo más rápido posible y con el apoyo de todos los parlamentarios, incluidos los oficialistas. "Creo que absolutamente nadie con una pizca de humanidad, de sensatez y de responsabilidad hacia su labor legislativa podría oponerse a algo que solamente pretende aliviar el dolor de las familias que han perdido a un ser querido de la manera más atroz y cruel que pueda existir".

Lo mismo esperan desde la Coalición de Mujeres, quienes piden a la Asamblea que haga el esfuerzo de "sacar la mejor ley posible", pero también hacen un llamado al Gobierno para que, de aprobarse, no quede en papel. "Tiene el deber de operativizarla y de hacerla realidad", zanja Pareja.