El abogado Javier Villa Stein, expresidente del Poder Judicial entre 2009 y 2010, solicitó la nulidad de la segunda vuelta presidencial en Perú y convocar a un nuevo proceso, mediante una acción de amparo, con el fin de impedir la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como presidente de la República.

Villa Stein presentó este viernes la acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima con el fin de que "se declare nula la cuestionada elección del 6 de junio" y "se asegure la vigencia de la democracia" en Perú en el año del bicentenario de su independencia.

El exmagistrado, que ratificó el archivamiento de la denuncia de falsificación de firmas en la reelección del expresidente Alberto Fujimori en el 2000, sostuvo en el petitorio que se ordene a los órganos electorales "repetir dicho proceso electoral", de acuerdo a la legislación, de modo que se respete el derecho a la participación política de todos los peruanos.

SIN PRESIDENTE ELECTO PROCLAMADO

El balotaje del 6 de junio concluyó con la victoria de Castillo con 50.12% de la votación, frente a su rival, Keiko Fujimori, que obtuvo el 49.88%, al 100% del cómputo de votos, pero la proclamación aún no se ha realizado porque los jurados electorales están evaluando las actas impugnadas y los pedidos de nulidad presentados por el fujimorismo.

El abogado afirmó que, en la segunda vuelta, "fuimos testigos de un proceso electoral viciado por diversos actos que menoscaban la voluntad popular, erosionan la confianza del público en las instituciones y restan credibilidad a la jornada electoral", según el escrito publicado por el diario La República.

Sin embargo, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, compartió en Twitter una resolución del Tribunal Constitucional del 2011 que aclara que en ninguna circunstancia una acción de amparo puede suspender el calendario electoral y debe seguir su curso.

Villa Stein agregó que esta situación ha dado lugar a "una profunda crisis política" que debilita las instituciones y "polariza a los peruanos hasta el punto de poner en duda la continuidad del Estado de Derecho y el mantenimiento de la convivencia pacífica" en el país.

PEDIDOS DE NULIDAD RECHAZADOS

La gran mayoría de las más de 800 solicitudes presentadas por el partido fujimorista para anular mesas de sufragio han sido rechazadas por haber sido presentadas fuera del plazo o por no haber pagado la tasa correspondiente para el trámite.

Fuerza Popular está apelando esas denegatorias bajo el argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral en Perú, extendió de manera extraordinaria el plazo para la presentación de estos recursos, algo que el propio ente electoral ha aclarado no fue así.

Además, la mayoría de las anulaciones solicitadas se basan en que las firmas de los miembros de mesa no coinciden exactamente con las rubricas de los mismos que figuran en el registro civil, y también en la existencia de lazos de consanguinidad entre algunos integrantes de la mesa de votación.

Por ahora los jurados electorales están declarando infundadas estas solicitudes de nulidad al argumentar que esas sospechas no probadas resultan insuficientes para anular el derecho al voto emitido de buena fe por los electores de esas mesas de sufragio.

EXMILITARES LLAMAN A LOS CUARTELES

En medio de este clima de incertidumbre, un grupo de cientos de militares en retiro remitió el jueves una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para solicitar a la jerarquía militar que no reconozca a Castillo como presidente electo y sugerir lo que en la práctica sería un golpe de Estado.

A raíz de esta misiva, el presidente transitorio, Francisco Sagasti, declaró este viernes que "es inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos para que quebranten el Estado de Derecho".

El mandatario recordó que, "en una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y escrupulosamente respetuosas de la Constitución".

Además, Sagasti anunció que la carta ha sido enviada a la Fiscalía para que procedan con las investigaciones que consideren oportunas.