La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de obligar a las empresas de más de cien empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra la COVID-19 o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores en Estados Unidos.

La Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas, o dos tercios del total de los trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia.

El movimiento de Biden ha sido bienvenido por parte de grandes compañías con estructuras potentes, como Google, que ya activaron un plan de vacunación entre sus empleados durante el verano, según contó a EFE una portavoz de la multinacional estadounidense.

Otros gigantes como United Airlines, McDonald's y Walt Disney también habían tomado esta decisión con anterioridad.

“PRECEDENTE ATERRADOR” Varias asociaciones que representan a las pequeñas y medianas empresas, con menos recursos que potentes multinacionales, criticaron que la Administración no tuviera en cuenta su opinión antes de promulgar tal orden y temen que esta acción “siente precedente”.

Algunos han hecho conocer su descontento. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, calificó la medida “como un asalto a las empresas privadas”.

Hay quien piensa incluso que la decisión es “inconstitucional” y que pretenden “enfrentar a los empleadores contra sus empleados con la amenaza de multas”.