Chile celebra el domingo 4 de septiembre un plebiscito de salida que definirá el destino de la propuesta de nueva Constitución en Chile. 

Serán 15.1 millones de ciudadanos los convocados a las urnas de manera obligatoria, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Es un texto que propone un cambio profundo en la institucionalidad chilena, como la declaración de un Estado social de derecho, y que termina con instituciones que han acompañado a toda la República, como el Senado.

Las últimas encuestas conocidas antes de la prohibición de publicar nuevos sondeos de opinión otorgan una ventaja de alrededor de 10 puntos a la opción de los que rechazarán el texto. Los expertos electorales, aunque consideran complejo un cambio de las tendencias, no descartan que pueda darse vuelta al tablero, sobre todo considerando la forma en que el Gobierno de Gabriel Boric se ha desplegado por la nueva Constitución, fundamental para llevar adelante la batería de reformas comprometidas.

El texto que se plebiscitará no se realiza al final de un periodo autoritario, como era costumbre en el pasado, sino por el deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas.

El 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social. La mecha se prendió a propósito de un alza en la tarifa del metro de Santiago, con secundarios saltando las barreras de control del subterráneo, pero derivó en intensas jornadas de protesta con gran violencia y, en paralelo, con masivas manifestaciones pacíficas.

El 25 de octubre de 2020, tras un aplazamiento por la pandemia, se celebró finalmente el plebiscito para definir si los chilenos querían o no una nueva Constitución, donde participó la mitad de los electores. El resultado fue categórico: un 78% apoyó la idea de una nueva Carta Fundamental, con un electorado variopinto que incluyó a la centroizquierda e, incluso, a ciertos sectores de la derecha.

Algunos meses más tarde, a mediados de mayo de 2021, la ciudadanía nuevamente volvió a las urnas para elegir a los 155 convencionales.

El 4 de julio de 2021 la convención constitucional comenzó su trabajo y eligió a la académica mapuche Elisa Loncon como su primera presidenta (luego fue reemplazada, como era el acuerdo). El órgano tenía un plazo de nueve meses prorrogable a un año para presentar una propuesta de Constitución, lo que cumplió, pese a que en algún momento se temió que no lo lograría.