El Gobierno de Argentina dispuso realizar el próximo año una "corrección tarifaria" del 20% para los servicios de gas natural y energía eléctrica, informaron este jueves fuentes oficiales.

"La corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la generalidad de los usuarios", anunció el secretario de Energía argentino, Darío Martínez, a través de su cuenta en Twitter.

El aumento está por debajo de la tasa de inflación acumulada este año, cercana al 50%, y de la prevista para 2022, proyectada en 52.1%.

También está por debajo de la evolución del índice de salarios que, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, acumuló un alza del 46.5% en los primeros 10 meses del 2021.

Martínez aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández "siempre" hará "correcciones tarifarias" menores que los aumentos de los salarios.

"Los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre superarán los aumentos de las tarifas en función de la recuperación del salario real", dijo.

Por otra parte, informó que desde el próximo año se aplicará una "segmentación" de los subsidios estatales a los consumos de gas y electricidad "que tiene como objetivo un uso más inteligente, eficiente y equitativo de los mismos".

La segmentación implicará que algunos usuarios de servicios que viven en sitios con alta cotización inmobiliaria no reciban más los subsidios que entrega el Estado y, por lo tanto, tengan que pagar el 100% de la tarifa, independientemente del aumento dispuesto para 2022.

Las tarifas de servicios públicos en Argentina estuvieron congeladas por muchos años y últimamente las actualizaciones han sido muy por debajo de la evolución de la inflación, por lo que el Estado cada vez paga más subsidios en los sectores de la energía eléctrica y la distribución de gas natural.

Expertos han ligado este aumento de tarifas y la reducción de los subsidios a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar multimillonarias deudas, ya que el organismo exigiría al país suramericano una mayor disciplina fiscal.