40 linchamientos en cinco años y la impunidad alcanza al 97 por ciento
En Bolivia no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos. La mayoría de las autoridades que opina sobre ellos, se basa en datos registrados por los medios de comunicación, que sólo tienen cifras parciales, debido a que no todos los casos son denunciados. Un recuento efectuado por el departamento de Planeamiento del Comando de la Policía, señala que 40 personas han sido ejecutadas entre 2008 y 2013, en Cochabamba.
De estos casos, sólo uno ha llegado a estrados judiciales y ha obtenido una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para ocho personas halladas culpables del linchamiento de tres policías en Epizana, sucedido el 26 de febrero de 2008. Debido a que la sentencia no fue ejecutoriada en Sucre, en los plazos establecidos, los condenados presentaron recursos de casación y hoy están libres.
El primer caso que llegó a juicio oral fue el del linchamiento ocurrido en Arbieto, el 12 de julio de 2005. Dos hombres fueron quemados vivos en la plaza, acusados de intento de robo de una bicicleta. Dos personas fueron detenidas, llevadas a juicio y sentenciadas. Sin embargo, el proceso fue anulado por defectos procesales y tuvo que repetirse hace unos días, después de ocho años.
Las investigaciones en los otros casos no han prosperado y las muertes han quedado impunes, lo que alimenta, entre otros factores, la aplicación de estas ejecuciones en barrios, comunidades y provincias como el Chapare, donde 22 personas han sido linchadas en cinco años.
LAS CAUSAS
Después de un linchamiento, los vecinos de los barrios o comunidades que fueron escenarios de estos crímenes vuelven a su rutina cotidiana, como si nada hubiera pasado. Nadie habla de lo ocurrido y la calma vuelve por un tiempo al lugar. El abogado Raúl Cáceres Gonzáles asegura que los linchamientos ocurren en los momentos de mayor anomia (ausencia de ley) y son válvulas de escape que liberan la ira contenida por la ausencia de una efectiva y oportuna aplicación de la ley.
Cáceres añade que los linchamientos se originan en un conjunto de factores, desde la insatisfacción de las necesidades básicas que genera pobreza, la ausencia de educación en los programas nacionales en relación al respeto a la vida de las personas, hasta la desconfianza en la Policía, la Fiscalía y los jueces para frenar los avances de la delincuencia con castigos ejemplarizadores. Varias autoridades y habitantes señalan esta última causa como la más importante. La mercantilización de la ley y la corrupción de algunos operadores de justicia profundizan la desconfianza y surgen los sentimientos de frustración.
En regiones como el Chapare o los barrios periurbanos, el control policial es incipiente. El Estado no tiene presencia y no ofrece seguridad jurídica.
Otro factor es la confusión que existe en sectores urbanos y rurales sobre el concepto y los alcances de la justicia comunitaria. Los linchadores creen que aplican justicia comunitaria y justifican sus acciones de esa manera. Según el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en el actual período de gobierno “los linchamientos se han convertido en una horrorosa moneda corriente. Los argumentos de las comunidades donde se producen son que la justicia ordinaria nunca detiene ni castiga a los delincuentes (presuntos o reales) y que los linchamientos son excesos que se salen de control”.
El argumento del gobierno es que son hechos que nada tienen que ver con la justicia comunitaria porque ésta no quita la vida sino que corrige conductas.
“Lo objetivo es que ocurren cada vez con más frecuencia y nadie, o casi nadie, va preso ni es juzgado por tales actos de barbarie. En tanto, hasta hoy, nadie sabe exactamente qué, cómo, dónde y cuándo tendremos parámetros claros en lo que se refiere a la concepción, definición, jurisdicción y aplicación de la justicia comunitaria y cómo se vinculará ésta con la justicia republicana. Por el momento los hechos van por delante de las leyes, el posicionamiento del poder atrabiliario de algunas comunidades está demostrando que el Estado pierde soberanía sobre su propio territorio”, desde el punto de vista de Mesa.
Un estudio de la organización Acción Andina Bolivia, en los barrios populares de Cochabamba, sobre las percepciones de la inseguridad ciudadana, tiene un acápite denominado “Los linchamientos como respuesta de emergencia”, en el que los autores Daniel Goldstein, Eric Hinojosa, Gloria Achá y Theo Roncken, coinciden en que los vecinos que entrevistaron muestran una confusión respecto al ámbito de aplicación de la justicia comunitaria y sus alcances.
El hecho de que el Código de Procedimiento Penal haya reconocido legalmente la existencia de estos sistemas en las comunidades indígenas y campesinas, manifiestan, ha dado lugar a algunas confusiones sobre sus ámbitos de aplicación y sus significados. Como ejemplo del halo de legitimidad que los vecinos pretenden darle a los linchamientos, publican el testimonio de una persona que explica: “El Código de Procedimiento Penal dice que está autorizada la justicia comunitaria. Si no llega la justicia ordinaria tendríamos que aplicar la justicia de esas leyes comunitarias. O sea, desaparecerles, colgarles (a los delincuentes)”.
Los sociólogos también se refieren a otros factores que inciden en los linchamientos. Los pobladores advierten cambios en el espacio urbano que impactan en sus vidas: los barrios crecen, el anonimato ha ganado terreno y los vecinos ya no se conocen como antes. Ha surgido una desconfianza hacia ‘el otro’, sobre todo cuando éste viene de otros lugares. Parece haberse generalizado una sensación de temor que se proyecta en figuras estereotípicas provocadoras del miedo, como el ‘taxi blanco’, la chichería como generadora de delito y el asaltante escondido entre las ramas de un árbol.
El crecimiento de los barrios viene acompañado de la pobreza y el desempleo, que para muchos son fruto de las políticas económicas aplicadas en los últimos veinte años. En este contexto de grandes inseguridades económicas, los vecinos perciben la existencia de presiones sobre una convivencia familiar susceptible a complicarse por una variedad de factores, entre los que se menciona a la imposibilidad de estar con los hijos durante el día, la falta de comunicación al interior de las familias, y falencias en el “control paternal”. Ante la ausencia de alternativas efectivas, en un contexto de carencias, desconfianza, tensiones y vulnerabilidades ante la vida y el delito, parece haber tomado fuerza el expediente más radical: la vía de la eliminación del ‘mal’ encarnado en el sospechoso del delito. Se materializa de esta forma la percepción existente en algunas personas de que el presunto delincuente es una persona despreciable, descartable y susceptible de ser eliminada sin rodeos.
Otras referencias señalan la presencia de un factor cultural en la ocurrencia de estas acciones: “Allá en Villa Primero de Mayo, los habitantes son de Achacachi. Si vas a Achacachi de noche no pasas, te matan y te comen”, “Los de Villa Pagador tienen esa reacción bien bruta porque son mineros, son aymaras”, dicen los vecinos entrevistados por Acción Andina.