Cadena perpetua para los feminicidas, crear un ministerio de las mujeres, disminuir la brecha salarial, que continúen los bonos para embarazadas y tolerancia cero en violencia contra niños, mujeres y adultos mayores son los temas principales en la oferta electoral enfocada hacia las mujeres en Bolivia.

La gravedad de la situación de violencia se expone en los datos de las mujeres víctimas de feminicidio. En Bolivia, del 1 de enero al 17 de septiembre de 2020, sumaron 86.

Los candidatos que quieren ser el próximo Gobierno incluyeron en sus programas electorales propuestas dirigidas a las mujeres y, en buena parte, haciendo referencia al tema de violencia.

La Coordinadora de la Mujer observa que los frentes políticos en carrera tienen la percepción predominante de “mujer madre, mujer víctima, mujer pobre, mujer vulnerable” y que, en esa perspectiva es que no visibilizan la desigualdad de género en Bolivia “y sus propuestas electorales no están asociadas a una decisión política de transformación de las actuales relaciones de poder, asentadas en el patriarcado”, de acuerdo con un análisis realizado en meses pasados.

Entre los principales candidatos nacionales, solo una mujer va a la Presidencia, María de la Cruz Bayá, de Acción Democrática Nacionalista (ADN); y dos a la Vicepresidencia, Tomasa Yarhui de Libertad y Democracia (Libre 219 y Ruth Nina, del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).

Hay siete organizaciones políticas en busca del Gobierno nacional, lo que se definirá en las elecciones del 18 de octubre.

CADENA PERPETUA

Libre 21 plantea para combatir la violencia contra la mujer y erradicar los feminicidios, endurecer las penas de violencia, creando oportunidades de capacitación, laborales y de emprendimiento para las mujeres.

Acota la creación de la Defensoría de la Mujer, “que fortalecerá el empoderamiento de las mujeres de sus derechos, con particular énfasis, el de una vida libre de violencia e implementando el programa de detección temprana de violencia contra la mujer, implementando centros de atención inmediata e integral a la mujer víctima de violencia (techo, comida, apoyo económico)”; el estableciendo procedimientos rápidos, efectivos y justos que impidan la doble victimización de la mujer o la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes; además, permitiendo la sumatoria de penas para autores de violencia contra la mujer, “imponiendo sanciones de cadena perpetua para los feminicidas”.

LUCHA PRIORITARIA

El Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) también hace referencia a los crecientes actos de violencia contra la mujer, “que en muchos casos se traducen en altos niveles de feminicidio”.

“Es por eso que declaramos enfáticamente como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”, expone el plan.

Por otro lado, incluye a la mujer, junto a los jóvenes, en programas para erradicar la pobreza, empleo digno e ingresos adecuados y en “procurar una mejor inserción laboral de la mujer, liberándola de las amplias obligaciones del cuidado familiar”.

SE MENCIONA EN UN BONO

El PAN-BOL menciona a la mujer solo al enumerar un grupo de beneficiarios de bonos, como las embarazadas; en lo referido a un sistema económico, donde exista tanto bien tangible e intangible como sea posible y tanto Estado como sea necesario. “En base a este principio, proponemos lo siguiente: Se deben mantener los bonos que benefician a los ancianos, a los niños y a las embarazadas. También se deben mantener los beneficios de la jubilación establecidos por Ley de Pensiones”.

MINISTERIO DE LAS MUJERES

Comunidad Ciudadana (CC) plantea la creación del Ministerio de las Mujeres, como institución que promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres. Propone también incentivos para dessegregar el mercado laboral para mujeres que hoy no pueden optar por trabajos mejor pagados; implementar un sistema, en tiempo real, para identificar brechas salariales en los sectores y las ocupaciones de mayor creación de empleo; por lo menos la mitad de becas de estudios para las mujeres.

Agrega la implementación de una política de Estado para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. “Nuestra política privilegiará cuatro ámbitos: empoderamiento político real, autonomía económica, sanciones más drásticas contra las formas de violencia y creación de institucionalidad eficiente para garantizar el cumplimiento de las leyes a favor de las mujeres”.

Además de atención inmediata y prioritaria a denuncias de violencia; igualdad y equidad de género en las instituciones públicas y en la sociedad; “gerentes mujeres”, fomentando mecanismos de certificación de igualdad de género en la estructura gerencial de empresas y del sector público.

DISMINUIR BRECHA SALARIAL

La alianza Creemos plantea la igualdad y entre sus propuestas incluye disminuir hasta eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo y que se fomente la participación de la mujer en espacios de representaciones políticas, empresariales y gremiales.

En lo referido a la violencia, propone un impulso en términos políticos y presupuestarios, para fortalecer la lucha contra la violencia de género, que permita reducir el número de feminicidios y de violaciones el año 2025 a menos de la mitad de las producidas el año 2019.

Para superar la violencia económica, ofrece la aprobación de disposiciones legales, que establezcan que las empresas con más de 50 trabajadores deberán contratar como mínimo a una mujer que haya sufrido o esté sufriendo violencia.

TOLERANCIA CERO

El Frente Para la Victoria (FPV) promueve la “tolerancia cero a la violencia contra niños, niñas, mujeres y ancianos”, a quienes identifica como los más vulnerables de la sociedad.

Dentro su programa electoral propone el Presidente de Estado, con el plan de lucha contra la violencia a niños, niñas, mujeres y adultos mayores, inicie una campaña nacional que involucre a ministerios y a los diversos poderes del Estado, gobiernos municipales y locales y la sociedad civil; apoyar a los gobiernos Municipales que desarrollen programas preventivos contra todas las forma de violencia; una campaña sostenida en medios de comunicación sobre los derechos de los niños, mujeres y ancianos; promover talentos y apoyarlos desde los primeros años de su formación educativa; promover una cultura de paz y respeto al prójimo, contra toda forma de violencia; y constituir equipos multidisciplinarios y de especialistas para abordar los problemas de la violencia.

APUNTES:

Principio de equivalencia

La Ley 026 del Régimen Electoral determina que “la democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación”.

Ministras

El porcentaje de mujeres ministras desde la instauración del voto universal en 1952 es de 7%, según los datos de la Coordinadora de la Mujer.

Derechos sexuales

La Coordinadora de la Mujer cuestiona que los derechos sexuales son los que menos atención y mención reciben en los programas de gobierno de las organizaciones políticas.

“En Bolivia, el control de la sexualidad y la reproducción son las claves de la subordinación de las mujeres en el sistema patriarcal. Desde el Estado, la cultura y la religión se asumen y garantizan la gestión, administración y control de los cuerpos femeninos a través de la legislación, de las políticas públicas y de las instituciones”, expresa.