Andrea (nombre cambiado) ingresó a dos escuelas de danza para forjarse como bailarina, pero halló un infierno tras ser víctima de violencia sexual por sus profesores entre 2016 y 2017. El caso de la adolescente, que en ese entonces tenía 16 años, desató un escándalo en Santa Cruz.

De los nueve acusados, siete fueron sentenciados a penas de entre 1 y 15 años de presidio. Una fue absuelta y otro, de nacionalidad peruana, se encuentra prófugo y fue declarado “rebelde”.

A 1.085 días de iniciarse el proceso, el director de la academia, cinco profesores y un alumno fueron declarados culpables, informó a OPINIÓN Carla Justiniano, abogada de la Casa de la Mujer Bolivia, institución que apoya legalmente a la madre de la víctima.

1. Kevin Inclan B., alumno de la escuela, recibió cuatro años de prisión por el delito de estupro.

2. Guillermo Temo R., profesor de la academia, fue sentenciado a seis años de cárcel por abuso sexual. Pasó de ser alumno a maestro y era el hombre de confianza del director puesto que tenía llaves de la institución.

3. Álvaro Medardo Ocaña S., profesor, recibió seis años de presidio por abuso sexual. 

4. Andrés Walter Ibañez A., director de la escuela de danza, recibió un año de cárcel por encubrimiento.

5. Juan Daniel Condori L., profesor, recibió tres años de prisión por corrupción de menores. 

6. Luis Fernando Villalba, profesor, recibió cuatro años de presidio por estupro.

7. Johann Eduardo Luján I., profesor, recibió 15 años de cárcel por violación.

El pasado 28 de mayo se dio lectura a la sentencia. Actualmente, los siete procesados se encuentran en libertad y la víctima teme que se den a la fuga. Desde esa fecha, tienen hasta 15 días para hacer conocer si apelarán o no el fallo y, si se diera esa situación, ese recurso podría resolverse en un mes, señaló Justiniano.

Los abusos ocurrieron en varias oportunidades, según la denuncia. La madre de Andrea no ha “bajado los brazos” desde que se enteró de los hechos. Además de la agresión a su hija, hubo otras dos denuncias más de padres de familia por el mismo delito, pero al final quedó sola. Para ella, siendo extranjera, no fue nada fácil enfrentarse a los acusados y sus familias, y otros cercanos a ellos que salieron en su defensa.

Tras destapar los sucesos, su hija fue víctima de bullyng. Su mejor amiga dejó de hablarle e incluso la bloqueó.

La ayuda psicológica era insuficiente para enfrentar lo que la gente veía como “normal”. “Decían que era natural que los estudiantes se enamoren de sus profesores y hagan locuras”. La adolescente era atacada por redes sociales y eso provocó que sufra convulsiones.

Andrea, de nacionalidad colombiana, tuvo que dejar el país. Se alejó de su mamá porque ella se quedó en Bolivia buscando justicia, quien espera que pronto termine la “pesadilla”, mientras aguarda que las sentencias sean ejecutoriadas.

LA DENUNCIA Andrea fue agredida en dos escuelas de baile, en Santa Cruz. Hubo profesores que le hicieron toques impúdicos, mostraron videos pornográficos, le pedían fotos íntimas y relaciones sexuales.

El proceso comenzó el 8 de junio de 2018, cuando la madre de la víctima formalizó la denuncia contra Kevin Inclan y Guillermo Temo. De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, Andrea conoció a Kevin en la escuela de danza, donde también estudiaba. Se acercó a ella con engaños y aprovechándose de su vulnerabilidad la llevó a su casa diciéndole que quería que la conozca, pero ahí la desvistió y mantuvo relaciones sexuales con la menor de edad.

Unas semanas después, Kevin organizó la fiesta de cumpleaños de uno de los profesores, que ahora está prófugo, en su casa. A la adolescente le dio una cerveza presuntamente con alguna sustancia que provocó que pierda el conocimiento y fuese abusada sexualmente. En una tercera ocasión, el acusado invitó a la menor a comer a su casa, pero cuando estaban en camino cambió de ruta y la llevó a un alojamiento donde le tomó fotografías y grabó sin su consentimiento, mientras ella se encontraba de espaldas.

Guillermo, segundo implicado en el caso, practicaba las coreografías con Andrea. Aprovechaba los bailes para realizarle toques impúdicos y en una ocasión intentó besarla en uno de los ambientes de ensayo de la academia. Esos abusos se dieron en varias oportunidades.

Tras descubrirse el caso, el profesor de la escuela de danza fue enviado preventivamente al penal de Palmasola. En tanto, el estudiante Kevin Inclan recibió medida sustitutiva de arresto domiciliario.

SE DESCUBREN ROSTROS DE OTROS AGRESORES El Ministerio Público tras conocer la denuncia comenzó las investigaciones y emitió varios requerimientos como la valoración forense, psicológica y social, entre otros. Uno de los más importantes fue el desdoblamiento de imágenes del celular de la víctima donde surgieron nuevos elementos sobre la presunta comisión de otros delitos e implicados.

La adolescente fue sometida a una pericia psicológica donde refirió de forma cronológica los hechos e identificó a sus agresores. La investigación reveló que los profesores Johann Eduardo Luján, Álvaro Medardo Ocaña y Rafael Max Steven Dolorier (prófugo) abusaron de la menor en la escuela y fuera de ella. Según el proceso, los hechos eran de conocimiento del director Andrés Ibañez, quien no denunció los sucesos ante las autoridades pertinentes.

El 5 de junio de 2019, se amplió la investigación a Juan Daniel Condori. La víctima declaró, en esa oportunidad, que su profesor le mostró videos de él y su novia teniendo intimidad, y le insistía para que tuvieran relaciones sexuales. También señaló que él se masturbó frente a ella en varias oportunidades.

Sobre Luis Fernando Villalba, la adolescente dijo que él le decía que “era una colombiana muy bonita y que estuvieran juntos”. Le enviaba fotos íntimas y también le pidió a ella que lo hiciera, y ante la insistencia ella le mandó una foto en ropa interior.

Villalba le habría mostrado la fotografía a una profesora de la academia y ella le hizo conocer esa situación al director. La maestra también fue parte del proceso porque no puso el caso en conocimiento de los padres de la menor de edad. 

LA CLAUSURA La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, a través de un comunicado difundido el 10 de agosto de 2018, dio a conocer que realizó el precintado y clausura de la escuela de danza por “funcionamiento ilegal” y con la finalidad de sentar un precedente ante el “funcionamiento ilegal de centros e instituciones que no cuenten con la autorización y personal certificado para otorgar los cursos ofertados”. 

En esa oportunidad, el director departamental de Educación señaló que harían los esfuerzos necesarios para “acabar con la proliferación de institutos y centros ilegales”. Además, señaló que realizarían las acciones necesarias para adherirse a la denuncia presentada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por los familiares de la víctima de violencia sexual.

Según cercanos al proceso, la escuela de danza cerró por un tiempo, pero volvieron a abrir y continúan dando clases.

EL CALVARIO DE UNA MADRE La mamá de Andrea sufrió violencia psicológica y discriminación durante el proceso. A la salida de las más de 54 audiencias, contabilizadas por ella, los familiares de los acusados la insultaban, le decía que se fuera a su país, le tomaban fotos y la filmaban con sus teléfonos.

De las audiencias, participaban unas 22 personas; casi todos acusados y sus abogados. Del otro lado, la madre de la víctima y su defensa.

“Ha sido un proceso pesado. Pelear contra toda una sociedad machista y patriarcal donde se reproduce un sistema de violencia sexual de manera naturalizada (…). Después que uno denuncia y busca obtener justicia es amedrentado y se alarga la agonía de la víctima que clama día a día justicia. Es aún más pesado cuando son varios los agresores, como en este caso”, señaló Justiniano.

El juicio oral comenzó en marzo y concluyó a finales de mayo de este año. La abogada destacó el trabajo del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz, del juez Jesús Egüez, que no permitió que violenten a la parte denunciante durante las audiencias. Para abandonar el edificio judicial, la mamá de Andrea y su defensa debía solicitar resguardo policial.

Para Justiniano, el Tribunal juzgó con “perspectiva de género”. “Es lo que se pide en los procesos por delitos de violencia sexual y violencia familiar. Se debe entender la postura de la víctima desde su edad, su entorno social y su estado emocional (…). Los profesores que también son jóvenes, de entre 20 y 26 años, corrompían a las menores para que estén con ellos”.

LAS CRÍTICAS El fallo del Tribunal Primero de Sentencia desató críticas en redes sociales. Algunos aplaudieron la decisión de los jueces, mientras otros cuestionaron apuntando a la víctima como “culpable” e indicando que ella, siendo menor de edad, provocó esa situación.

Una mujer se refirió en Facebook a la nacionalidad de las víctimas. “Una extranjera viene acá, con sus costumbres, y arruina la vida de muchas familias solo porque tienen unos pesos más”, escribió. Otras personas, algunos con perfiles dudosos, comentaron que la sentencia se dictó sin pruebas ni argumentos.

Sin embargo, se realizó una pericia psicológica, valoración forense y social, desdoblamiento del teléfono de la víctima donde se evidenció la participación de cada uno de los ahora sentenciados, entre otros actuados durante la etapa investigativa, según el cuaderno de investigaciones.

Justiniano lamentó que muchos hayan naturalizado las relaciones sexuales entre una estudiante, menor de edad, y su profesor, adulto. “Había manipulación e incluso les pedían fotos para ingresar a la academia”. 

Todo comenzaba como un coqueteo, un juego y, por eso, muchos decían que “era normal que alumnos se enamoren de sus profesores”. Sin embargo, el Código penal establece penas aplicables a toda persona que cometa algún delito. 

¿QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL?

Violación, abuso sexual, estupro, corrupción de menores y encubrimiento son los delitos por los que fueron procesados siete personas en el caso de violencia sexual a una adolescente en dos academias de danza, en Santa Cruz.

El Código Penal en su artículo 308 (violación) establece que se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a “quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquiera otra causa para resistir”. En este caso, el profesor acusado por este delito recibió 15 años de cárcel.

 El artículo 312 (abuso sexual) hace referencia a que “cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad”. Los procesados recibieron la pena mínima que se considera por este delito.

Por estupro, el artículo 309, dice que “quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años). Los acusados por este delito recibieron 4 años.

El artículo 318 (corrupción de menores) refiere que “el que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio, corrompiera o contribuya a corromper a una persona menor de 18 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 8 años”. El procesado por ese delito recibió la sanción mínima.

El que incurra en encubrimiento, según el artículo 171, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años. Esto se da cuando después de haberse cometido un delito, uno ayuda a alguien a eludir la acción de la justicia u omite denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. En este caso, el acusado por este delito recibió un año de prisión.