Escena del Crimen

“Tantos años ya he caminado buscando justicia, pero no la encuentro. Trato de ser fuerte por mi hija que ha sido víctima de violación y por mis otros hijos. Me duele ver a mi niña medicada, sin salir de casa ni para ir al colegio. Mi hija debería estar alegre, cumpliendo sus sueños, pero le quitaron las ganas de vivir. Solo quiero justicia, que los nueve agresores sexuales de mi hija estén tras las rejas. Ella sufre y vive encerrada, pero los taxistas sentenciados gozan de impunidad”, dice la madre de Sofía (nombre cambiado), una menor de edad agredida sexualmente cuando tenía 12 años.

Después de más de cuatro años de peregrinación, la mamá de Sofía se siente decepcionada porque ha notado que los autores tienen más “derechos” que las víctimas. Creyó que el calvario judicial había llegado a su fin cuando los nueve taxistas acusados de violación a infante, niña, niño o adolescente fueron declarados culpables en abril de 2021 y recibieron sentencias de entre 15 y 22 años de privación de libertad. Actualmente, solo cuatro se encuentran en cárceles de Cochabamba, mientras los otros cinco gozan de impunidad. 

La madre clama justicia. En mayo de 2018 descubrió que su hija, de 13 años, estaba siendo víctima de violación. Los agresores eran cercanos a su familia.

Los papás de Sofía tenían una empresa de radiotaxi en Quillacollo, Cochabamba. Los nueve sentenciados trabajaban con ellos y, en esas circunstancias, conocieron a sus hijos. Sofía algunas veces hacía de operadora, mientras su madre cocinaba o realizaba alguna tarea por corto tiempo.

Los taxistas que se convirtieron en sus agresores fueron ganándose su confianza. El 20 de mayo de 2018, la mamá conoció que su hija estaba siendo ultrajada sexualmente por choferes que trabajaban en su empresa; la mayoría por lo menos había cumplido cuatro años de servicio. 

Ese día, la familia se encontraba en un acontecimiento social. La madre se percató que Sofía ya no estaba en el lugar y comenzó a preguntar por ella y a buscarla. La menor de edad, de 13 años, llegó al anochecer a su inmueble. Su mamá le preguntó dónde había estado y le pidió que confié en ella. Su hija le confesó que José Efraín Rojas Q., uno de los taxistas que trabajaba en la empresa de radiotaxi, la llevó con engaños a varios lugares y luego la agredió sexualmente en un motel.

De inmediato, la madre buscó ayuda en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo. La Policía capturó al denunciado.

Durante la investigación, se conoció que Sofía fue víctima de violación desde sus 12 años. José Efraín no era el único agresor sexual. Primero se descubrió que cuatro compañeros suyos también habían cometido el delito de violación en contra de la menor de edad y luego se supo de cuatro autores más.

La mamá de Sofía cree que una operadora que trabajaba con ellos, y que es investigada, fue cómplice de todo lo ocurrido. Se enteró que ella llamó a su niña el día que desapareció por varias horas.  

IMPUNIDAD La madre de la víctima dice que los acusados fueron juzgados en dos grupos. Los dos casos por violación a infante, niña, niño o adolescente fueron atendidos por los tribunales de sentencia 1 y 2 de Quillacollo.

En abril de 2021, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, hizo conocer que cinco hombres, de entre 22 y 26 años, fueron sentenciados por violación a la menor, de 13 años. Eddy Flores C., quien decía ser enamorado de la víctima, recibió 22 años de cárcel, mientras que Vidal Vargas Q., Víctor Mamani L., Rubén Londran A. y José Efraín Rojas Q. fueron condenados a 20 años de privación de libertad en el penal de El Abra.

El Ministerio Público demostró con pruebas contundentes la culpabilidad de los acusados. Presentaron el informe psicológico y social de la víctima, el certificado médico forense, el informe de intervención policial, además la víctima reconoció plenamente a sus agresores sexuales.

La mamá de Sofía dijo que cuatro hombres más fueron sentenciados por el mismo delito. Se trata de Alfonso García R., José Alexander Vargas A. y Roberto Macías T., quienes recibieron 20 años de cárcel, y Emiliano Carrasco T., 15 años.

Todos los sentenciados formularon la apelación. Y a un año y medio de dictarse las condenas, estas aún no han sido ejecutoriadas. Solo cuatro autores cumplen pena tras las rejas. Se trata de José Efraín Rojas Q., José Alexander Vargas A., Roberto Macías T. y Vidal Vargas Q. El último gozaba de medidas sustitutivas, pero hace casi dos semanas el beneficio fue revocado y definieron su detención en la cárcel de San Pablo de Quillacollo. Los otros están en San Sebastián Varones.

En tanto, Eddy Flores C. tiene detención domiciliaria, mientras Víctor Mamani L., Rubén Londran A., Alfonso García R. y Emiliano Carrasco T. (con prohibición de circular en Quillacollo) gozan de libertad, según información proporcionada por la madre de la víctima, quien cree que sus años de lucha han sido “en vano”. 

Para la mamá de Sofía, los sentenciados en libertad son un peligro para su hija y para la sociedad. 

VIVIR CON MIEDO Sofía teme salir a la calle y encontrarse con alguno de sus agresores, como sucedió antes. No ha podido superar todo lo que le han hecho. Le diagnosticaron depresión crónica, ansiedad y episodios de pánico.

Su madre trata de darle ánimos, pero su estado emocional ha ido complicándose. Sofía ya cumplió 17 años y acaba de terminar el bachillerato. Su mamá recuerda que ella quería ser veterinaria, pero le arrebataron sus sueños.

La adolescente ha intentado en más de una ocasión quitarse la vida. Actualmente, recibe tratamiento psiquiátrico.

Su madre cuenta que Sofía a principios de año intentó retomar sus actividades. Estaba yendo al colegio hasta que vio a uno de sus agresores. Siguió asistiendo a clases, pero sentía que le seguían y presentaba episodios de ansiedad. La secretaria del establecimiento le llamaba para que fuera por su hija. El director y los maestros estaban preocupados por su estado emocional y, tras conocer todo lo que había atravesado, decidieron que continúe sus estudios a distancia.

“Le digo que todo va a pasar y espero que así sea y que se haga justicia. Hemos pedido hace unas semanas la revocatoria de medidas sustitutivas (de los sentenciados) y presentamos los informes del estado de salud de mi hija, pero la Justicia me ha dicho que no hay pruebas de que mi hija esté en esta situación grave a consecuencia de las violaciones. Me siento impotente y decepcionada. No busco más que justicia para mi hija”, refiere la mamá de Sofía, quien acudió por ayuda a Mujeres de Fuego y ahora las integrantes de ese colectivo también hacen seguimiento a su caso.

ESCALADA DE VIOLENCIA SEXUAL La escalada de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes no se detiene. Cada día siete menores de edad son víctimas de violación en Bolivia.

Entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía registró 2.085 casos de violación a infante, niña, niño o adolescente, delito que se sanciona con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza y se alegue consentimiento. Aplica cuando la víctima, sea varón o mujer, es menor de 14 años.

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran la mayor cantidad de denuncias. Este dato refleja un promedio de siete agresiones sexuales a menores de edad cada día, siendo una de las cifras más altas de los últimos años a nivel nacional.

El registro de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil también reportó que atendieron 2.593 casos de abuso sexual, 2.137 de violación, 1.263 de estupro durante los primeros nueve meses de este año, hasta el 30 de septiembre. En relación a 2021, hay un incremento de 33.9% en delitos de violencia sexual.

Durante esta gestión, se descubrió que varios sentenciados (violadores, feminicidas y asesinos) gozaban de impunidad. Varios de ellos habían dejado las cárceles para continuar cometiendo delitos como el caso de Richard Choque, feminicida y violador serial.

Algunos habían solicitado medidas sustitutivas aprovechando que sus sentencias no estaban ejecutoriadas. Otros, que ya habían pasado esa etapa, compraron certificados médicos que los declaraban enfermos terminales y los usaron para estar en las calles. Varios fueron devueltos a prisión y, junto con ellos, cayeron jueces y fiscales implicados en las irregularidades.