Escena del Crimen

En Cochabamba, la violencia contra la niñez golpea con crudeza: en lo que va del año ya se registraron seis infanticidios, el doble de todos los casos ocurridos en 2024. La mayoría se produjo en el Trópico y, a diferencia de años anteriores – cuando los autores eran padres, madres o padrastros – este año aparecen nuevos perfiles de agresores, vinculados a entornos criminales.

La legislación boliviana define el infanticidio como matar a un niño o una niña desde que nace hasta los 12 años. La pena alcanza los 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, la máxima que se aplica en el país. Cuando el autor es un menor de edad, la condena se reduce a un máximo de seis años en un centro para adolescentes en conflicto con la ley.

Las víctimas de este año son dos bebés, niñas de apenas 5 y 6 años, y hermanos de 8 y 11 años que murieron junto a sus padres. Al menos cuatro de estos menores de edad fallecieron en el Trópico: una en medio de un tiroteo, los hermanos en un violento crimen ligado a un robo y otra que fue violada antes de ser asfixiada.

Los crímenes son cada vez más violentos y crueles. El 10 de enero, una niña de cinco años murió en Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, en medio de un hecho delictivo: una balacera. Su padre, Héctor A.L., manejaba la camioneta familiar junto a su esposa y su hija.

Su esposa se bajó para abrir el garaje cuando apareció un auto tipo Noah con dos ocupantes, que comenzaron a disparar contra la camioneta. Héctor arrancó para escapar, pero durante la huida se dio cuenta de que tenía varias heridas en brazos y piernas y que su hija también había sido alcanzada por un proyectil. En el camino al hospital más cercano, la niña perdió la vida.

La Fiscalía calificó el hecho como infanticidio y tentativa de asesinato. Días después, un hombre de 31 años, Emilio R.S., fue presentado ante un juez cautelar como presunto autor del atentado y enviado con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián Varones de Cochabamba.

El segundo caso involucra la muerte de una recién nacida cuyo cuerpecito mostraba marcas que, en principio, se atribuían a violencia. Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, las investigaciones descartarían un infanticidio y el caso podría ser recalificado.

El tercer caso causó indignación en Cochabamba. Elías P.S., de 50 años, acabó con la vida del bebé nacido de su hija de 14 años, producto de un hecho de violencia sexual del que él fue responsable. Aunque el caso se conoció a mediados de agosto, las agresiones venían ocurriendo desde hacía al menos dos años. 

Elías vivía con sus cuatro hijos en una comunidad de Morochata, a unos 73 kilómetros de Cochabamba. Tras quedar huérfanos de madre, debía encargarse de su cuidado; sin embargo, violó a su hija mayor y luego mató a la bebé nacida de esa agresión, asfixiándolo con una bolsa plástica y enterrando su cuerpo a unos cuatro kilómetros de su vivienda.

No era el único hecho en su historial. El primero se remonta al 9 de marzo de 2013, cuando quedó a cargo del cuidado de su hijastra, una niña de cinco años, y cometió violencia sexual contra ella. El hombre se mantuvo prófugo. Otro caso data de 2018: según la investigación, Elías y otras dos personas agredieron sexualmente de manera reiterada a una joven de 25 años con discapacidad.

El propio Elías reconoció su responsabilidad en los tres casos. Esa confesión permitió activar juicios de procedimiento abreviado, que terminaron con tres sentencias condenatorias. Una de ellas fue por el infanticidio del bebé, y Elías fue enviado al penal de Chonchocoro, en La Paz. Como las condenas no se suman, prevalece la pena máxima: 30 años de privación de libertad.

Los infanticidios contabilizados como cuarto y quinto corresponden a dos hermanos, asesinados junto a sus padres en el Trópico de Cochabamba. Gregorio Vela T. (37), su esposa Griselda Acarapi M. (29) y sus hijos Brayan (11) y Eric (8) salieron el 5 de julio en su camioneta para comprar un chaco, llevando el dinero para la transacción, pero nunca regresaron. Tras 53 días de búsqueda, los hallaron sin vida entre la vegetación de una comunidad de Entre Ríos.

La autopsia confirmó que se trató de muertes violentas: Gregorio murió por golpes y asfixia; Griselda, por un disparo en la cabeza; Brayan, por golpes en la cabeza; y Eric, por golpes en el rostro que le provocaron fracturas. Los hechos se calificaron bajo dos tipos penales: asesinato por los crímenes de los padres e infanticidio por los de los niños.

La hipótesis principal apuntó a un robo de la camioneta y del dinero. El 28 de agosto fueron aprehendidos dos hombres: Limber Medina Alvarado y Yimer Crespo Orellana. Medina les había ofrecido un terreno en venta, pero terminaron asesinando a la familia; al admitir su responsabilidad, recibieron sentencias de 30 años de privación de libertad en el penal de El Abra, en Cochabamba. El 2 de septiembre fue detenido Jefferson R.A. (19), presunto tercer implicado, en la comunidad de Santa María, Villa Tunari, donde se escondía. Un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

El sexto caso corresponde a la niña Adriana. Sus padres aún claman justicia, mientras que de momento un adolescente de 16 años, que estudiaba en el mismo colegio, se encuentra con detención preventiva en el Centro Cometa como sospechoso, aunque se presume la participación de otra persona más.

La pesadilla de la familia comenzó el 8 de septiembre, cuando el padre asistió a una reunión en el colegio de su hija de seis años, en Senda VI, Puerto Villarroel, Trópico de Cochabamba. Adriana jugaba con otra menor de edad en el establecimiento, pero al poco tiempo desapareció. La familia la buscó en la plaza, donde la madre vendía anticuchos, pero tampoco la encontró; la búsqueda se prolongó hasta la madrugada en toda la zona sin resultados.

Al día siguiente, el 9 de septiembre, los padres denunciaron la desaparición. Dos días después, el 11, pobladores encontraron el cuerpo de la niña en un canal de drenaje, a unos 20 metros detrás de la unidad educativa. Su muerte fue producto de violencia extrema: sufrió violación y estrangulamiento.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar al sospechoso, quien al ser citado inicialmente como testigo entró en contradicciones, y lo mismo ocurrió durante su declaración ampliatoria. Esto llevó a que sea imputado por infanticidio y un juez dispusiera su detención preventiva por 45 días.

Del 1 de enero al 12 de septiembre, según datos de la Fiscalía, Bolivia registró 20 casos de infanticidio. Cochabamba concentra el mayor número, con 6 casos (30% del total), seguida de Santa Cruz y La Paz, con 5 cada uno (25% cada departamento). Oruro reporta 2 casos (10%), mientras que Potosí y Chuquisaca suman uno cada uno (5% cada uno). En contraste, Pando, Beni y Tarija no han registrado ningún caso con este tipo penal. 

Según información del Observatorio Defensorial, Judicial y Fiscal, la gestión 2024 cerró con 38 casos de infanticidio: 18 en La Paz, 9 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 3 en Beni, 2 en Potosí, 2 en Oruro y 1 en Tarija. Estas cifras confirman que el infanticidio continúa siendo un grave problema en el país, un delito que arrebata la vida de niños y niñas y deja un profundo impacto en las familias y las comunidades.