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  • Diario Digital | miércoles, 17 de agosto de 2022
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EL PRINCIPAL AUTOR SIGUE PRÓFUGO Y UNA VOCAL ES PROCESADA POR SU LIBERACIÓN

Pilar, una madre que migró del campo a la ciudad para ‘cuidarse’ de los asesinos de su hija

Pilar Reyes, madre de una víctima de feminicidio, se resguarda en la habitación de un inmueble incautado en Cochabamba.      DICO SOLÍS
Pilar Reyes, madre de una víctima de feminicidio, se resguarda en la habitación de un inmueble incautado en Cochabamba. DICO SOLÍS
Pilar, una madre que migró del campo a la ciudad para ‘cuidarse’ de los asesinos de su hija

La dolorosa historia de Pilar Reyes. Su hija fue asesinada en 2016 por integrantes de la pandilla Wander Rap, una de las más peligrosas de Cliza, Cochabamba. Al cabecilla, Omar Alejandro Ordoñez Arias, lo condenaron en 2017 a 30 años de cárcel, pero en 2021 quedó en libertad y huyó del país. Una vocal de Cochabamba es acusada por incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia y prevaricato y se prevé que el miércoles inicie su juicio por haber permitido que un condenado salga de prisión. 

Ese fallo judicial le dio un giro inesperado a la vida de Pilar. Ella, junto a su hijo menor (de ocho años), migró del campo a la ciudad para resguardarse ante la posible “venganza” del feminicida prófugo y, desde entonces, no ha podido retornar a su vivienda ubicada en una comunidad del municipio de Toco. La mujer, humilde quechua parlante, se siente desprotegida y, aunque duda de la justicia, está decidida a seguir el proceso hasta el final.

“Seis años ya he luchado. Debería estar en mi casa en el campo, pero no puedo ya ni llegar allá. Voy a caminar hasta que me muera, a ver si no hay justicia para mí. No estoy tranquila en ningún lado, no tengo paz porque estoy caminando agachando (la cabeza) y llorando. De aquí (lugar donde está viviendo) ya me han dicho varias veces que desaloje y no sé qué voy a hacer o si voy a ir a parar a la calle. Tanto estoy caminando por mi hija (María del Carmen Carballo, víctima de feminicidio)”, manifestó, entre lágrimas, Pilar.

DEL CAMPO A LA CIUDAD Pilar, junto a su hijo, vive en una de las habitaciones de un inmueble, compartido, incautado por el Ministerio de Gobierno. El cuarto, construido presuntamente con fines comerciales, tiene una pared frontal de vidrio que la mujer, de 55 años, cubrió con plásticos y telas de colores.

La solidaridad de la población le permitió amoblar, con los muebles esenciales, el ambiente donde armó su dormitorio y su cocina, pero su calvario no ha terminado. Actualmente, una de sus hijas está acompañándola y apoyándola siendo que el proceso judicial la “degastó física y emocionalmente”. El hijo menor de Pilar también sufrió una serie de cambios cuando dejaron su pueblo por temor a represalias del prófugo. Dejó de ir a la escuela un tiempo hasta que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba tramitó su inscripción y posterior traspaso a una unidad educativa de Cercado, donde ahora cursa el tercero de primaria. 

La familia reducida ocupa ese predio hace poco más de un año, pero les habrían indicado que deben desocupar el lugar. Pilar sin trabajo y con un niño a su cuidado se encuentra afligida porque no puede retornar a su vivienda en Toco por temor a que los autores del feminicidio de su hija atenten contra su integridad y la de sus hijos.

“Pilar es una mujer trabajadora del agro. Sembraba maíz y trigo en su comunidad donde ahora no puede volver. Tan injusta ha sido la situación que incluso cuando el feminicida quedó libre le decían que era su culpa y no le permitían retornar a su sector. Ha sido muy caótico porque ha sido agredida por cuatro personas en Cliza y por otras dos en Cochabamba y todo eso ha ocurrido por tratar de buscar justicia. Ella ha indicado en reiteradas oportunidades que no va a descansar hasta ver recluido al asesino de su hija y a las personas que han dispuesto su libertad porque deben pagar por dejarlo fugar. Nosotros vamos a apoyarla hasta el final”, dijo el abogado David Henry Flores, quien defiende y colabora de manera gratuita a Pilar. 

Reyes vive en “sobresalto”. El martes se dirigió a Punata para tramitar su cédula de identidad, pero fue agredida físicamente por unas personas. El proceso judicial endeudó a Pilar. Contó que, desde 2016, recurrió a préstamos bancarios y de personas naturales para solventar los gastos que demandaban las investigaciones y sus deudas se fueron acrecentando. Ahora, sus prestamistas la buscan y, si la encuentran, la atacan, e incluso el muro de su propiedad en Toco apareció con un anuncio de remate.

SEIS AÑOS DE DOLOR Y AGONÍA Pilar recuerda a María del Carmen como una jovencita alegre, trabajadora y llena de sueños. Era su compañera, quien la seguía en esas rutas empinadas del campo y cuidaba, al igual que otra de sus hermanas, de su único hermanito varón.

El domingo 13 de marzo de 2016, la adolescente, de 16 años, fue a vender frutas al mercado de Cliza. Ella y su hermana ayudaban a comerciantes para ganarse un poco de dinero, y cuando lo hacían generalmente se quedaban a dormir en la casa de una tía porque la vivienda de sus padres está muy distante del pueblo, donde no llega el transporte público y deben contratar los servicios de un taxista o subir caminando el cerro.

Ese día, Omar Alejandro Ordoñez, su enamorado, la llevó a la Feria de la Ambrosía en la comunidad de Ana Rancho, Cliza. Fueron a un local donde compartieron con amigos. Durante el proceso investigativo, algunos miembros de la pandilla Wander Rap dijeron que María del Carmen era una chica muy linda y que más de uno se sentía atraído por la adolescente que fue reina de belleza en Toco.

Aquel día de marzo, a María del Carmen le dijeron que debía participar de un rito de iniciación para ser parte de ese grupo, pero sin explicarle bien en qué consistía el mismo. La llevaron hasta a un lote baldío donde le indicaron que debía mantener relaciones íntimas con 10 integrantes de la pandilla. La adolescente se negó, pero ellos la sujetaron, golpearon, violaron, mientras uno de ellos la asfixió cuando intentaba evitar que grite. Al menos 21 pandilleros fueron testigos del crimen.

La menor de edad estuvo siendo buscada cuatro días hasta que la encontraron sin vida en un lote próximo a cultivos de maíz, el 17 de marzo de 2016. Para su familia, los policías no actuaron con prontitud. El 14 de marzo, Pilar se constituyó en dependencias policiales para reportar la desaparición de su hija y pedirles que la busquen, pero le respondieron que seguramente la desaparecida era “alocada” y estaba con algún chico, y que aparecería en las próximas horas.

“Mi hijita sufrió mucho antes de morir. Le fracturaron los brazos, le jalaron tan fuerte que le sacaron cabellos, le golpearon y como seguía luchando por su vida la asfixiaron hasta matarla”, dijo, afligida, la madre. 

Pilar tiene un cuadro, con un collage de cuatro fotos, de su hija en la habitación céntrica que ocupa en el municipio de Cochabamba. La adolescente se ve alegre modelando un vestido rojo y, en otra imagen, un uniforme deportivo durante una actividad en el municipio de Toco. La mujer asegura que no dejará el caso que le ha dejado deudas y ha provocado la desintegración de su familia, aunque le “cueste la vida”. Su esposo, después del feminicidio, se fue al extranjero y sus cinco hijas dejaron su hogar por temor a que los pandilleros cumplan sus amenazas de violarlas o asesinarlas; algunas están en otros municipios de Cochabamba, otras fuera del departamento y del país.

WANDER RAP, PANDILLA MÁS PELIGROSA Por el feminicidio de María del Carmen, 21 pandilleros de Wander Rap, varones y mujeres de entre 14 y 23 años, fueron procesados. Cinco fueron sentenciados con 30 años de presidio sin derecho a indulto en el penal de El Abra, mientras cinco fueron absueltos por falta de pruebas y 11 menores de edad cumplieron su sanción -6 años de privación de libertad porque no eran mayores de edad- en el centro de infractores y ahora se encuentran libres. La libertad de este último grupo genera “miedo” en Pilar y sus hijas. 

Omar Alejandro Ordoñez Arias, alías El Homero; José Alfredo Yáñez Andia, El Camba; Martín Taraña Cruz, El Matu; Sergio Pinto Torrico, El Gaucho y José Richard Veizaga Arias, El Joseito recibieron la condena máxima por el feminicidio de María del Carmen. Todos son miembros de Wander Rap, una de las pandillas más peligrosas de Cliza, en el Valle Alto de Cochabamba.

Al principio, todos callaron. La Policía encontró el celular de la víctima en posesión de uno de los integrantes de la pandilla y otros se llevaron algunas de sus prendas de vestir, como si se tratase de “trofeos”. Un testigo relató que el 14 de marzo de 2016, ese grupo se reunió en la plaza de Cliza y todos se dirigieron al lote donde mataron a la adolescente, de 16 años. Rociaron con pintura negra el cuerpo, sin remordimientos, y la abandonaron.

El testigo que vio a los jóvenes en esa zona no imaginó que ahí tenían el cuerpo de una jovencita y creyó que los pandilleros estaban planeando alguna cosa. Esa pandilla era una de las más temidas del Valle Alto. Fueron implicados en el asesinato de un taxista en Carcaje, asaltos a librecambistas y otros robos. Según pobladores, el municipio ha estado más tranquilo desde que los líderes de esa pandilla entraron a prisión.

VOCAL PROCESADA Pilar no entiende cómo la vocal de la Sala Penal Primera de Cochabamba, Mirtha Mabel Montaño, decidió liberar al principal feminicida sin siquiera disponer custodios para evitar su fuga. Ordoñez pagó una fianza de 100 mil bolivianos y tramitó su arraigo. Debía presentarse cada lunes a la Fiscalía para firmar el cuaderno y el registro biométrico, tenía prohibido acercarse a la familia de la víctima, testigos o peritos.

El Tribunal de Sentencia Penal No. 6 de Cochabamba emitió la sentencia condenatoria 39/2017 el 31 de agosto de 2017. Omar Alejandro Ordoñez, al igual que otros cuatro miembros de su pandilla, recibieron la pena máxima. Él fue declarado autor principal del delito de violación y feminicidio.

Desde entonces, el líder de ese grupo buscó en reiteradas oportunidades salir de la cárcel aprovechando que su sentencia no había sido ejecutoriada, pese a que ya habían pasado cuatro años desde su condena. El 25 de marzo de 2021, la vocal Montaño declaró procedente el recurso de apelación planteada por Ordoñez y, poco después, el sentenciado dejó la prisión.

Ante esa situación, Reyes interpuso un amparo exigiendo que el asesino de su hija cumpla su condena en la cárcel y, en mayo de 2021, la resolución que favorecía al feminicida fue anulada y se ordenó su recaptura, pero él ya había salido del país.

Esa situación motivó el inicio de un proceso penal en contra de la vocal por presuntamente haber favorecido al sentenciado que luego se dio a la fuga gozando de impunidad y que hoy se encuentra en el exterior. El Tribunal de Sentencia No. 3 de Cochabamba determinó comenzar el juicio el miércoles 6 de julio.

“La parte acusadora, Pilar Reyes, como víctima y afectada ha presentado su acusación particular para sustentar nuestros argumentos y, en el desarrollo del juicio oral, presentaremos los elementos para demostrar la culpabilidad de una vocal que ha liberado a un feminicida violador sin tomar las previsiones para que esa libertad sea controlada por un custodio. Esa resolución ha permitido que el violador y feminicida se dé a la fuga y, precisamente, por ese hecho es que se está juzgando”, explicó el abogado David Henry Flores.

La víctima se siente en “desventaja” considerando que los testigos propuestos por la vocal son jueces, exjueces y otros. También se ha realizado un peritaje “de parte” por un reconocido constitucionalista. En tanto, la defensa de Reyes reclamó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se haya negado a practicar un peritaje de afectación psicológica a Pilar y consideran que se está vulnerado sus derechos. También les negaron la presencia de una persona que traduzca de castellano a quechua el juicio tomando en cuenta que la mujer es quechua hablante.

Pilar peregrina por justicia desde hace seis años. Para ella, la fuga del principal autor es responsabilidad de la vocal procesada y, en su criterio, debe ser sancionada por ese hecho. La autoridad jurisdiccional es procesada por incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia y prevaricato. La pena mayor por esos delitos es de 5 a 10 años de privación de libertad.

“Solo quiero justicia, nada más. ¿Hasta cuándo voy a sufrir?”, se pregunta Pilar.