Escena del Crimen

“Safe & effective for infants 2 months+ (seguro y efectivo para bebés de más de dos meses, traducido al castellano)”, es la promesa de un jarabe para la tos especial para infantes. El envase está entre la oferta de varios medicamentos para niños que se venden libremente en el mercado 10 de Febrero, en la zona noroeste de Cochabamba. Pese a las letras difusas y algunos daños en la caja, está al alcance en un estante mimetizado entre otros productos de cuidado personal. Revisado con detenimiento, el empaque revela un detalle que podría pasar desapercibido, pero que no es nada despreciable: venció hace más de 10 meses. 

La oferta de medicamentos pediátricos ilegales no es aislada, pues no se reduce a un puesto de venta ni a un solo tipo de producto. Al contrario, revela una de las caras menos conocidas del contrabando en Bolivia: la proliferación de circuitos clandestinos que comercializan fármacos de dudoso origen y calidad para niños e, incluso, bebés de meses.  

“Lo suficientemente seguro incluso para los recién nacidos” reza otra leyenda de unas gotas para aliviar los gases de bebés. El medicamento venció en junio de 2023, aunque la fecha apenas puede verse porque está en la parte inferior del envase y es del mismo color que la caja. Al lado, hay un antialérgico en spray, un antiinflamatorio y una crema especial para la dermatitis de los niños. 

La venta de medicamentos de contrabando no es un fenómeno nuevo, ni en Bolivia ni en otras partes del mundo. Es motivo de preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de otros organismos internacionales, nacionales y locales, desde hace años. Sin embargo, poco o nada se conoce de sus alcances en una población tan específica y vulnerable como los niños. Las estadísticas e informes no suelen discriminar sus datos por el rango etario de los usuarios, una tarea que podría resultar necesaria si se atiende a la existencia de plazas de venta de medicamentos como la del mercado 10 de Febrero.

Este espacio de expendio no está especializado en productos farmacéuticos, para cuya comercialización los vendedores no tienen la autorización respectiva de las autoridades sanitarias locales y nacionales. Los puestos que los ofrecen no son farmacias ni mucho menos, sino comercios genéricos que venden indistintamente prendas de vestir y herramientas, alimentos y medicamentos. Si algo caracteriza al 10 de Febrero es que se trata de un mercado popular cochabambino, conocido por ofrecer productos provenientes de Estados Unidos, como ropa, zapatos, utensilios de cocina, adornos para el hogar o juguetes. El “origen americano” de la mercadería es su sello de distinción y se aplica también para los productos farmacéuticos, entre ellos los destinados a niños y bebés. Los bienes que ofrecen los comerciantes ahí asentados ingresan al país vía contrabando, lo que, en términos generales, supone la evasión de impuestos y de tasas aduaneras, una competencia desleal con los productores y vendedores legales, daños sobre la economía y el empleo en el país. A esos perjuicios, para el caso de los medicamentos, se suma el atentado contra la salud de los pacientes, toda vez que, a falta de registro sanitario y otros avales de calidad, son productos que pueden provocar efectos adversos en quienes los consuman.

A mediados de diciembre, OPINIÓN realizó un recorrido por el mercado 10 de Febrero, donde encontró varios medicamentos que se ofrecen pese a estar vencidos, con daños en los envases y sin ningún tipo de receta. A estos se suman productos como la melatonina, una hormona encargada de regular el sueño. Pese a que es de venta libre, es recomendada por médicos especialistas, como psiquiatras. En los estantes también se observa melatonina indicada para niños en presentación de gomitas; esta es vendida sin ningún tipo de supervisión. 

En un artículo publicado en mayo de este año, la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) advierte sobre el uso indiscriminado de la melatonina en niños. “A medida que más personas han recurrido a la melatonina como ayuda para dormir, los informes de intoxicaciones en niños han aumentado rápidamente. Entre 2012 y 2021, hubo más de 260.000 informes de envenenamiento infantil con melatonina. En la mayoría de los casos, no hubo síntomas y los niños se recuperaron. Pero algunos niños necesitaron atención hospitalaria y dos niños murieron”, dice una parte del informe publicado en la página especializada en medicina Healthy Children. 

El artículo indica que solo debe usarse después de consultar con un pediatra e intentar conseguir hábitos de sueño saludables preestablecidos que no incluyan medicamentos. “La melatonina también puede ayudar a los niños con algunos trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Su uso en estas circunstancias debe ser cuidadosamente supervisado por un pediatra infantil”, se lee en el estudio. 

Varias comerciantes que venden en estas casetas aconsejan el uso de estos medicamentos y dan una “guía” de uso. Otras recomiendan productos similares y se contactan con los compradores por teléfono para ofrecer su mercadería. 

Si bien la oferta de medicamentos que se venden en el mercado 10 de Febrero está enfocada en infantes, también hay una serie de suplementos vitamínicos, como magnesio, zinc o vitaminas D. En menor medida, se ofrecen preservativos, lubricantes y estimulantes sexuales de origen estadounidense, aunque muchos vienen en envases dañados y sin fechas de vencimiento. 

‘NEGOCIO DE LA MUERTE’ En el exhaustivo informe “El negocio de la muerte: Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, elaborado por el economista Gonzalo Vidaurre, editado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y publicado originalmente en julio de 2018, se revela que el contrabando y la falsificación de medicamentos representan entre un 18 y 21% de las ventas de la industria en el mercado boliviano. “Los efectos que conlleva esta permisividad implican en términos macroeconómicos una pérdida de crecimiento del PIB en aproximadamente 0.1%, una destrucción de empleos cercana a 1.000 fuentes de trabajo cada año y una evasión impositiva que bordea los 15 millones de dólares”, puntualiza el documento, el más completo de su tipo hasta ahora realizado en Bolivia. 

La estimación del estudio “El negocio de la muerte” es coherente con lo que señalan la OMS y otros organismos, los cuales indican que, en países en desarrollo como Bolivia, el contrabando y la falsificación de documentos superan el 20% del total de las ventas de la industria.

Más allá de los efectos económicos, el informe resalta que el comercio de fármacos ilegales no es equivalente al de cualquier otro producto o mercadería, por su impacto directo sobre la salud humana. “Para la OMS, estos productos ponen en riesgo la salud, prolongan la enfermedad e incluso matan”, advierte. Siguiendo al organismo internacional, puntualiza que “las falsificaciones promueven la resistencia a los agentes antimicrobianos y la propagación de las infecciones resistentes a los medicamentos; socavan la confianza en los profesionales de la salud y los sistemas de salud; crean desconfianza sobre la efectividad de las vacunas y los medicamentos; absorben los presupuestos limitados de las familias y los sistemas de salud y proporcionan ingresos a las redes criminales”. 

Entrevistado para este reportaje, el médico general José Orellana coincide con lo señalado en el informe sobre los efectos de los medicamentos ilegales, aunque aclara que varían en función a factores como el tipo de producto y la cantidad ingerida por el paciente. “Lastimosamente, muchos de estos casos también se tratan de automedicación”, apunta. Automedicación que, en el caso de productos pediátricos, es de responsabilidad de los padres o tutores de los niños que acaban convirtiéndose en víctimas involuntarias y colaterales del mal proceder de los adultos.

El profesional explica que los productos farmacéuticos de contrabando no solo son peligrosos porque son ilegales o falsificados, sino porque, en muchos casos, requieren ser almacenados bajo determinadas temperaturas y en cajas especiales para mantenerse en condiciones óptimas para su respectiva ingesta. Por eso, alerta que “siempre que un fármaco esté fuera de una farmacia, se debe desconfiar”.

A manera de ilustrar algunas manifestaciones físicas del uso de medicamentos vencidos o manipulados, como los que se ofrecen en mercados populares, Orellana dice que los más frecuentes son el dolor y ardor estomacal, los vómitos, los mareos y los dolores de cabeza. Los efectos en los niños, empero, tienden a ser más críticos, debido a que “su organismo es mucho más delicado y el riesgo para ellos frente al contrabando es terrible porque hay hasta fórmulas (leche para recién nacidos) disponibles”.

A propósito de las fórmulas de leche para recién nacidos, la enfermera Mónica Iluva, también entrevistada para esta investigación, recuerda haber quedado espantada al enterarse de que una madre a la que atendía recurría a fórmula de contrabando para alimentar a su bebé. El uso del producto derivó en que el niño experimente gases y estreñimiento casi todas las semanas, sin contar el llanto constante.

La enfermera sospecha que la circulación de medicamentos de contrabando se incrementó durante la pandemia de COVID-19, debido al encarecimiento descontrolado de productos en farmacias y las limitaciones de la población para desplazarse con normalidad. La coyuntura fue aprovechada por vendedores informales, que echaron mano de puestos clandestinos y redes sociales para ofrecer productos de contrabando.

La enfermera, que atendió a niños y otros pacientes con COVID durante la cuarentena, cuenta que trató a menores y familias que “me mostraban diciendo que compraron aspirinas, otros analgésicos, o alguito para los niños también, gotitas, en La Cancha”. Al aconsejarles no recurrir a ese mercado informal, por el riesgo de los medicamentos ilegales, algunos se molestaban, aduciendo que el dinero solo les alcanzaba para comprar productos de contrabando. “Pero hasta ahora se quedó esa mala costumbre y ya hasta con receta van a esos puestos”, asevera.

Una lectura similar hacen las cadenas farmacéuticas, entre ellas Farmacorp, que desde hace años viene abanderando campañas activas contra el contrabando de medicamentos a fin de alertar de sus riesgos contra la salud. “Muchas veces, se piensa que el tratamiento no funcionó o que el cáncer segó la vida de una persona, cuando en realidad fueron los medicamentos adquiridos de procedencia incierta los que, al ser falsificados o de contrabando, no contenían el principio activo para detener o curar la enfermedad”, asegura gerente de Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial de Farmacorp, Sissi Áñez. 

CONTROLES INSUFICIENTES La alusión a La Cancha no es casual ni mucho menos. Se trata del complejo más grande de mercados populares de Cochabamba y de uno de los más extensos del país. Localizado en la zona sur de la ciudad, en sus múltiples mercados ofrece una variedad inabarcable de productos, que se venden en puestos, pero también de forma callejera. Por el carácter informal de su funcionamiento, una porción de la mercadería en oferta es de contrabando, como la llamada “ropa usada”. Los medicamentos entran en la categoría de productos ilegales de contrabando. 

No en vano, el último operativo que ejecutó la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud (Agemed) en Cochabamba tuvo lugar en La Cancha. Así lo confirma a OPINIÓN, Patricia Tames, directora ejecutiva de la institución que regula la producción, distribución y venta de fármacos en Bolivia. La acción fue en octubre de este año y se organizó en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Impuestos, la Aduana, el Viceministerio de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores y el Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Bajo esta dinámica de coordinación interinstitucional se realizan los operativos para interceptar y decomisar medicamentos de contrabando en las diferentes poblaciones del país. Operativos que, más allá de su efectividad, resultan insuficientes. Lo reconoce la propia Tames, para quien el despliegue de la Agemed y de las otras entidades involucradas “no es suficiente”. Tras realizar un operativo, los funcionarios de la agencia deben regresar a sus oficinas centrales en La Paz y, a las pocas semanas, los comerciantes “nuevamente salen con el ilícito de la venta ilegal de este tipo de productos”, aun a pesar del decomiso previo realizado. 

La insuficiencia estatal para controlar el mercado ilegal de medicamentos es algo que constata el informe “El negocio de la muerte”, en el que se advierte una “debilidad institucional de la supervisión”, la cual se manifiesta en la “elevada rotación de personal, especialmente técnico y la ausencia de rendiciones públicas de cuenta e información desactualizada”. La compleja logística que demandan los operativos para decomisar fármacos de contrabando también da lugar a sospechar de una excesiva burocratización de los procesos de control coordinados desde el Estado boliviano.

Aun así, Tames informa que los operativos pueden llevar a procesos penales, dependiendo de la gravedad del ilícito. Al día de hoy registra entre 20 y 24 casos activos de este tipo, que son encaminados en la Fiscalía por el Jefe Jurídico de la Agemed y un especialista en materia penal. Los procesos también derivan en la detención de algunos implicados. Fuera de las eventuales sanciones contra las personas, el efecto inmediato de los operativos de control es el decomiso de los fármacos de contrabando. 

La titular de la Agemed recuerda que, en sus intervenciones, es muy común que hallen pomadas, ungüentos y geles para el dolor que se aplican a nivel dérmico, pero también medicamentos para combatir la gripe, como los antigripales. El decomiso de los productos deriva en la destrucción de los mismos. 

Solo en Cochabamba, el SEDES destruyó medicamentos decomisados durante este 2023, en diferentes operativos que realizó la subunidad de Farmacias, como parte de las acciones de vigilancia y control, según hizo conocer en un informe de principios de diciembre. La responsable departamental de Farmacias del SEDES, Dulcenia Claure, informó que los fármacos fueron trasladados hasta el Complejo de Tratamiento de Residuos Sacaba – GERES. En concreto, destruyeron 300 kilogramos, entre comprimidos, ampollas, geles, cremas, que vienen en diferentes composiciones. Las autoridades de la Gobernación informaron que estos medicamentos no contaban con registro sanitario, eran de dudosa procedencia o su fecha de vencimiento se encontraba expirada.

Las acciones de control desplegadas por la Agemed en coordinación con otras reparticiones estatales, explica Tames, se desprenden de la norma establecida en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos, vigente gracias a la Resolución Ministerial 0250, del Ministerio de Salud y Deportes. En el capítulo IX de “Infracciones”, la citada Resolución enumera prácticas que se ajustan al ingreso y venta de fármacos de contrabando. Así, el inciso “a” considera infracción “la producción, importación y comercialización de medicamentos sin registro sanitario”; el “b”, “la producción, importación y comercialización de medicamentos no respaldado por un certificado de calidad”; el “d”, la “comercialización de los medicamentos en ferias, mercados o vía pública”; el “e”, “la distribución y comercialización de medicamentos, por parte de cualquier persona, institución pública o privada, que no cuente con el registro sanitario y la correspondiente autorización”.

Una o más de una de estas infracciones son cometidas por los vendedores de medicamentos de contrabando, cuyos productos no cuentan con registro sanitario ni certificados de control calidad, y se comercializan en mercados. 

Más graves que las infracciones son los delitos consignados en el mismo capítulo XIX de la Resolución 0250, los cuales se desprenden de los “delitos contra la salud pública” tipificados en el artículo 216 del Código Penal. Las actividades asociadas a la venta de medicamentos de contrabando podrían ajustarse al inciso “4” del mencionado artículo, que califica como un delito contra la salud pública al que “comerciare con substancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar”; al “8”, que penaliza al que “expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica”; y al “9”, que 

castiga al que “realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”.

Las sanciones previstas por el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos, en su capítulo X, van de las multas a las clausuras (temporal y definitiva) de los centros de expendio, pasando, desde luego, por el decomiso de las mercaderías ilegales. En casos en que se compruebe la comisión de delitos contra la salud pública, el artículo 216 del Código Penal fija una pena de privación de libertad (cárcel) de uno a diez años.

DE LA CANCHA AL MARKETPLACE Aunque no aparece explícitamente en las normas que amparan la lucha contra el contrabando de medicamentos, las regulaciones son aplicables para sitios no físicos de oferta ilegal de fármacos. Es el caso de las redes sociales y, en particular, del Marketplace de Facebook, una funcionalidad que ofrece esa red para vender en línea y que en Bolivia ha ganado popularidad en los últimos años. En virtud de la limitada regulación para este tipo de plataformas, el Marketplace se ha vuelto también un espacio para promocionar productos que solo debieran estar disponibles en farmacias. Una búsqueda rápida permite encontrar fármacos de todo tipo, desde pastillas abortivas hasta insulina, pasando por medicamentos pediátricos como los detectados en el mercado 10 de Febrero o La Cancha.

Tames dice que la Agemed cuenta con una profesional especializada en buscar este tipo de ilícitos en las redes. Las ofertas suelen incluir números telefónicos de contacto, a través de los cuales se identifican a los implicados. Y si bien muchas veces los números consignados son falsos, las investigaciones dan con personas que cometen infracciones y/o delitos, al “vender medicamentos falsificados, de contrabando, sin registro sanitario, a través de las redes sociales”, detalla la directora de la Agemed.  En tales casos, añade la funcionaria, la agencia reguladora se acoge a la Resolución 0250, “que señala que no se van a poder comercializar medicamentos en lugares no autorizados ni por medios no autorizados y las redes sociales no están autorizadas para la venta de medicamentos”.

La argumentación de Tames la corrobora Dulcenia Claure, responsable departamental de Farmacias en Cochabamba, quien afirma que la oferta de medicamentos en internet “es ilegal”, por lo que recomienda a la “población que no se fíe”, pues, “a veces, uno se va por lo más barato, se puede decir; pero, no debemos jugar con la salud”. Para Claure, lo que debe hacer un paciente es apersonarse a una “farmacia legalmente acreditada por el SEDES”, respaldada por la resolución emitida siempre y cuando cumpla los requisitos de ley. Solo estos recintos con resolución vigente son las autorizados para recibir productos de laboratorios nacionales e importadoras, que son sus proveedores, los medicamentos de venta legal.

RUTAS DE ENTRADA Y SALIDA Los mercados populares y las redes sociales componen sola una parada de la ruta de circulación de los medicamentos de contrabando, la que separa al vendedor del consumidor final. Pero, para llegar hasta ahí, hay una ruta previa que involucra otros eslabones. Uno es el de los puntos de ingreso al país. 

En entrevista con OPINIÓN, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Pedro Vargas, informa que una de las fronteras de mayor penetración por los contrabandistas de fármacos es Desaguadero, en la frontera boliviana con Perú. Vargas destaca que ejercen un control permanente en ese poblado, debido a la gran comercialización de medicamento, además de suplementos y bebidas energéticas. También han encontrado estos productos en la frontera con Argentina, específicamente en Yacuiba (Tarija), Bermejo (Tarija) y Villazón (Potosí). Al margen de las fronteras terrestres, el Viceministerio ha dado con personas que traen medicamentos en sus equipajes desde Estados Unidos, Asia y países europeos.

Este diagnóstico es compartido por la directora de la Agemed, quien dice que, además de los citados puestos fronterizos con Perú y Argentina, han identificado contrabando de fármacos procedentes de Brasil a través de las fronteras bolivianas de Guayaramerín (Beni) y Cobija (Pando).

El viceministro menciona que los contrabandistas encuentran formas de pasar la mercancía y burlar los puestos de control. Algunos utilizan bultos pequeños y maletas, mientras que otros usan vehículos modificados, incluidos los de transporte público. Se han encontrado medicamentos como aspirinas, antibióticos y, durante la pandemia, medicamentos para tratar la COVID-19.

Solo una vez vulnerados los puestos fronterizos, los productos de contrabando se introducen en los mercados. Entonces, los medicamentos falsificados o adulterados llegan a ferias, mercados e, incluso, farmacias en las diferentes regiones del país. Su venta lleva la ruta de los fármacos ilegales al eslabón del consumidor, el ciudadano que, unas veces por desinformación, otras por conveniencia, arriesga su salud o la de sus seres queridos, como los niños, al adquirir medicamentos de contrabando.

El estudio “El negocio de la muerte” revela que, tras una encuesta realizada a 1.000 personas en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, se estableció que el 70% de los consumidores desconoce el origen del medicamento, el 76% es consciente de comprar un fármaco fraudulento, y el 44% no puede identificar, al comprar, un producto de contrabando.

Ese dato es coherente con la política de información y educación que lleva adelante la Agemed en distintas latitudes del país, entre ellas, los puntos fronterizos por donde ingresan los medicamentos de contrabando. La directora de la entidad cree que la educación es incluso útil para motivar a que la ciudadanía denuncie casos de venta de fármacos ilegales, cosa que generalmente no hacen, pues en muchos casos son cómplices del ilícito al comprar conscientemente productos de dudosa procedencia y calidad.

“Hay que promover la información sobre el uso racional de los medicamentos, sobre aquellos medicamentos que realmente son legales, aquellos medicamentos que realmente pueden ser consumibles por los pacientes, y eso únicamente se hace informando y comunicando que los adquieran de farmacias que están legalmente establecidas y no así de los de en los mercados de manera informal”, asegura Tames. En esa lógica se inscribe la habilitación de la página web www.agemed.gob.bo, que ofrece a los usuarios la posibilidad de reportar casos de venta de fármacos ilegales y de sus eventuales efectos contra la salud. 

Sin ese trabajo de concientización de los consumidores, la lucha para controlar los medicamentos ilegales se hace más cuesta arriba y el riesgo para la salud de los pacientes, como los niños a quienes les compran fármacos en el mercado 10 de Febrero, sigue siendo alto a su pesar.  Si son muchas las rutas de ingreso, puede que solo una sea la de salida: la toma de conciencia sobre la nocividad de los medicamentos de contrabando.

Este trabajo fue realizado por los periodistas Melissa Revollo, Brenda Molina, Nicole Vargas, Mariela Cossío y Santiago Espinoza.