Fuertes necesidades económicas, enfermedad, hambre, indefensión y pobreza suelen ser parte del perfil de las personas, en su mayoría mujeres muy jóvenes, que juegan el papel de primeras víctimas en el mundo del narcotráfico. Son las primeras en caer ante la ley y las últimas en ser rescatadas de un círculo que, parece, no tener fin.

Uno de los casos más emblemáticos de esta situación es el de la joven Silvia Machado que, a los 18 años y con una hija, recibió una oferta para llevar droga a Chile  con una paga de 1.000 dólares por ello.

La mujer desconfiada, ignoró la propuesta. Pero, al día siguiente, Daniel se contactó nuevamente con ella, esta vez a su celular para reiterarle el pedido. Hecho que la llevó a la muerte después de un ataque epiléptico. Su cuerpo fue encontrado en un basurero de Oruro y, luego, se destapó una red de trata y tráfico fuertemente enlazada con el narcotráfico.

La abogada especializada en políticas antidrogas y miembro de la organización Acción Andina, Gloria Achá, lamenta que las víctimas del narcotráfico sean siempre los "eslabones más débiles dentro de toda la cadena de producción, traslado y venta de sustancias controladas, quienes en su mayoría son mujeres, muchas de ellas responsables de la manutención de sus hogares.

"Hay muchos casos en los que las mujeres, ya sean microtraficantes, personas que se dedican al traslado de las drogas u otros papeles que se les asigna, son víctimas de violencia de forma sistemática en todas sus formas, económica, física, psicológica y otras", señala.

Achá se refiere al caso de Silvia Machado como una muestra clara de que "muy pocas veces son los peces gordos del narcotráfico los que caen, sino que son este tipo de personas, quienes hallan muy pocos beneficios del negocio de las drogas, quienes caen en prisión o muertas, en un escenario donde están completamente indefensas también frente a la justicia y una sociedad que las discrimina y más bien las recrimina y cuestiona el motivo por el que acceden a ingresar a este negocio, como si fuera poco las fuertes necesidades económicas que ellas tienen", manifiesta.

INVESTIGACIÓN

En un trabajo de investigación realizado por los periodistas Nelfi Fernández (El Deber, Bolivia); Cristian Ascencio (El Mercurio de Antofagasta, Chile) y Carlos Luz (La Estrella de Iquique, Chile), apoyados por la plataforma periodística para las Américas, Connectas, entre 2018 y 2019, se puede evidenciar el perfil de muchas de estas mujeres dedicadas al papel de "mulas" o "tragonas", presas en el norte de Chile.

La investigación, en la que se procedió a revisar más de 300 expedientes cursados entre 2017 y principios de 2018 sobre mujeres apresadas en el norte de Chile, se concentró en sus perfiles y las causas que las llevaron a ingresar al negocio de las drogas.

"La investigación determina que la mayoría de estas mujeres son originarias de Cochabamba e indígenas, muy pocas tienen educación secundaria completa y casi todas son madres solteras y muy pobres. Igualmente, de las 365 mujeres bolivianas apresadas en Chile en 2017, sólo 2 de ellas tenían antecedentes penales. Las demás nunca habían cometido delito alguno. Igualmente se establece que el método más utilizado para transportar droga es el de las “mulas” con un 52.9%, seguido por el de las “tragonas” con un 36.3%", son los datos citados por la plataforma Consejo de Redacción.

En Bolivia, la ley 1008, del régimen de la coca y sustancias controladas, está vigente en el país desde su promulgación en julio de 1988 y no diferencia entre productores, comercializadores, transporte y consumidores. Establece la prisión como medida punitiva a todos los implicados sea cual sea su grado de participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Autoridades policiales son firmes cuando expiran que la ley es una sola y que todo arresto, detención y sanción para personas que incurren en crímenes de narcotráfico se deben acoger a lo que dictamina la norma vigente en el país.

Achá puntualiza que en varios escenarios como la prisión por consumo o tráfico de sustancias controladas donde se encuentren las mujeres arrestadas sufren diversas vulneraciones a sus derechos; estando en varias ocasiones incomunicadas de sus familias, sin posibilidad de acceder a abogados especializados respecto al tema. "Muchas veces los abogados de oficio incluso mienten recomendándoles acogerse a juicio abreviado y prometiendo que saldrán en libertad cuando se activen los procesos de indulto, lo cual no ocurre".

Agrega que la "vergüenza" y el estigma social para las mujeres en prisión agrava su situación.

"Las cárceles de varones están siempre con filas de visitas, sus esposas, madres, hermanas y otras personas siempre están ahí queriendo visitar, verlos y seguir dando atenciones estando en la cárcel. Pero la cárcel de mujeres no es así, es vacía y no hay filas de visitas. Muchas de ellas quedan en el abandono", asegura.