La historia parece extraída de una película de terror, pero es una realidad a la que varias mujeres han sido expuestas durante su infancia, en la comunidad de Santa Rita, El Torno, Santa Cruz. Hace más de 15 años, Juan Carlos A.G. enviudó y, desde entonces, comenzó a agredir sexualmente de algunas de sus hijastras y primitas de ellas. En ese tiempo, todas las víctimas eran menores de edad.

El “secreto” estaba oculto de la gente del lugar hasta el 8 de octubre de este año cuando Marcela, nombre cambiado, se quitó la vida en su habitación. La joven, de 22 años, dejó una carta póstuma donde revelaba que fue víctima de violación desde sus siete años. Su agresor era su padrastro, quien había prometido cuidar de ella y de sus hermanas tras el fallecimiento de la madre de las niñas.

La pesadilla se destapó el 8 de octubre cuando Marcela fue encontrada sin vida. Una de sus hermanas la encontró sin signos vitales en su dormitorio. Su muerte permitió que otras víctimas, entre hermanas y primas, rompieran el silencio. Siete mujeres hicieron conocer recientemente que fueron agredidas sexualmente por el sindicado durante su niñez y adolescencia. Todas son parte del entorno familiar y no se descarta que haya más víctimas.

La Policía ejecutó hace cuatro días la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos A., cuando salía de una chancadora donde trabajaba. Él negó las acusaciones en su contra y se declaró inocente, sin embargo, el fiscal asignado José Tarqui dijo que los indicios lo apuntan como responsable del delito de violación cometido en contra de Marcela y que las secuelas de todo lo que había atravesado la llevó a acabar con su vida.

“No es la única víctima, hay otras personas más que son del entorno familiar que durante su infancia fueron abusadas por el mismo hombre. Lo que vamos a hacer es llegar a la verdad histórica de todos estos casos”, manifestó.

En tanto, el presunto autor se encuentra con detención preventiva en el penal de Palmasola, desde el 20 de octubre, por los delitos de homicidio-suicidio y violación de infante, niña, niño o adolescente.

SILENCIO, CULPA E IMPUNIDAD Marcela luchaba por recuperarse, pero se sentía avergonzada y culpable. Sus pensamientos la atormentaban porque, en alguna etapa del abuso continuo, sintió que participó de alguna manera al haberlo encontrado plancentero. Se autodespreciaba siendo que era inocente y que su abusador, que ya era un adulto, tenía toda la culpa. 

La joven se enamoró. Le contó a su novio que había sido víctima de violación durante su niñez y, por ese motivo, tenía algunos problemas de conducta. Su enamorado no comprendió su situación y decidió terminar la relación.

Según testigos, Marcela discutió con su enamorado poco antes de quitarse la vida. Su familia cree que su novio al despreciarla y haber ejercido violencia psicológica la orilló a tomar esa decisión. El joven también está siendo investigado.

Para Douglas Coronado, abogado de las víctimas, Juan Carlos A. es un “psicópata sexual”. Le llamó la atención la frialdad con la que se expresó tras su aprehensión. Desde hace unos años, el sindicado ya no vivía en la casa de Marcela y de sus hermanas, pero alguna vez se aparecía por el lugar.

LA LIBERACIÓN DE SU AGRESOR TERMINÓ CON ELLA Sofía (nombre cambiado) rompió el silencio hace poco más de un mes y reveló que su vecino Cirilo M.V. la agredió sexualmente en tres oportunidades cuando tenía solo ocho años. Ella y otras niñas iban a la casa del sindicado por agua debido a que no contaban con ese servicio en la comunidad de Huayhuasi, Mecapaca, La Paz. 

La menor de edad ya había cumplido 13 años cuando reveló el “secreto” que la atormentaba y no la dejaba vivir. Se quitó la vida la noche del martes 18 de octubre luego de conocer que su agresor había sido liberado.

Según el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Luis Fernando Atanacio, el 22 de septiembre la hermana mayor de Sofía se enteró que estaba siendo acosada y, de inmediato, le comunicó a su madre. Habló con su hija adolescente y ella le contó todo lo que le había sucedido desde sus ocho años y que estaba siendo amenazada.

La mamá de la víctima formalizó la denuncia el 27 de septiembre ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Mecapaca y, tras el conocimiento de los fiscales, se emitió una orden de aprehensión. La madre ubicó al denunciado y dirigió a los efectivos policiales al lugar para que ejecuten el mandamiento. 

Sin embargo, Cirilo M.V. fue liberado por la Policía. El funcionario le explicó a la mamá de Sofía que la fiscal del caso y los abogados del aprehendido habían manifestado que estaba incurriéndose en una falta debido a que la orden se ejecutó a las 06:00 de la mañana, fuera de horario, y eso sería ilegal. 

Para Atanacio, esos aspectos son contrarios a la norma y se habría incurrido en irregularidades que ameritan una investigación. Dijo que, si bien hay disposiciones en relación a los horarios para ese tipo de actuaciones, también existe normativa constitucional y procesal que permite actuar ante esas situaciones. Considera que el efectivo policial o la fiscal “han obrado de mala manera”. 

“Una vez que se ejecuta un mandamiento de aprehensión, ni el investigador ni la fiscal tienen las facultades de disponer la libertad. El único que puede hacerlo es el juez. Estamos ante una situación compleja y triste, a priori se podría decir que se identifican actos irregulares en alguno de los funcionarios que han dispuesto la libertad de esta persona”, manifestó. 

Tras la muerte de Sofía, Cirilo M.V. y su hijo Tito Miguel M.B. fueron aprehendidos por los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente agravado y acoso sexual, respectivamente. Ambos fueron enviados preventivamente, por seis meses, a la cárcel. Se siguen dos procesos; el otro es por homicidio-suicidio.

Gladys S., esposa de Tito Miguel M., también fue enviada a la cárcel de Obrajes porque presuntamente habría estado acosando y amenazando a la víctima para que elimine conversaciones de su teléfono.

La familia de Sofía recibe contención psicológica legal y apoyo social desde el Sepdavi, además accedieron a ayuda económica para los gastos del sepelio dispuesta por el Ministerio de la Presidencia. 

FISCAL Y POLICÍA BAJO LA LUPA La fiscal Susana P.F. y el policía investigador Roberto M.G. fueron aprehendidos el viernes por el delito de incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia por presuntamente no haber efectivizado la aprehensión de los dos presuntos autores de violación y acoso de Sofía, la adolescente que decidió quitarse la vida tras la liberación del principal agresor. 

“La coordinadora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género de La Paz hizo una revisión del cuaderno de investigación del caso de la menor y detectó omisiones en las actuaciones de la fiscal asignada al caso y del policía investigador para efectivizar la aprehensión de los sindicados. En ese marco, se iniciaron las investigaciones de oficio en contra de los dos funcionarios y otras personas que pudieran estar implicadas en este presunto favorecimiento”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. 

Según los antecedentes, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Mecapaca hizo conocer el 20 de octubre de este año que la madre de la víctima denunció el 28 de septiembre a Cirilo M.V., de 59 años, por la presunta violación a su hija desde 2017. También hizo conocer que recibía amenazas y acoso constante del hijo de Cirilo y otros familiares. 

“Pese a que la víctima identificó plenamente a sus agresores, los mismo no fueron aprehendidos conforme señala la norma y habrían continuado hostigando y amenazando a la adolescente quien finalmente se quitó la vida”, señaló el fiscal. 

Se conoció que Tito Miguel M.B., hijo de Cirilo M.V., fue denunciado anteriormente por presuntamente haber agredido sexualmente a otra adolescente. El caso también está en investigación. 

TRAGEDIAS Las muertes de dos mujeres, una adolescente de 13 años y una joven de 22, destaparon en 12 días múltiples hechos de violación ocurridos en La Paz y Santa Cruz. Marcela y Sofía, nombres cambiados, sufrieron y cargaron por años un peso que no las dejaba vivir y salir adelante. Sus familias piden justicia y cárcel para los autores.

Sus agresores, quienes rechazan las denuncias, se encuentran detenidos preventivamente en prisiones de Santa Cruz y La Paz. La Fiscalía tiene seis meses para colectar las evidencias que prueben la comisión de los delitos para presentarlos en el juicio donde se definirá si los acusados reciben sentencias condenatorias o son absueltos. Hasta ahora, los investigadores han dado a conocer que hay indicios que los apuntan como culpables de los delitos de violación a infante, niña, niño o adolescente y homicidio-suicidio.

El martes 18 de octubre se evitó otra tragedia en Cochabamba. Una mujer intentó lanzarse del distribuidor de la Muyurina debido a que el presunto abusador sexual de su hija, menor de edad, fue liberado por la Justicia. 

La mujer denunció hace un año a su cuñado, quien habría abusado sexualmente de su niña desde sus siete años. Actualmente, la menor de edad tiene 10. Desde Mujeres de Fuego denunciaron que el sindicado no tiene detención domiciliaria ni otras medidas que garanticen que se someterá al proceso. Además, la madre teme por su integridad y la de sus hijos.

Ella se culpa por el abuso sexual a su hija. “No hay justicia para mí, soy culpable por no haber cuidado bien a mi niña, por haberme dedicado a trabajar y estudiar pensando en un futuro mejor para mis hijos. Me siento culpable (…). He visto que la Defensoría, la fiscal y el juez protegen más al agresor, al depravado, al violador. Me siento impotente, cansada”, se escucha en el audio que la mujer envió a Fátima Terrazas, representante del Colectivo Mujeres de Fuego, a quien le encarga el cuidado de sus hijos. 

La Policía llegó al puente Muyurina y evitaron que la madre se quite la vida. 

CADA DÍA SIETE NIÑOS SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Entre enero y septiembre de este año, se reportaron 2.085 casos de violación a infante, niña, niño o adolescente en Bolivia. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran la mayor cantidad de denuncias. Ese dato refleja un promedio de siete agresiones sexuales a menores de edad cada día, siendo una de las cifras más altas de los últimos años a nivel nacional.

El registro de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil también reportó que atendieron 2.593 casos de abuso sexual, 2.137 de violación, 1.263 de estupro durante los primeros nueve meses del año, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. En relación a 2021, hay un incremento de 33.9% en delitos de violencia sexual.