Linchamientos políticos y la confusión con la justicia comunitaria
La confusión entre linchamientos y la justicia comunitaria es muy repetitiva en varias comunidades del país, hasta el punto que llevó a los autores de los hechos a cometer asesinatos y homicidios.
La muerte del exalcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano y del exviceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes a manos de comunarios y mineros marcan dos hitos en la historia del país, cuando se habla de linchamientos producidos por la mala aplicación de la justicia comunitaria.
BENJAMÍN ALTAMIRANO
En junio de 2004, el cuerpo del alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano fue encontrado quemado en la plaza del pueblo.
A los pies de la estatua de Túpac Katari, Altamirano murió quemado por una supuesta turba de campesinos que lo juzgó por presunta corrupción. Al lado del cuerpo, un epitafio escrito en un cartel resumía el pretexto que había impulsado el asesinato: "justicia comunitaria contra la ley, donde no hay justicia social".
La autoridad edil era acusada por supuestos actos de corrupción. Aunque, entre los autores de su secuestro se reconoció a uno de los concejales de Ayo Ayo, su rival político.
En 2010, 8 de los 25 procesados por el linchamiento de Altamirano fueron sentenciados a 30 años de presidio sin derecho a indulto por los delitos de asesinato, secuestro, vejámenes y tortura, y fueron enviados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Otros seis recibieron condenas de 20 años y de ocho años de reclusión por complicidad mientras que cuatro fueron absueltos y siete se encontraban prófugos. La sentencia en primera instancia fue dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz después de seis años de proceso judicial.
RODOLFO ILLANES
En 2016, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, fue torturado durante seis o siete horas antes de ser asesinado por mineros que lo secuestraron.
Ésa es una de las conclusiones de la autopsia realizada al cadáver de Illanes, según informó el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, citado por la BBC.
El cuerpo de Illanes, un abogado de 58 años, fue hallado una madrugada tirado en una carretera de la localidad de Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz.
La autoridad boliviana se había desplazado a la zona para intentar dialogar con los cooperativistas mineros que bloqueaban una carretera en protesta por una nueva ley.
Sin embargo, en las pocas declaraciones que algunos mineros dieron a los medios, más allá de negar el hecho, indicaron que podría tratarse de un caso de justicia comunitaria ante los supuestos “engaños” y “malos tratos” que la autoridad habría cometido estando allí; versión que fue descartada por completo durante las investigaciones.
El informe de la autopsia confirma que la muerte se produjo entre las 17:30 y 18:00,"por lo que se presume que padeció torturas cerca de seis a siete horas", señaló un comunicado.
El cuerpo de Illanes presentaba múltiples lesiones, politraumatismo facial, torácico, de extremidades y en los genitales, edema cerebral y traumatismo cráneo encefálico.
El fiscal señaló que "al parecer, el golpe que acabó con su vida fue en la cabeza con un objeto" y agregó que, según parece, el viceministro habría estado arrodillado durante varias horas.
Se abrió proceso contra cinco cooperativistas acusados por los delitos de asesinato, lesiones gravísimas, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.
LINCHAMIENTO NO ES JUSTICIA
Homicidio y asesinato son algunos de los principales delitos por los cuales se suele acusar a los autores de linchamientos en las comunidades, en Bolivia; hechos cometidos a nombre de la justicia comunitaria y que muchas veces llegan a finales trágicos.
Son varias las ocasiones en las cuales la población, enardecida por algún hecho delictivo o las sospechas de uno, procedió a infligir castigos a las personas sospechosas o culpables. Sin embargo, en muchas ocasiones estos castigos son desmedidos llevando a estas personas señaladas incluso a la muerte.
Según un reportaje y análisis realizado por ANF, la principal causa sería la falta de una adecuada delimitación de la justicia comunitaria y la peor consecuencia es la muerte de personas inocentes a manos de turbas conformadas por vecinos en las ciudades capitales.
En 2021, comunarios de Totora Pampa, en Cochabamba, quemaron vivos a presuntos ladrones de un vehículo, después fueron llevados al río donde los mataron ahogados y sus restos fueron llevados a la comunidad de Alto Loman donde se procedió a enterrarlos. Se aprehendió a Felipe Gutiérrez Camacho de 40 años de edad y Benedicto Ramírez Callisaya de 43 años de edad.
En ese entonces, el ministro Eduardo del Castillo exhortó a la población a no confundir las prácticas correctivas propias como la justicia comunitaria con actos linchamientos o asesinatos, pues la Justicia Comunitaria es una modalidad de administración de justicia que se constituye con el conjunto de instituciones y procedimientos mediante los cuales un grupo social tramita sus conflictos de acuerdo con su identidad.
“La justicia comunitaria, por tanto, no es linchamiento, no son asesinatos, todo lo contrario, es una forma de corregir estos comportamientos y de ninguna manera vamos a tolerar dentro del Estado Plurinacional, que se sigan repitiendo estos hechos atroces”, explicó.
A diferencia del linchamiento, la justicia comunitaria no establece la pena de muerte y, al contrario, prioriza un debido proceso contra el autor de un delito, cuya pena va desde la reparación del daño, algún castigo corporal y, finalmente, la expulsión de su comunidad.
Una de las premisas del Defensor del Pueblo en torno a esta problemática siempre ha sido compatibilizar la justicia originaria con la justicia ordinaria, como una forma de revalorizar la jurisdicción originaria que aún es considerada clandestina, en cierta medida. Asimismo, se debe poner freno a que sea malinterpretada y confundida por vecinos enardecidos que reaccionan con o sin razón contra las personas que son halladas cometiendo algún ilícito.
