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  • Diario Digital | miércoles, 28 de septiembre de 2022
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De los juguetes al ecógrafo: el drama de la niña violada y embarazada

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo fue admitida y al haberse dirigido contra autor o autores se encuentra en etapa de investigación para su individualización.

Activistas feministas protestan en puertas del hospital exigiendo protección para la niña violada y embarazada. EFE
Un grupo de personas se manifiestan en las afueras del Hospital de la Mujer Percy Boland, en Santa Cruz. EFE
De los juguetes al ecógrafo: el drama de la niña violada y embarazada

De los juguetes a una sala de partos. María, nombre cambiado, tiene solo 11 años y está esperando un bebé. A pesar de ser menor de edad y su estado sea a consecuencia de las violaciones reiteradas de su abuelastro (padre de su padrastro) va a tenerlo, pero no criarlo. Probablemente, ese niño o niña sea dado en adopción cuando nazca.

El drama de ser “niña y mamá”. María le comentó a su prima, mientras jugaban, que sentía “unos movimientos extraños en su vientre”. La otra niña le contó a su madre, tía de la víctima, esa situación. La adulta ante la sospecha presentó la denuncia formal y confirmaron el embarazo, que cursaba la semana 21, con una ecografía en un establecimiento de salud de Yapacaní en Santa Cruz. Su agresor, de 61 años, fue aprehendido y enviado por seis meses al penal de Montero, mientras se colectan todas las evidencias que se presentarán en el juicio donde la Fiscalía pedirá la pena máxima, de 30 años de reclusión, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante.

Su caso causó conmoción, indignación y solidaridad, pero abrió un nuevo debate en Bolivia. La Defensoría del Pueblo y la Iglesia se encuentran en “polos opuestos”, al igual que otros sectores de la población. La primera institución refirió que debe respetarse la voluntad inicial de la víctima, quien estaba dispuesta a interrumpir su embarazo apegándose a la Sentencia Constitucional 0206/2014 que establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo. En tanto, la Iglesia considera que se debe “salvar las dos vidas”, es decir, de la víctima y del bebé que nacería en cuatro meses más.

“Nos solidarizamos con la familia y rechazamos el atroz y vil crimen de la violación más aún a una niña inocente, pero también rechazamos, de la misma forma, el posible asesinato de un feto de cinco meses que está completamente formado”, dijo el delegado Episcopal de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz, Víctor Hugo Valda, un día antes de su visita a la víctima.

Para el delegado defensorial departamental de Santa Cruz, Carlos Lara, hubo “presión” sobre la niña y eso hizo que ella cambie su decisión, y sus derechos sean vulnerados. María, junto a su madre, había decidido someterse a la interrupción legal del embarazo e incluso los médicos del Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland de Santa Cruz estaban preparándola para esa intervención, pero recibió la visita de personeros de la Iglesia y todo cambio.

El martes, la niña fue dada de alta y trasladada a un centro de acogida administrada por la Iglesia. Los religiosos prometieron ayudarla durante todo el embarazo (con psicólogos y médicos) y apoyarla en sus estudios y todo lo que necesite considerando que ella “quiere seguir estudiando”.

La Defensoría del Pueblo considera que María no debería estar en “custodia” de la Iglesia ni de su madre, quien, en su criterio, no estuvo en su momento para protegerla. Esa institución presentó denuncia penal el jueves contra personeros de la Iglesia, personal del Hospital Percy Boland y funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Yapacaní por presunto incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones e inconstitucionalidad y trata de personas por la presunta inacción en la interrupción legal del embarazo de María siendo ese uno de sus derechos al haber sido víctima de violencia sexual.

LA TRAGEDIA SE REPITE

No es la primera vez que la familia de María atraviesa por una situación similar de violencia sexual.

Su padre biológico se encuentra recluido en Palmasola por el delito de violación agravada cometido en contra de su hija mayor, hermana de María, quien ahora tiene 15 años. En 2016, la pareja, que procreó tres hijas, se separó.

La madre, junto a sus dos hijas menores, se fue a Yapacaní en búsqueda de nuevas oportunidades. Su hija mayor se quedó bajo custodia de su padre, pero se conoció, un año después, que estaba siendo agredida sexualmente por su progenitor. El acusado fue encarcelado y cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad de Santa Cruz.

A CONTRARRELOJ

Reviven la tragedia. María fue víctima de violación por parte de su abuelastro en un barrio de Yapacaní. Todo ocurrió mientras su madre y su padrastro viajaron a La Paz para trabajar en una construcción; él como albañil y ella como cocinera. Dejaron a las tres menores de edad (de 11, 14 y 15 años) al cuidado del padre del padrastro. Solo se llevaron a la hija menor de ambos, de dos años.

El agresor aprovechó la ausencia de los padres para agredir a la hermanita menor. Se conoció que ella se encerraba en su habitación para evitar encontrarse con el adulto mayor. María dijo que calló porque temía que su madre y su padrastro se separaran al conocer lo que estaba pasando y su hermanita menor creciera sin papá y la culpara por esa situación.

“No le dije a mi mamá (lo sucedido) porque quiero a mi padrastro como a un padre. Tenía miedo que mi hermanita creciera y me culpara de estar lejos de su padre porque cuando metan preso al padrastro de él, seguro mi madre se va a separar (…). No quería que mi madre se pusiera triste”, declaró la niña según el informe psicológico dado a conocer por Red Uno. 

María llegó al hospital con 21 semanas y tres días de gestación, informó el director de la Maternidad, Mario Herbas, en entrevista con Que No Me Pierda. En esa oportunidad, el 22 de octubre, dijo que era “urgente” que se defina si la niña iba o no a someterse a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que pasadas las 22 semanas de gestación ya no se puede seguir con ese procedimiento por cuestiones de derecho a la vida y por los riesgos que representaría esa intervención para la menor de edad.

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia también se pronunció sobre el caso y dijo que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”. Dijo que el embarazo de una menor no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que atenta contra su salud mental y emocional y su autonomía corporal. Por ello, exigió al Estado que active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas.

Sobre el estado de salud de María, el exdirector de la Maternidad Óscar Mario Arano dijo que por ahora está estable, pero que “su estructura ósea todavía no está formada para concebir otro ser humano y que eso representa riesgos en la madre y el bebé”. Aclaró que ellos solo cumplen las determinaciones y que, en este caso, “la dueña del cuerpo es la niña y ella decidió, junto a su madre, que no se interrumpa el embarazo”.

Dijo que hubieran procedido con la ILE si la víctima mantenía su posición inicial, como lo hicieron en unos ocho o nueve casos en lo que va del año. María ha sido revictimizada. Su caso debió mantenerse en reserva, pero se generó un debate entre las personas que apoyan la interrupción del embarazo y las que exigen que dé a luz. Algunos grupos se constituyeron en puertas del Maternológico haciendo conocer su posición.

No es la primera ni la única niña que lleva un embarazo producto de una violación. En promedio, se registran 109 embarazos al día de niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, y específicamente, en niñas y adolescentes menores de 15 años, se reportan seis embarazos cada día, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

INTERRUMPEN EMBARAZO DE OTRA NIÑA

Mientras aún se discute el caso de la niña embarazada en Yapacaní, se conoció en recientes días de otro hecho similar en el municipio de Reyes, en Beni. 

El proceso de gestación de una niña, de 12 años, fue interrumpido en un hospital de Reyes. “La DNA nos hizo conocer de una menor de edad embarazada producto de una violación y acudimos al hospital (...). Para seguir este protocolo, solo se necesita el consentimiento y los centros médicos están en la obligación de practicar la interrupción legal del embarazo. No se requiere una autorización judicial o de Fiscalía”, señaló Alberto Condori, delegado defensorial de Beni.

Dijo que la víctima está estable y recibe asistencia psicológica. Acotó que las muestras tomadas fueron remitidas a la ciudad de La Paz para  que se realicen los examenes necesarios que coadyuven en el proceso penal. “La niña respondió bien, pero hay que hacer un seguimiento psicológico. En Beni ha prevalecido el derecho”.

El presunto agresor de esta menor de edad se encuentra con detención preventiva en el penal de Mocoví, mientras se investiga el caso para que reciba una sentencia.

En las últimas horas, se conoció el caso de una adolescente, de 15 años, que cursa 29 semanas de gestación, es decir, siete meses de embarazo. La menor de edad, que fue víctima de violencia sexual durante dos años, está al cuidado de la Defensoría de Yacuiba, Tarija. No podría interrumpirse su embarazo, aunque haya sido vejada sexualmente por su hermano, por el tiempo de gestación.