“Ladrón atrapado será quemado”, se lee en un cartel puesto en las rejas de un puente, camino al municipio de Cliza. Las letras rojas pintadas encima de un fondo blanco intentan convencer que la advertencia es seria. Bien próximo al aviso aparece un muñeco con forma humana, con la cabeza inclinada, una de sus zapatillas desprendidas y con pintura colorada en los pantalones que simula ser manchas de sangre. El mensaje es nítido: la muerte, como castigo para aquel que ose cometer un delito en la población.

En los últimos años, Bolivia ha dado muestras de números alarmantes que sitúan al país en los primeros puestos de aquellos que acunan linchamientos en Latinoamérica ¿Pero qué supone ese término? El sociólogo Héctor Luna, magíster en Estudios de la Cultura, explica: “Son hechos de violencia premeditada, donde un grupo de vecinos decide aplicar castigos corporales a una o a varias personas acusadas de cometer actos delictivos, lo que tiene como consecuencia final el fallecimiento de los acusados, en un estado de agonía. Estos hechos suceden por una indignación psicosocial colectiva de aquellos que se sienten víctimas de los actos delictivos y, como respuesta, arremeten contra los supuestos culpables de un delito”.

Esta problemática, refiere, se da en un contexto en el que las instituciones del Estado son carentes y sucede, sobre todo, “en zonas urbano-populares”. Se produce la vulneración de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, carta que garantiza el derecho a la vida.

Prendidos fuego, atados a un árbol para que las hormigas distribuyan su veneno en sus cuerpos o golpeados. Distintos son los métodos. 

Uno de los linchamientos que mayor conmoción causó este año fue el del adolescente tsimane quemado vivo en una comunidad indígena de Beni. Sucedió en marzo. Un mes después, las redes sociales reprodujeron las imágenes.

La defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, está convencida de que esta problemática de ningún modo se corresponde con el concepto de justicia comunitaria, pese a que se suelen utilizar ambos términos indiscriminadamente. El linchamiento es, para Cruz, un fenómeno delincuencial que gana terreno en escenarios donde el Estado no consigue estar presente institucionalmente.

Cruz establece la diferenciación y argumenta que si bien es cierto que la justicia indígena originaria campesina está reconocida como parte del sistema de justicia con sus modalidades, “este tipo de hechos no puede considerarse parte”.

Sobre el concepto de justicia comunitaria, Cintia Irrazábal, quien fungió como secretaria académica del Programa de Derechos de las Naciones Originarias, describe a IPS que los líderes de una comunidad, reunidos en asambleas abiertas, toman conocimiento de la infracción. Generalmente se trata de robos de ganado. Entonces, aplican castigos de carácter reparador, lo que supone labores manuales. Solo cuando la situación es extrema, la suerte de sanción máxima “es el destierro del infractor y su seno familiar”. De ningún modo está en juego la vida.

La Defensora invita a la reflexión: “¿cuál es el alcance real del aparato estatal en poblaciones alejadas donde, incluso, adentrarse supone toda una odisea? Cuando sucedió el linchamiento del indígena en el Beni, relata, los obstáculos en la logística fueron desde cómo hallar información para movilizar a personal policial hasta la duda en cuanto a las horas de traslado por río.

ZONAS PERIURBANAS

Aclarando previamente que su intención no es justificar el asesinato, Cruz comprende que es preciso analizar el fenómeno desde el fondo y no desde el prejuicio hacia las comunidades. Además, en los registros que lleva adelante la Defensoría figura que la mayoría de los casos se da en zonas periurbanas.

“Es un tema de desgaste del sistema de justicia, falta de credibilidad en el sistema, cansancio por la inseguridad y la necesidad de que cesen los hechos que lastiman a la comunidad en propiedad e integridad de las mujeres. Es un hecho de justicia por mano propia arbitrario, sí, pero si uno lo entiende en el contexto de cómo está la Justicia en Bolivia, puede llegar a tener un análisis mucho menos prejuicioso”.

Considera que existe un estigma sobre las comunidades campesinas. “Una buena parte de los linchamientos no se da en zonas indígenas, sino en sectores más periurbanos. Los casos se relacionan con afectación a la propiedad privada o a la vida personal. Siempre hay una situación de prejuicio hacia las comunidades campesinas e indígenas por la aparente idea de que no tienen formación. Y no solo ocurre este tipo de hechos allí, sino que lo que contamos casi todos los años son casos en Llalagua, Tarija o El Alto, que son ciudades”. 

Cruz advierte que en 2020 la Defensoría conoció sobre cuatro casos de linchamiento a nivel nacional y que, en lo que va de 2021, se supo de tres.

“Este año llegamos a tres, pero por cómo estamos a mayo, posiblemente se incremente a 10 o 12. Esto, en proyección”.

En mayo de 2020, luego de que se conociera el caso de un muchacho de 27 años que fue enterrado vivo y posteriormente ahorcado en Chalviri,  Sacaba, la Fundación Construir alertó que ese tipo de hechos no solo debilita aún más al Estado de Derecho, sino que “desvirtúan” la noción de la justicia indígena originaria campesina, que se enmarca dentro de los derechos que vela la Constitución. La pena de muerte no se encuentra contemplada en nuestro país. La Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional estipula la prohibición.

La crítica va directo hacia la Justicia penal. “Estos casos u otros, sin importar la gravedad, naturaleza o contexto, son tratados de la misma forma. Entonces, en la misma forma sufren retardación”.

Casos más llamativos en últimos años

El caso que mayor repercusión tuvo este año fue el del adolescente indígena quemado en el pueblo tsimane, en Beni. El muchacho, acusado de asesinar a dos personas en la comunidad, fue rociado con gasolina y posteriormente quemado vivo. Falleció tras padecer una larga agonía ante la mirada de algunos habitantes.

Este mes, también trascendió el caso de un presunto ladrón de autos que fue golpeado y prendido fuego por pobladores de Pocoata, en Potosí. Pereció cuando era trasladado a un hospital.

En 2018, un ciudadano brasileño resultó colgado, después de que pobladores de San Julián concluyeran que presuntamente portaba un arma de fuego e intentó llevar a cabo un asalto. 

En 2017, en Caranavi, La Paz, una mujer acusada de robo fue atada a un árbol de Palo Santo junto con sus dos hijos.

Ella perdió la vida tras ser picada por hormigas venenosas.