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  • Diario Digital | miércoles, 01 de febrero de 2023
  • Actualizado 00:52

Ilegal: chofer de taxi vende vehículo sin la autorización del propietario

El delito de falsedad ideológica se sanciona con privación de libertad de uno a seis años, y el uso de instrumento falsificado se castiga como si fuera autor de la falsedad, según los artículos 199 y 203 del Código Penal. 

Fotografía ilustrativa de un conductor al volante. DICO SOLÍS
Fotografía ilustrativa de un conductor al volante. DICO SOLÍS
Ilegal: chofer de taxi vende vehículo sin la autorización del propietario

Confianza, ni en la camisa. En septiembre de 2019, Vladimir Unzueta dio en arrendamiento su vehículo, con placa 1000-PRS, a Ronald R.D., chofer que prometió pagar cada día 90 bolivianos, pero desapareció con su movilidad, en Cochabamba. Luego, el propietario descubrió que su auto fue vendido e incluso que ya estaba registrado a otro nombre y, todos esos trámites, se realizaron con un poder “falso” puesto que se habrían hecho pasar por él y falsificaron su firma, entre otros actuados irregulares. Por el caso, hay tres personas acusadas, entre ellas un notario.

Unzueta explicó que el 3 de septiembre de 2019 firmó el contrato de arrendamiento con Ronald R.D., con la garantía solidaria mancomunada de Elva S.P. que garantizó con todos sus bienes el cumplimiento de obligaciones de su “garantizado”. Según el propietario, el chofer cumplió con lo pactado los primeros tres meses y luego dejó de hacerlo y se ocultaba “maliciosamente”. Al principio le dijo que debía viajar con su esposa al Trópico por un tema de herencias y que iba a realizar los pagos correspondientes, pero no fue así y luego, cuando comenzó la pandemia, le comunicó telefónicamente que él y toda su familia había enfermado de COVID-19, y exponía distintas situaciones para no devolver el auto, aunque se lo había solicitado. Las restricciones por la pandemia, con cuarentena rígida, evitó que el afectado pueda movilizarse más en procura de recuperar su taxi.

El denunciante ingresó a la página del Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) para consultar las deudas de su movilidad, pero se vio sorprendido al conocer que no adeudaba nada siendo que no había pagado impuestos de unos dos años. Siguió indagando y descubrió que su vehículo figuraba a nombre de otra persona, a quien no conocía, en el Registro de Vehículos de la Dirección Regional del Organismo Operativo de Tránsito de Quillacollo.

Ante esa situación, Unzueta presentó un memorial a Tránsito de Quillacollo para que le entreguen una copia de la escritura pública del cambio de nombre y, con toda la documentación colectada y los papeles originales del auto, formalizó el 8 de enero de 2020 denuncia contra tres personas por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

VENTA CON ‘PAPELES FALSOS’

El 15 de octubre de 2020, se realizó el poder No. 312/2020 en una Notaria de Cliza. El documento hacía parecer que Vladimir Unzueta le otorgó a Khaterine Jhoanna A.A. un poder para la venta de su auto, pero él no la conocía por lo que no autorizó que realice ningún trámite a su nombre y tampoco se presentó ante esa oficina porque su taxi lo entregó en arrendamiento a Ronald R.D. 

“Se tiene una fotocopia del testimonio No. 455/2020 de Escritura Pública de Transferencia de vehículo otorgada por Katherine Jhoanna A.A. en representación de Vladimir Unzueta en mérito al Poder No. 312/2020 a favor de José Antonio G.M.”, según documentos del caso.

La víctima no firmó ningún instructivo de poder, protocolo de poder ni ha colocado su impresión digital en documento o libro de registro de otorgantes de poder en esa notaria. Falsificaron su firma, rúbricas y el poder. Se hizo uso de ese documento “falsificado” para la venta del vehículo mediante Escritura Pública a José Antonio G.M., quien es suegro de Katherine Jhoanna A.A. 

Según Katherine, ella se dirigió, acompañada de un amigo, en octubre de 2020 a la autoventa donde vio un auto tipo taxi color blanco que estaba siendo ofrecido a la venta por Ronald R.D., quien le dijo que podía probar el motorizado sin “compromiso”. Cuando le pidió los papeles, el vendedor le enseñó solo fotocopias y ella decidió consultar con un abogado, quien le dijo que el auto no estaba a nombre del hombre que pretendía comercializar la movilidad y que los documentos no eran los originales.

“Ronald R. nos dijo que el vehículo era de su tío Vladimir y si me animaba a comprarlo, él podía entregarme la siguiente semana los papeles originales y un poder para el cambio de nombre o para poder venderlo. Al principio, nos ofreció el auto en 4.500 dólares, pero a mucha insistencia me rebajó a 4.000 dólares (…). Como revisamos que el auto estaba bien, me animé y él me pidió 350 dólares como seña, pero le di solo 100 bolivianos (…). Para el tema del poder, me pidió mi carnet e inmediatamente fue a sacar fotocopias y me lo devolvió. Me dijo que la siguiente semana nos viéramos en el mismo lugar e intercambiamos número para mantenernos en contacto”, dice parte de su declaración ampliatoria. 

A la semana, se encontraron en el mismo lugar. Según la denunciada, Ronald R. le entregó el RUAT, el poder y otros documentos, y ella le pagó los 4.000 dólares. Katherine dijo, en su declaración del 7 de abril de 2021, que el auto estaba en la casa de su suegro José Antonio G., donde ella también vive con su esposo; sin embargo, el citado refirió el 20 de julio, en una declaración informativa policial, que el vehículo lo vendió en febrero de ese año. 

En noviembre de 2021, el notario declaró ante la Fiscalía que el 15 de octubre de 2020 dos hombres, con barbijos y máscaras de bioseguridad, se apersonaron a su notaria. Dijo que uno de ellos se identificó como Vladimir Unzueta, y en la comparación con el carnet tenía los mismos rasgos físicos. Solicitó la elaboración de un poder de su vehículo para Katherine Jhoanna A.A. y habría presentado los documentos. “Al día siguiente, entregué un borrador al solicitante, quien después de dar su visto bueno le hice firmar e imprimir la impresión digital en el protocolo, y en la autorización del SEGIP y firmó en las fotocopias de las cédulas de identidad del solicitante, entregándole el poder No. 312/2020”.

El denunciante refirió que el poder fue realizado con una fotocopia de cédula reportada como extraviada en julio de 2018. 

Para la Fiscalía, los tres acusados “han falsificado firmas y rúbricas para obtener el poder, han hecho uso de instrumento falsificado y han vendido cosa ajena, sin ser dueños, obteniendo provecho y beneficio económico en perjuicio del denunciante, pues las firmas y rúbricas estampadas en el Protocolo de Poderes y la cédula de identidad son falsas y no le corresponden al señor Vladimir Unzueta”, se lee en la acusación formal. Aguardan el inicio de juicio.