Escena del Crimen

A mediados de este mes, una corte de Alabama, Estados Unidos, sentenció a un adolescente de 14 años a cadena perpetua, sin libertad condicional, reforzando la postura de su sistema judicial respecto a los menores.

El crimen de Mason Sisk ameritaba un abordaje complejo —en septiembre del 2019, asesinó a sus padres y a sus tres hermanos mientras dormían— pero diversas voces cuestionaron que haya sido procesado como adulto, pese a las recomendaciones de la Corte Suprema, que conminan a los jueces en este tipo de casos a considerar “la menor culpabilidad de los menores y su mayor capacidad de cambio”, rescató el portal El Comercio de Perú.

Solo un año antes del hecho, en su informe ‘Niños, niñas y adolescentes en el sistema penal adulto en Estados Unidos’, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que 200 mil menores de 18 años son juzgados como adultos en Estados Unidos al año, debido a leyes en estados específicos.

Esta actitud revelaría “un patrón nacional de falta de protección y promoción de los derechos de los niños, principalmente debido a una ausencia de una definición uniforme del concepto ‘niño’”, indicó la Comisión.

En 1980, resaltó un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se aprobaron varios cambios a legislaciones de varios estados, dejando vigentes leyes que otorgan jurisdicción a los tribunales para adultos para juzgar a personas menores de 18 años, y que permiten que casos de niños sean transferidos al sistema penal para adultos.

“Siendo la tendencia general la negativa de acceso a los sistemas de rehabilitación y justicia juvenil, y consecuentemente, el procesamiento obligatorio de los jóvenes en los sistemas más punitivos de justicia para adultos”, aseveró la comisión.

CRIMEN Y CASTIGO

“He procesado a mucha gente en mi carrera, y puedo decirles que de todas esas personas, solo cuatro de cada cinco me asustan muchísimo y él está en la cima de mi lista” ”, escribió el fiscal de distrito del condado de Limestone, Brian CT Jones, tras la condena de Sisk, contribuyendo a lo que parecía una campaña para ganar el apoyo de la opinión pública a favor de un castigo ejemplar para el joven.

Este concepto es uno de los centrales en la conversación sobre los crímenes de menores. Después de que el 2013, Cristian Fernández, un niño de 12 años fuera arrestado en Florida, por asesinar a su hermano de dos con un golpe a la cabeza, se recolectaron miles firmas en internet pidiendo que se lo dejara en libertad.

Ello en gran parte por las circunstancias del crimen —el pequeño fue sometido a años de maltratos y abuso por parte de su familia— y por su corta edad. Las autoridades no pensaban igual.

"Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los ciudadanos", expresó la Fiscalía en ese entonces; un tenor similar al que acompañó el caso de Sisk.

Chad Wise, el juez del condado de Limestone que lo condenó a pena perpetua, describió su delito como “espantoso, inquietante y envuelto en una maldad absoluta”. El fiscal destacó que condenado a vivir tras las rejas, Sisk nunca más amenazaría “la seguridad y el bienestar de otro niño”.

En el juicio, el adolescente dijo que perpetró los crímenes porque estaba “harto de todas las peleas” en su familia, y que los niños “estaban pasando por muchas cosas”.

Sin embargo, se reveló que había intentado antes hacerle daño a su madrastra, había amenazado a su padre, John Sisk, y mostró problemas “de ira” cuando estaba con sus tres hermanos menores.

Durante el desarrollo del caso de Fernández, Robert Schwartz, cofundador y director ejecutivo del Centro de Ley Juvenil de Filadelfia, recalcó a BBC Mundo que “estudios ligados al campo de la neurociencia han constatado que los menores son menos responsables que los adultos incluso en el caso de crímenes serios", cuestionando la aplicación de las mismas medidas a adultos y niños.

"La toma de decisiones o el control de los impulsos están determinadas por ciertas partes del cerebro todavía en desarrollo en menores y adolescentes", subrayaba la profesora de Derecho de la Universidad de Miami, Tamara Lave.

Tras el fallo de la justicia de Alabama hace unas semanas, la CIDH puso especial atención en que varias leyes, políticas y prácticas aún permiten privar de libertad a menores de edad en establecimientos para adultos, donde son cinco veces más propensos a sufrir abuso sexual o violaciones, en comparación con los que se encuentran en instalaciones juveniles.

LATINOAMÉRICA

En un artículo de la jurista argentina Mary Beloff, los sistemas creados en América Latina, a los que se llama de “responsabilidad penal juvenil” se enfocan en actos descritos como antecedentes de una sanción penal.

Según la experta, el Estado en la región prioriza estrategias de conciliación, remisión, reparación del daño, entre otros, y “en caso de que ello no sea posible, prevé sanciones (…) dentro de las cuales la privación de la libertad es una respuesta alternativa, excepcional, limitada en el tiempo y breve, que se aplica a hechos excepcionalmente graves y violentos”. 

Beloff identifica a la doctrina de la protección integral de derechos como un aspecto central de la aplicación de la ley entre las naciones latinoamericanas, pero recordando que esta idea solo cobra sentido si se prioriza “la construcción de relaciones sociales y condiciones de vida que pongan a los niños y a los jóvenes al margen de la realización de los comportamientos no deseados que provocan sufrimiento real”.