Sin cuerpo y con condena: Nancy desapareció hace 4 años, su esposo ya está tras las rejas, pero sigue sin hablar
El delito de feminicidio en Bolivia se sanciona con una privación de libertad de 30 años, sin posibilidad de indulto, de acuerdo con el artículo 252 bis del Código Penal. Esta es la pena máxima que se aplica en el país.
Han transcurrido 1.475 días desde la última vez que Nancy Villarroel Hidalgo fue vista con vida. Aquel trágico 9 de julio de 2019, ella se encontraba en su hogar en Santa Cruz, sin embargo, no tuvo la oportunidad de salir por sí misma, pues alguien la sacó del lugar, pero ya sin vida. La Justicia llegó a la conclusión de que la mujer, oriunda de Cochabamba, fue asesinada en su propia vivienda. El 17 de octubre de 2022, un tribunal condenó a su esposo, Alejandro Mark Torrico Gonzáles, a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por feminicidio. A pesar de que él buscaba revertir ese fallo, el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre ratificó la condena hace poco más de una semana. Como resultado, el autor fue trasladado el 17 de julio de este año al penal de Palmasola. Para la familia de Nancy, este capítulo legal importante ha llegado a su fin. Sin embargo, no pierden la esperanza de encontrar su cuerpo, darle sepultura y tener un lugar donde llevarle flores en su memoria.
Para Roxana, hermana de Nancy, la única esperanza de descubrir el paradero del cuerpo reside en que Alejandro Mark Torrico Gonzáles (de 52 años) hable y no se lleve el secreto consigo a la tumba, especialmente ahora que no cuenta con ningún otro recurso para librarse de la cárcel. A lo largo de estos años, se realizaron allanamientos y búsquedas con la ayuda de canes especializados, pero el mayor sufrimiento ha recaído en los dos hijos de la pareja, quienes han enfrentado el doloroso proceso.
Después de cuatro años de sufrimiento, finalmente la sentencia ha sido ratificada. La familia Villarroel Hidalgo no podía creerlo, tanto que tuvieron que asegurarse personalmente del traslado del culpable a la cárcel. Por fin, se hizo justicia para Nancy, aunque su cuerpo aún no haya sido encontrado. Esta decisión se convierte en un precedente importante para otros casos similares, en los cuales los autores intentan desaparecer a sus víctimas para ampararse bajo la frase “sin cuerpo, no hay delito”. Ahora, todo ha cambiado porque se establece que “sin cuerpo, hay delito”.
Nancy, una auditora nacida en Cochabamba, desapareció a los 49 años después de vivir en Santa Cruz durante unos 25 años. Aunque los esposos Torrico y Villarroel, padres de dos hijos, llevaban más de 20 años de matrimonio, cuatro años antes del crimen ya habían terminado su relación sentimental de manera verbal. A pesar de esto, continuaron viviendo en el mismo inmueble.
La última vez que la hija de Nancy, Melissa, la vio fue la mañana del martes 9 de julio, día de paro cívico en Santa Cruz. Ese día, Nancy tenía previsto participar en la marcha convocada por la plataforma del 21 F. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas afuera de la casa en el barrio Las Palmas confirmaron que no salió de su hogar desde el 8 de julio.
LAS PRUEBAS
Ese día trágico, los hijos de Nancy recibieron una nota y mensajes por WhatsApp desde el celular de su madre, en los cuales decía que saldría de viaje con sus amigas. Sin embargo, varios días después, al no tener noticias de Nancy, sus amigas comenzaron a buscarla, expresando su preocupación. La mujer no se llevó consigo su pasaporte ni documentos personales, lo cual despertó sospechas en relación a Alejandro Torrico Gonzáles. Además, dudaban que los mensajes hubieran sido escritos por su madre, ya que contenían abreviaturas que no eran características de su forma de escribir.
El 16 de julio de ese mismo año, Alejandro (hijo), acompañado de su padre y su tía Roxana, informó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sobre la desaparición de su madre. Dos días después, el joven denunció a su padre como presunto sospechoso de la desaparición de su progenitora.
La mañana del 19 de julio, Alejandro Torrico G. fue aprehendido y, supuestamente, por recomendación de sus abogados, decidió ejercer su derecho al silencio. Posteriormente, fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, donde permaneció durante aproximadamente 13 meses, acusado de presunta privación de libertad. Durante las investigaciones, su vehículo particular fue confiscado con fines investigativos. Se realizaron pruebas de luminol tanto en el automóvil como en la vivienda de la familia, y se detectaron manchas de sangre.
Los resultados de las pruebas se conocieron en noviembre de 2019. La Fiscalía confirmó que las manchas de sangre encontradas en el auto del acusado y en el inmueble eran compatibles con el tipo sanguíneo de los hijos de Nancy, según el informe de la fiscal a cargo del caso, Consuelo Severiche. Con base en estos elementos, se declaró a Nancy como fallecida.
En ese entonces, el investigador del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) afirmó que el esposo de la víctima estaba cometiendo un “acto de profunda maldad al no revelar el lugar donde dejó los restos del cadáver de la señora Nancy Villarroel”, ya que las evidencias apuntaban hacia él como el autor.
Durante la etapa de investigación, se recopilaron varios elementos y testimonios, y la familia comenzó a armar el “rompecabezas”. El acusado declaró que su esposa había salido de la casa cerca del mediodía del 9 de julio, pero las grabaciones de las cámaras de vigilancia no mostraban su salida. Ella entró a su vivienda la noche del 8 de julio y no salió más, al menos no por sus propios medios. Alejandro y Melissa, sus hijos, salieron a pasear aprovechando el día de paro cívico, mientras sus padres estaban en su hogar, pero al regresar, se dieron cuenta de que su madre ya no estaba y creyeron que había salido del país.
Al día siguiente, Alejandro Torrico G. sorprendió a su hijo al confiarle su tarjeta de débito y enviarlo al supermercado, algo que nunca antes había ocurrido. Además, llamó la atención que el acusado ingresara a su casa en retroceso con su auto, algo poco habitual según los familiares de la víctima, y se retirara unos 16 minutos después. Este vehículo es el mismo en el que encontraron las manchas de sangre, lo que lleva a sospechar que pudo haber aprovechado ese momento para sacar el cadáver de la víctima.
Además, la familia reportó la desaparición de una alfombra, una mantilla y un plástico que solían estar debajo de un escritorio en la casa de la familia Torrico Villarroel. Se cree que el asesino utilizó estos elementos para sacar el cuerpo de Nancy.
La Policía también informó que la georreferenciación ubicaba tanto a la víctima como al presunto autor en los mismos lugares después de la desaparición. Se desplegó personal para buscar a Nancy en zonas del sur y norte de la ciudad. Se realizaron rastrillajes en la laguna Palmira, cerca de una propiedad del acusado, ya que se sospechaba que el cuerpo podría haber sido abandonado allí, dado que fue el último lugar donde su teléfono tuvo conexión. Sin embargo, las autoridades no encontraron ningún rastro de ella. Además, se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en negocios e inmuebles relacionados con el caso.
En relación al proceso, otras tres personas cercanas a Alejandro Torrico Gonzáles fueron investigadas, pero una de ellas falleció por COVID-19. Se descubrió que uno de los implicados había contratado a un técnico para borrar las imágenes de las cámaras de seguridad, y este especialista también fue detenido. Un tercero fue aprehendido por presuntamente ayudar al acusado. Aunque estas personas recibieron penas mínimas, para la familia de la víctima todas las pruebas colectadas durante el proceso fueron contundentes y demostraron que Torrico Gonzáles es el autor del feminicidio.
JUSTICIA
El 17 de octubre de 2022 concluyó el juicio contra Alejandro Torrico Gonzáles, quien fue declarado culpable del feminicidio de Nancy Villarroel Hidalgo y también de violencia económica contra ella. El Tribunal 12vo. de Santa Cruz dictaminó su sentencia, disponiendo una pena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, con destino al penal de Palmasola. El veredicto no fue unánime: Any Milenka Guillén y Lilian Zabala sentenciaron al acusado, mientras Ismael Burgos cree en su inocencia.
En esa oportunidad, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, destacó la presentación de todas las pruebas recolectadas, entre las cuales se incluían declaraciones de familiares, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Nancy ingresando a su hogar, pero sin registrar su salida, así como pericias fundamentales que apoyaron la investigación.
Para la familia, esto representaba un logro significativo, aunque les resultaba difícil de aceptar que el asesino de Nancy aún disfrutara de detención domiciliaria a pesar de haber sido condenado. No obstante, finalmente, el Tribunal Supremo de Sucre ratificó la sentencia el 12 de julio pasado, y el 17 de julio se llevó a cabo la orden de aprehensión, asegurando que el autor cumpliera su condena en prisión.
Roxana, al finalizar una entrevista con OPINIÓN, expresó: “Han sido años de lucha y perseverancia, donde al final del túnel hay luz. Nada nos devolverá a mi hermana, pero la persona que acabó con su vida ya está en una cárcel. La justicia tarda, pero llega”. Roxana animó a otras familias de víctimas de diferentes delitos a no rendirse y a seguir luchando por justicia.